¿Cuál
es el balance del neoliberalismo en América Latina? ¿Triunfó
al imponer su curso de acción a gobiernos de distinto signo? ¿O
fracasó al receptar el generalizado rechazo de la población?
La respuesta depende del aspecto enfatizado en la definición del
neoliberalismo, ya que este modelo no sólo incluye una práctica
económica, un proyecto de acumulación, sino también
una ofensiva social destinada a doblegar a los trabajadores y erigir regímenes
autoritarios.
ALCA,
deuda y fracasos
En
el terreno económico, la doctrina neoliberal continúa prevaleciendo.
Aunque la predilección de las clases dominantes por las privatizaciones,
la apertura y la desregulación ha decrecido, el neoliberalismo orienta
la estrategia del ALCA y del endeudamiento externo.
Las
tratativas para conformar un área de libre comercio apuntan a reforzar
las ventas norteamericanas hacia la región, a cambio de mayores
cuotas del mercado estadounidense para los exportadores latinoamericanos,
pero ante la resistencia del empresariado brasileño (y en menor
medida argentino) a desproteger su industria y extranjerizar los servicios,
la versión inicial del ALCA ha sido modificada.
Actualmente se
discute una variante light del acuerdo que eximiría a los
participantes de compromisos estrictos y plazos perentorios, pero el complemento
de esta nueva alternativa son los acuerdos multilaterales y los convenios
bilaterales (México, Chile, Centroamérica) que mejorarían
las ganancias de las corporaciones a costa de la mayoría popular.
También
en el plano financiero el modelo neoliberal persiste, especialmente a través
de la auditoría que ejerce el FMI. Esta injerencia es más
gravitante que los desembolsos de intereses, porque implica una sistemática
subordinación de la inversión pública y los ingresos
populares a las prioridades de cobro de los acreedores.
Este
sometimiento al FMI ha sido ratificado por los continuadores explícitos
del modelo de los noventa (Lagos, Fox, Toledo) y por los antiguos críticos
de la ortodoxia. Lula es el ejemplo más contundente de esta conversión.
Para “ganar la confianza“ de los banqueros mantiene altas tasas de interés,
restricciones a la emisión y recortes del gasto público que
aseguran las altas ganancias de los financistas. También Kirchner
enmascara con discursos de confrontación el compromiso de asignar
el tres por ciento del superávit fiscal a los acreedores.
No
obstante, esta continuidad de políticas coexiste con el fracaso
económico del neoliberalismo. Las clases dominantes latinoamericanas
no han logrado a través de este modelo expandir sus negocios, reforzar
su base de acumulación o aumentar su presencia en el mercado mundial.
Esta pérdida de posiciones en el escenario internacional se verifica
el estancamiento del PBI per cápita, en la caída de la inversión
extranjera (especialmente en comparación con China y el Sudeste
Asiático) y en el desbordante endeudamiento. Por eso, las fases
de prosperidad cíclica son cada vez más dependientes de la
tasa de interés en los centros o del repunte de los precios de las
materias primas exportadas.
Este
fracaso ha sido paradójicamente potenciado por un logro reaccionario
del neoliberalismo: la generalizada regresión social. Pero esta
involución –que se verifica con el aumento del desempleo, el desplome
del salario mínimo y la explosión de informalidad laboral–
acentuó el estrechamiento de los mercados internos y la consiguiente
contracción de la acumulación. Además, la apertura
y las privatizaciones deterioraron la competitividad regional y el incremento
del endeudamiento externo –que favoreció a ciertos grupos– redujo
severamente la autonomía fiscal y monetaria requeridas para contrarrestar
los ciclos recesivos.
Sublevaciones,
sujetos y conciencias
El
intento neoliberal de doblegar la resistencia popular ha sufrido graves
reveses, como lo prueba el derrocamiento en las calles de varios presidentes
reaccionarios. Estas sublevaciones –que conmovieron a Ecuador (1997), Perú
(2000), Argentina (2001) y Bolivia (2003)– constituyen acontecimientos
mucho más significativos que los repliegues electorales que también
sufrió la derecha (Venezuela, Brasil).
En
Bolivia, una insurrección retomó la tradición de alzamientos
mineros, combinando reclamos sociales (aumento salarial), campesinos (defensa
de los cultivos cocaleros) y antimperialistas (industrialización
del gas). También la rebelión que sacudió a Argentina
constituyó una excepcional irrupción de la población
contra el régimen político (“Que se vayan todos”).
Las
huelgas y ocupaciones de tierras en Brasil no tuvieron este alcance (dadas
las divergentes tradiciones de lucha y al carácter más acotado
de la crisis económica), pero se empalmaron con el papel activo
de los trabajadores estatales en todas las protestas latinoamericanas.
Este sector lidera la resistencia en Perú o en Uruguay y encabeza
la revuelta de Santo Domingo. La huelga general se mantiene como la forma
de acción clásica de la movilización popular y en
cierto casos –como Chile– se insinúa cierta reaparición del
protagonismo obrero. En otros países, la resistencia ha estado signada
por rebeliones campesinas generalizadas (Ecuador), localizadas (Colombia)
o regionales de gran impacto nacional (Chiapas). La lucha social adquiere,
además, connotaciones explosivas cuando está imbricada con
el desarrollo de un conflicto antimperialista (Venezuela).
Esta
variedad de movimientos (gravitación indígena en zonas andinas,
sustento urbano en el sur) incluye un novedoso intercambio de experiencias
de lucha. Los trabajadores informales de Bolivia han asimilado la experiencia
de los mineros y los piqueteros argentinos y recogen el aprendizaje acumulado
por sus dirigentes en el movimiento sindical.
En
estas protestas, se verifica una gran maduración de la conciencia
antiliberal. A diferencia de otras regiones (como Europa Oriental), en
América Latina ya no existen grandes expectativas en las privatizaciones.
Más significativo es el renacimiento de convicciones antimperialistas,
que a diferencia del grueso del mundo árabe no adoptan rasgos fundamentalistas
de hostilidad religiosa o étnica. Por eso, en las movilizaciones
de Latinoamérica se observa la imagen del Che y no de líderes
confesionales. El enemigo señalado son los bancos y corporaciones
yanquis, pero no el pueblo norteamericano.
Los límites
del giro antiliberal
Las
sublevaciones populares han acentuado la drástica disminución
del entusiasmo burgués por el neoliberalismo. Esta declinación
se expresa en el resurgimiento de gobiernos que promueven la “reconstrucción
de un capitalismo regional autónomo”. Este proyecto de los regímenes
de centroizquierda es avalado por las mismas clases dominantes que en los
noventa abjuraban del “estatismo”.
Este
curso confirma que “las burguesías nacionales no han desaparecido”
en la región. Es cierto que la asociación con el capital
foráneo y el retroceso económico disminuyeron su gravitación
y modificaron su estrategia precedente de “industrialización sustitutiva”,
pero las clases capitalistas nacionales subsisten y continúan manejando
los resortes del poder. Quienes suponen que ese grupo se disolvió
por efecto de la trasnacionalización, la absorción imperial
o la carencia de proyectos autónomos olvidan las peculiaridades
de la burguesía nacional. Este sector nunca logra encarrilar la
prosperidad económica ni consigue rivalizar con las grandes corporaciones,
pero no se diluye dentro de un bloque común con el imperialismo
ni renuncia a sus intereses propios frente a los competidores extranjeros.
El
programa de capitalismo autónomo regional no se perfila actualmente
como un proyecto factible. El fracaso del Mercosur es un ejemplo de esta
inviabilidad. Al cabo de un decenio, los integrantes de esa asociación
no lograron forjar una moneda común ni pudieron superar sus divergencias
arancelarias, porque cada clase dominante local negocia unilateralmente
con el FMI cronogramas de ajustes, que impiden unificar las políticas
económicas. La perspectiva del ALCA ejerce además una presión
disolvente sobre un mercado exclusivamente sudamericano.
A
diferencia del pasado, el nuevo programa de capitalismo regulado y autóctono
no se apoya en dictaduras desarrollistas, sino en regímenes constitucionales,
pero el desprestigio de las “democracias autoritarias” se ha generalizado.
Al cabo de dos decenios de tremendas frustraciones populares, las estructuras
semirrepresivas y el clientelismo electoral de estos regímenes han
quedado tan erosionados como la legitimidad política de estos sistemas.
Por
eso, partidos tradicionales se desintegran (Ad y Copei en Venezuela), las
viejas instituciones decaen (PRI mexicano, radicalismo argentino), los
experimentos caudillescos declinan (Menen, Fujimori, Collor) y las alquimias
políticas se tambalean (Toledo)
Postliberalismo
antipopular
Los
nuevos gobiernos latinoamericanos de centroizquierda claman contra el neoliberalismo,
pero preservan su herencia reaccionaria e impulsan modelos que convalidan
las contrarreformas de los noventa. Lula es el caso más significativo
porque recibe elogios de los financistas que aplauden su política
económica ortodoxa y su reforma reaccionaria de las jubilaciones.
El
PT en el gobierno cumple la típica función socialdemócrata
de aplicar el ajuste que la derecha no podría instrumentar y para
brindar “pruebas de responsabilidad” frente a sus mandantes capitalistas
expulsó a los parlamentarios de la izquierda. Lula ensaya la “tercera
vía” en un país subdesarrollado agobiado por la miseria,
instrumentando políticas totalmente alejadas de cualquier proyecto
transformador. Los atributos que sus defensores le asignan (“una política
exterior independiente”, “promoción del Mercorsur”) no difieren
de los orientaciones implantadas por los gobiernos precedentes. Lula no
es un caso aislado; en Ecuador, Gutiérrez abandonó la alianza
inicial con el movimiento campesino e indigenista para aplicar todas las
exigencias del FMI.
Discutir
este balance de los gobiernos centroizquierdistas es vital, porque tampoco
Uruguay podrá emerger de su colapso social manteniendo los acuerdos
con el FMI que avala la dirección del Frente Amplio y en Bolivia
las reivindicaciones sociales no podrán ser satisfechas, si el MAS
llega al gobierno con su política actual de compromisos con el establishment.
Escenarios,
maniobras y disyuntivas
En
comparación con el periodo de auge neoliberal, el margen de acción
del imperialismo norteamericano en la región se ha reducido notablemente.
Para controlar los recursos naturales de la región, Estados Unidos
necesita reforzar su presencia militar, pero el pantano de Iraq le ha creado
un serio límite para esta intervención. El estancamiento
de la guerra en Colombia refuerza, además, estas dificultades porque
Uribe ha ensayado sin éxito una escalada de agresiones bélicas
y fracasó en el referéndum que oraganizó para legitimar
estas acciones.
Estados
Unidos ha perdido también el alineamiento incondicional de muchos
gobiernos, ya que sólo algunos presidentes centroamericanos lo acompañaron
en su aventura de Iraq. Pero el mayor fracaso de Bush se localiza en Cuba,
ya que no ha podido crear una situación inestable en la isla, mediante
el secuestro de embarcaciones o el reforzamiento del embargo. Como un bumerán,
estos atropellos han aumentado la simpatía regional hacia la revolución.
En
Venezuela, el imperialismo sigue conspirando para imponer un referéndum
que expulse a Chávez, pero sus provocaciones reavivan la movilización
popular. El actual proceso nacionalista tiene muchos antecedentes en la
región (Torrijos, Velasco Alvarado), pero lo distintivo es el creciente
nivel de organización por abajo. Existe una polarización
político-social comparable a la Argentina de los años cincuenta
(hostilidad burguesa al régimen, fractura entre la clase media y
los trabajadores), pero con un grado de radicalización en las fuerzas
armadas semejante a la revolución portuguesa de los claveles.
En
este adverso cuadro, Bush intenta que Lula y Kirchner “moderen” a Chávez
de la misma forma que atemperaron a Evo Morales durante la última
crisis boliviana. Pretende que la diplomacia latinoamericana repita el
papel que jugó en los ochenta, cuando debilitó a los sandinistas
acorralados por la agresión de la “contra”.
El
fracaso económico, la declinación política del neoliberalismo
y las sublevaciones populares plantean complejos desafíos para la
izquierda, pero el compromiso con la lucha por las reivindicaciones sociales
es la condición de cualquier construcción política
realmente progresista. Esta acción implica resistir la militarización,
rechazar el ALCA y batallar por el cese del pago de la deuda y por la ruptura
con el FMI. Estas medidas son indispensables para recomponer los ingresos
populares y gestar una genuina integración regional. Si se avanza
por este camino, el posliberalismo se emparentará en América
Latina con el resurgimiento del socialismo.