Tal situación es explicada por los analistas como una consecuencia de la política de "seguridad democrática" aplicada por el presidente Uribe y que empieza a lograr la desmovilización de los grupos "paramilitares" o de "autodefensa" y mantiene en jaque militar a las guerrillas, hasta el punto de haber disminuido las estadísticas de secuestros y recobrado el libre tránsito por carreteras antes intransitables en virtud del bloqueo persistente de las FARC o el ELN a tales vías de comunicación. Política que combina con propuestas como la recientemente hecha al ELN de iniciar conversaciones de paz en un país amigo, que lo sería España (¡!) según los comentaristas de radio y prensa, y la de iniciar diálogos para un acuerdo humanitario de liberación de los miles de colombianos secuestrados por la guerrilla.

Resulta curioso que los encuestados manifiesten no querer nada con los políticos de los partidos tradicionales y que rechacen una eventual candidatura de algunos de los expresidentes de la República, dirigentes de tales partidos, y se manifiesten de acuerdo con la reelección del actual mandatario. No obstante que el presidente Uribe ha tenido que transar en el congreso con la clase política para poder sacar adelante algunas de sus propuestas legislativas. Y que son ya varios los "barones electorales" –a quienes Uribe prometió combatir durante su pasada campaña electoral—los que se han montado en el carro uribista, seguros de la victoria anunciada por las encuestas de opinión. Que la salud está en crisis, gran parte de los hospitales públicos están en quiebra y cerrados. Que muchas universidades privadas están al borde del cierre por falta de estudiantes o porque los pocos que tienen no pueden pagar los saldos de matrícula. Que el campo está desolado por la violencia y millares de campesinos se desplazan diariamente hacia los cinturones de miseria de las ciudades. Y no obstante que al presidente se le "van las luces" con frecuencia, con propuestas como la última de comprarle a los campesinos cultivadores de coca la actual cosecha, para acabar con el narco cultivo, propuesta que ha suscitado el rechazo hasta de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) que agrupa a los grandes terratenientes, que la miran como un estímulo para los cultivos ilícitos; no obstante todo eso, repito, el 70% de los colombianos prefiere reelegirlo a seguir en manos de los politiqueros tradicionales –a quienes considera por fuera del poder central-- o dar el salto al vacío con la guerrilla.

Si la Corte Constitucional no declara inexequible la reelección presidencial –lo que parece improbable--, y no obstante las denuncias de los organismos internacionales de derechos humanos por las desapariciones y asesinatos de sindicalistas, periodistas, dirigentes políticos y gremiales, no siempre atribuibles a los organismos del Estado, y varios de ellos a la subversión; y muy a pesar del deterioro del nivel de vida de cada vez más sectores populares y de clase media, Uribe Vélez va a ser elegido presidente de los colombianos por un segundo período, contando con el apoyo del electorado -ue está hastiado de la violencia, a la que el presidente, inteligentemente, señala como la causa del atraso y la pobreza-, y con el apoyo de los "paras" desmovilizados, quienes han anunciado su decisión de vincularse a la política, del mismo modo que lo hicieron en el pasados los antiguos guerrilleros del M-19 y del EPL.

Tal situación política de desplazamiento de la opinión hacia un candidato de derecha -que haría un segundo gobierno más hacia la derecha en virtud del nuevo apoyo social y político representado por los jefes de las AUC reinsertados a la vida civil-, contrasta con los recientes triunfos de la izquierda en otros países de América Latina. Y presenta a Colombia como un país atípico y a su población, que en un 80% vive en la pobreza, y de ella un 20% en la indigencia, como una población que marcha en contravía de sus propias necesidades e intereses.

En parte ello es consecuencia -dicen algunos comentaristas- de la Ley de Justicia y Paz, en virtud de la cual se propicia la desmovilización de las AUC y de las guerrillas; de los llamados Consejos Comunales de Gobierno que el presidente ha venido realizando por todo el país y con los cuales ha acercado el Estado a la población, y de la posición de exigencia de resultados a las Fuerzas Armadas en la guerra contra la insurgencia guerrillera, más los logros que éstas han obtenido, y que hacen ver a los colombianos no alineados que hay autoridad y que la guerrilla no maneja la situación a su antojo ni se burla del ejecutivo, como ocurrió durante el proceso de paz anterior del expresidente Andrés Pastrana. También es consecuencia de que el partido liberal continúa dando "palos de ciego" y escogió en su pasado congreso nacional a César Gaviria -expresidente neoliberal que arruinó a muchos propietarios del campo durante su cuatrienio-, como presidente de la colectividad en lugar de la dirección colegiada que propuso el ala socialdemócrata. A lo anterior se agrega que en Colombia la izquierda democrática, -que no ha representado electoralmente, en su mejor momento, más del 20% de la votación-, por las prevenciones que hay frente a ella por culpa de la guerrilla, no ha podido canalizar en todo el país el descontento contra la corrupción de la clase política y el modelo de desarrollo.

Otra causa -no menos importante- es que los triunfos de los candidatos de izquierda en la alcaldía de Bogotá y en la gobernación del Valle del Cauca, y el discurso "socialista democrático" y de rechazo a la vía armada de los partidos Polo Democrático y Alternativa Democrática, ambos con escaños en el Congreso de la República, han generado en la conciencia de las gentes la idea de que, a pesar de las muertes arriba mencionadas, no se justifica una situación de insurgencia armada -que dicho sea de paso no cuenta con más del 2% del apoyo popular-, existiendo plenas garantías electorales para hacer valer por la vía del voto las aspiraciones de los sectores populares y de izquierda. Y menos si tal insurgencia -en el hipotético caso de triunfar- tendría que instaurar una dictadura militarista para poder vencer la resistencia de los efectivos de las Fuerzas Armadas -tradicionalmente anticomunistas-, de los partidos políticos mayoritarios, de los influyentes gremios económicos y de los casi 20 mil paramilitares desmovilizados, vinculados a la lucha electoral y que retomarían las armas en tal evento.