Hipotecar soberanía o abrir la economía

Eduardo Bonomi

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Primeras escaramuzas entre PIT-CNT y el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez Albérico Lecchini "Hay un tema de oportunidades políticas y hay un tema de contenidos que para nosotros hipotecan la soberanía del país y fundamentalmente, creemos que es poner un pie fuera del Mercosur” Juan Castillo, srio. general de PIT-CNT

La estrategia del nuevo gobierno uruguayo de centroizquierda no convence a la principal organización sindical uruguaya, y existen ya varios puntos donde el desencuentro comienza a ser más que una diferencia de matices. Una movilización y un paro parcial podrían tener lugar en los próximos días, lo cual todavía está por decidirse ya que también hay diferencias en el seno de PIT-CNT. En tanto Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay que visitó Suecia recientemente, defiende la política del gobierno, y piensa que la movilización no es contra la política establecida.

Con el abundante pelo gris cayendo rebelde sobre la frente, y recostado contra la pared del café Röda Rummet, muy cerca del edificio de la LO, central obrera sueca de donde acaba de salir, el ministro Bonomi conversa afablemente sobre los primeros meses del gobierno de la amplia coalición política Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría. Él es un ejemplo de la vuelta de tuerca de la actual historia de Uruguay, ya que pasó trece años en la cárcel durante la dictadura, y con su organización política, el MPP, lograron sumar la mayoría dentro del FA-EP-NM, y finalmente ocupar algunos de los cargos ministeriales más importantes.

Lo que parecía podía haber sido una larga tregua por parte de la organización sindical más importante del país, y a pesar de las medidas anunciadas y que ya comienzan a ponerse en práctica, como los Consejos de Salarios, fijación del salario mínimo y una texto de ley que garantiza las libertades sindicales; además de la regulación de un convenio para los trabajadores rurales lograda por primera vez en la historia del país, en la central obrera hay ruido de cacerolas ante el anuncio de otro ministro, el de economía Danilo Astori, de que el tratado de inversiones con EEUU sigue su marcha como estaba previsto. “Un país como Uruguay no puede sobrevivir sino abre su economía” dijo el ministro Astori, señalando que el presidente Tabaré Vázquez estaba de acuerdo con esa estrategia. Sus palabras levantaron ampollas no sólo en la organziación sindical, sino también en otros grupos de la izquierda, que comienzan a ver que entre la retórica y la realidad siempre hay más distancia que la deseada.

Pero hay otras cosas que le sacan ronchas a la central obrera, por ejemplo la decisión de que el servicio de agua potable, privatizado parcialmente por el anterior gobierno, y anulado por una reforma constitucional, seguirá vigente hasta que se venzan los contratos con las empresas privadas que los administran (menos el de Urugua por incumplimiento); y por la reivindicación de que el salario mínimo mensual sea de 3.000 pesos  (unos 120 dólares mensuales) en lugar de los 2.500 que propuso el gobierno.

El ministro Bonomi es de todas formas optimista con respecto al proceso iniciado en el país, incluso piensa que se superarán a mediano plazo. Además considera que es lógico que haya diferencias, de lo contrario no se necesitaría de ninguna negociación, que es la esencia misma de la pluralidad y el camino para llegar a los acuerdos, donde cada parte obtiene y al mismo tiempo renuncia, a alguna de sus exigencias.

Otro índice de que las cosas están bien encaminadas es el nivel de apoyo actual al gobierno, que llega a un 70 por ciento, según Bonomi, y los resultados de las elecciones municipales, donde se ganaron en ocho de los diecinueve departamentos, enfatiza el ministro de Trabajo y Seguridad Social. En ellas se concentra el 75 por ciento de la población y alrededor del 80 por ciento del PBI del país, según sus cálculos.

El fantasma del desempleo

Según las últimas estadísticas en el primer trimestre del año el índice de desempleo se ubicaba alrededor del 12, 7 por ciento, y se mantiene al parecer estable, aunque en las últimas semanas subió algunas décimas. Cabe recordar que en 2002-2003 el desempleo estaba en casi el 20 por ciento, obligando a muchos uruguayos a una nueva ola emigratoria hacia EEUU, Europa y otros países.

La única forma de lograr revertir la situación, dice Bonomi, es plantearse políticas que alienten la inversión productiva con una redistribución del ingreso que beneficie también a los sectores asalariados. En cuanto al sector informal es el gran desafío para lograr su integración a la economía formal, y no habrá políticas represivas como lo plantearon en su momento algunos sectores empresariales deseosos de eliminar lo que llaman una “competencia desleal”.

El ministro Bonomi opina que la existencia de esos grupos son consecuencias de las graves crisis económicas y las pésimas políticas del gobierno anterior, y ha sido la única vía para que pudieran sobrevivir. Ahora en la nueva coyuntura cree que es necesario integrar a ese grupo en la economía formal para que puedan por un lado, aportar recursos a la sociedad; y por otro,  poder acceder a un sistema de seguridad social básico. Además –agrega- el llamado Plan de Emergencia que se ha puesto en marcha, dará alivio a las familias más necesitadas y marginadas, con la meta de volver a reintegrarlos a una vida más decorosa, confía el ministro Bonomi.

El peso de la deuda

En 1999 –durante la campaña electoral de aquélla ocasión-  el FA-EP consideraba la posibilidad de acceder al gobierno, y la realidad económica del momento era un producto bruto interno de 25 000 millones de dólares y una deuda externa de 12 000 millones dólares, recuerda Eduardo Bonomi. En 2005, al momento de asumir esta vez sí el gobierno, el país tiene un PBI de 12 000 dólares y una deuda que supera esa suma. Unos meses antes estaba en un 110 por ciento del PBI, reduciendose a un 90 por ciento en este momento, constata el ministro Bonomi. La renegociación con el FMI alivió marginalmente la carga que significa pagarla, ya que del superávit primario había que pagar un 4 por ciento, el que fue reducido a un 3,5 por ciento por el actual gobierno.

Esa carga que reduce la inversión y el presupuesto para atender las necesidades de la sociedad ha despertado por supuesto una larga polémica, y ahora más que nunca algunos  sectores de izquierda dentro y fuera del gobierno, exigen que se suspenda el pago de la misma.

El ministro Bonomi reconoce que su organziación también lo exigía cuando estaba en la oposición, pero desde el gobierno la situación es diferente, constata.

La certeza –dice el ministro-  de que existen documentos firmados por los anteriores gobiernos donde los préstamos se otorgan con garantías que establecen que la exportación nacional será embargada en caso de no abonarse el monto de la deuda, deja al gobierno atado de manos. “ Si no pagamos, nos embargan los que exportamos, y el gobierno tiene que asegurar que el país funcione, y la única forma de salir de esa trampa, es que el gasto público sea en el sector productivo que genera ingreso y un PBI más alto”, afirma el ministro Bonomi.

La meta es que en cinco años el monto de la deuda externa sea de un 60 por ciento del PBI, y en un plazo más largo abandonar al FMI, y si hay deuda, que sea con otras instituciones financieras.

Inversiones que dividen

Dentro de la estrategia producción y redistribución, se enmarca el polémico proyecto de las fábricas de celulosa que se instalarán en Río Negro, de las que son responsables la finlandesa Botnia y la española Ence. La inversión sería de 1.000 millones de dólares, la más grande hecha hasta ahora en el país, aunque los críticos ya han sentenciado que sólo llegará una tercera parte a Uruguay. Algunos grupos ecologistas, de interés turístico, pescadores y agricultores, se vienen oponiendo fervientemente al proyecto. Así es como entre los habitantes de Fray Bentos, de poblaciones de la vecina provincia argentina de Entre Ríos y grupos ecologistas, organizaron una marcha en mayo pasado donde según los responsables de la misma, reunieron 40 000 personas que manifestaron contra el proyecto marchando sobre el puente Fray Bentos- Puerto Unzué.

“No eran más que 13 000, y el 90 por ciento eran entrerrianos” nos dice con énfasis el ministro Bonomi, al dar la versión sobre la marcha de protesta. Pero además denuncia la hipocresía del gobernador Jorge Busti, de la vecina provincia argentina, quien pidió al presidente Vazquez que considerara relocalizar las plantas por los efectos de contaminación ambiental, tema que también planteó el presidente Néstor Kirshner al presidente uruguayo. Bonomi afirma que el presidente Vázquez le recordó que en Entre Ríos existen ya cuatro plantas de celulosa, y además que estaba enterado de las subvenciones del gobierno argentino a ese tipo de inversiones.

Sin embargo este periodista ha constatado posteriormente a la entrevista con el ministro Bonomi, que en Entre Ríos no hay plantas de celulosa, la más cercana está ubicada en Capitán Bermúdez, cerca de Rosario, provincia de Santa Fé, a orillas del río Paraná. La razón de ese error no pudo ser constatada, pero el gobernador Busti ha afirmado a la prensa de su país “que estaba preocupado por el nivel de desinformación que existía entre los funcionarios uruguayos sobre la realidad de su provincia”[1]. Después de estas escaramuzas se ha formado una comisión binacional de control medioambiental de la que forma parte el  gobernador Jorge Busti, lo que al parecer habría tranquilizado los ánimos entrerrianos, por lo menos por el momento.

Por otro lado el ministro Eduardo Bonomi destaca que en Uruguay existen fuentes de contaminación legendarias, como la industria del cuero, las textiles, la pesquera, que han dejado y todavía dejan serios problemas a zonas como El Pantanoso, Miguelete o Carrasco, que se encuentran aún en condiciones deplorables. Bonomi está seguro que el gobierno va a exigir a Botnia y a Ence que instalen la mejor tecnología para evitar la contaminación ambiental, sobre eso ya han habido repetidas conversaciones, y la vigilancia y controles serán continuos, asegura. Además no duda que habrá creación de empleo, tanto para la tala del eucaliptus como en la misma planta, calcula que en total unos 4000 nuevos empleos, lo que exigirá además capacitación de la mano de obra nacional.

Adelantó además Bonomi, que el ministro de Medio Ambiente Mariano Arana viajaría a Finlandia en un futuro cercano –viaje confirmado por radio El Espectador- para asegurarse de que la técnica a emplearse será la que menos problemas cause al sistema ecologico de la región. Uruguay estaría en el tercer lugar en calidad de medio ambiente, después de Finlandia y Noruega, según declaraciones del subsecretario de Medio Ambiente,Jaime Igorria.

Con cierta resignación el ministro Eduardo Bonomi reconoce de todas formas que toda actividad humana, y sobre todo si es industrial, acarrea problemas al medio ambiente, pero la cuestión es ser conciente del problema y evitar causar daños que sean irreparables, subraya, recordando otra vez que en estos momentos la prioridad del gobierno del presidente Tabaré Vázquez, es producir y crear empleo para salir de la crisis.