En Octubre de 1951 llegó a Montería en una de las lanchas que partían desde la bahía de Las Ánimas de Cartagena, luego de un viaje de varios días calurosos por las aguas azules y coralinas del Mar Caribe colombiano y las adversas y turbias del Sinú. Después de descender en la albarrada, Edgar Potes se encaminó hacia la plaza que le habían indicado los camaradas de la Ciudad Heroica y en donde estaba ubicada la zapatería del viejo Lucho León. Desde la puerta alcanzó a divisar, guindados en un alambre junto a varios moldes de calzado, dos o tres ejemplares del quincenario Tierra y supuso que había llegado al sitio exacto. Entró y le presentó al dueño del negocio la carta credencial que le había firmado el apicultor Aureliano Zapata en su oficina del Portal de los Escribanos, una semana antes de partir.

-¿Usted es el corresponsal del periódico?- interpeló al zapatero, señalándole los ejemplares de muestra y extendiéndole su mano con la carta.

El viejo Lucho, veterano de las gestas de Lomagrande con Vicente Adamo, se quedó mirando al hombre de color cetrino, de mediana estatura, magro, fuerte y de facciones aborígenes que se le plantó en la puerta.

-Yo apenas lo vendo- le aseguró, receloso. Una vez se enteró del contenido de la credencial, agregó-: Usted tiene que entrevistarse con el compañero Manuel Charrys, que es el secretario político del Comité de Zona.

Esa misma noche habló Potes con el compañero Charrys. Lo encontró en la casa del jurista Felipe Zabala, a las ocho, en compañía del peluquero Rodolfo de Oro, del carpintero Pedro Sarmiento, del zapatero León, del fotógrafo Hernán Correa, del vendedor de refrescos Hortensio Jiménez, del tipógrafo Arroyo y de otros que más adelante se vendrían a menos y que asistían al círculo de oyentes de Radio Moscú que se reunía en la casa de Felipe con el objeto de conocer lo que ocurría en la Unión Soviética , entonces la patria del socialismo y la sexta parte del mundo. Al mostrarle sus credenciales a Manuel, reparó en los demás contertulios, quienes escuchaban al locutor de acento argentino perifoneando lo que la emisora denominaba "el resumen informativo de la jornada".

-¿Y ese moreno con empaque de boxeador de peso completo, quién es?- le indagó Potes a Charrys, al entregarle el sobre cerrado.

Felipe gesticulaba y se refería a los avances de la economía soviética, comentando una noticia.

-¡Sólo el socialismo puede sacar de la ruina en tan corto período a un país destruido por la guerra!- dijo y repasó con la mirada a sus contertulios, quienes asintieron con sendos movimientos de cabeza.

-Es un amigo del partido, sabe marxismo bastante y nos ayuda como abogado cuando hay necesidad de sacar a alguien de la cárcel o de recuperar la propaganda que nos decomisa la policía- le explicó Charrys a Potes, a prudente distancia del espigado morocho cartagenero.

Diez años después de esa anécdota, el camarada Potes era elegido secretario político del Comité de Zona en reemplazo de Charrys, quien falleció de muerte natural unos meses antes del pleno en el cual se produjo dicha elección, y enfrentaba la que iría a ser la oportunidad histórica de ganar influencia de masas en el campo, necesaria, según su criterio, para poder conformar la alianza obrero-campesina, base y fundamento de la revolución.

Todo comenzó por obra de la casualidad. Edgar y yo esperábamos en la antesala del despacho que el gobernador nos atendiera. Estábamos allí comisionados por la Federación de Trabajadores –que era dirigida por los compañeros Beatriz Lorduy, Edgardo Nieto y Eleazar Mina y de la cual yo era secretario juvenil-, con la misión de ventilar un conflicto surgido entre el sindicato de empleados oficiales y la administración provincial. Al protestar porque un emisario sucio y sudoroso entraba al despacho del gobernador sin hacer turno, y preguntar por su procedencia y razones, nos enteramos que varios jornaleros de la Quebrada de San Pedro, en el municipio de Montelíbano, habían invadido una montaña cercada por el terrateniente y gamonal Rodrigo Serpa, y que el gobernador se disponía a designar una comisión que mediara en el conflicto. Potes, ágil en el avizoramiento de las perspectivas y dada su condición de secretario de asuntos agrarios de la Federación , nos hizo incluir en dicha comisión en representación del sindicalismo, al lado del secretario de gobierno; del cura Restrepo, quien era el asesor del poder seccional en asuntos sociales, y del doctor Nazario Martínez, el ya sabido presidente perpetuo de la Acción Católica.

Cuando llegamos a Montelíbano, cabecera municipal a la que correspondía el caso por jurisdicción, encontramos a los campesinos encarcelados, sentados en el piso y arrumados al fondo de la celda, todos sucios, semidesnudos y con muestras inocultables de cansancio y desvelo. Verificamos que la celda de piso de arcilla apisonada y paredes de boñiga de vaca no fue hecha pensando en la seguridad sino en el martirio: tenía apenas unos doce metros cuadrados de superficie y carecía de sanitario, por lo que los presos debían hacer sus deposiciones fisiológicas en un bajo de monte, al fondo del patio, casi a la orilla del río, y siempre acompañados por un guardián que, en tales deberes, no sólo contaba con un bolillo de guayacán y la cadena de sujeción, sino con un pañolón y una botella de alhucema Patico, para espantar los malos olores.

El delegado del Gobernador informó a los detenidos el motivo de nuestra visita. Los integrantes de la comitiva fuimos acomodados en sendos taburetes, que fueron colocados enfrente de las rejas de madera de la celda. El vigilante de turno le cedió su silla al alcalde, y el juez y el ganadero Serpa se quedaron de pie en el umbral de la puerta de entrada.

Los encarcelados aseveraron con firmeza, apenas llegamos, que la montaña no era del señor Serpa, que era baldía y que el terrateniente pretendía que el Estado le reconociera derechos sobre ella sin trabajarla. El alcalde respondió que él había tenido a la vista un documento del Ministerio de Agricultura basado en la Ley 200 de 1936, que probaba los derechos de don Rodrigo como propietario.

-¡Que lo muestre!- vociferó uno de los campesinos presos, un muchacho pelirrojo y de porte atlético de nombre Gonzalo.

El juez comentó que si el documento existía, el litigio quedaba resuelto en lo que al dominio se refiere.

-Pero no en lo referente a las mejoras- dije yo. Los demás me miraron sorprendidos y el secretario de gobierno me pidió que explicara mis ideas, lo cual hice. "Estos señores han realizado un trabajo de desmonte de cinco hectáreas, han sembrado y han construido ranchos y eso vale dinero. Son mejoras que el dueño debe pagar”, concluí.

Los campesinos presos no comprendieron de entrada mi estrategia, apoyada por Potes, y dijeron a voz en cuello que ellos no aceptaban pago de mejoras porque esos terrenos no eran del ganadero. El secretario de gobierno, en cambio, estuvo de acuerdo con nuestra posición, lo mismo el juez y -¡coincidencia curiosa!- el padre Restrepo y Nazario Martínez. "Es apenas justo -juzgó este último-. De ese modo se concilian los derechos del propietario y el reconocimiento al valor del trabajo, de conformidad con las encíclicas".

El alcalde y el latifundista Serpa no estuvieron de acuerdo porque las mejoras habían sido hechas sin el consentimiento del dueño y ambos insistían en la existencia del documento que acreditaba la propiedad en favor del denunciante.

-Pero en aras de la paz -dijo el pretendido propietario-, yo me transo en pagar las tales mejoras si los invasores desalojan mis dominios y la alcaldía hace el avalúo de las cosechas.

Así las cosas, Potes propuso que se firmara un acta de compromiso consistente en tres puntos: primero, statu quo del proceso de desalojo por dos meses hasta que el presunto propietario presentara su título; segundo, libertad inmediata de los detenidos; y tercero, avalúo de las mejoras por el juzgado y pago del monto del mismo, como condición del desalojo pacífico. El compañero Floro Guerra, máximo dirigente del grupo de invasores, aceptó a regañadientes presionado por el llanto y el aspaviento de las mujeres, las que procuraban verlos libres, pero sólo comprendió la estrategia luego que Edgar y yo los conmináramos en el puerto que había que aprovechar el statu quo y convertir las cien matas de maíz en trescientas y desmontar cinco hectáreas más. Y a partir de esa charla emprendieron la búsqueda de más gente y a trabajar. Al cabo de cuatro meses el señor perito nombrado por el juez visitó los predios de la invasión y constató que los cosecheros tenían cinco hectáreas más sembradas de maíz, plátano, yuca, fríjol, ñame, patilla, papaya y hortalizas, y que habían construido un caserío al cual le dieron por nombre Centro América.

El caserío tenía una vía principal y seis callejones de tierra arcillosa en los que aún florecían el coquito y la verdolaga; sus casas eran de palma y guaduas y a él se llegaba después de caminar un trayecto de dos leguas de selva que se iniciaba en un paraje de la Quebrada de San Pedro, unos kilómetros antes del puerto de Bijao. La quebrada parecía un recodo africano transplantado al San Jorge, por sus ceibas gigantescas cuyas ramas caían sobre las aguas turbulentas, por sus monos, guacamayos y pericos y las playas llenas de garzas y babillas. El valle era una extensa selva con una tierra fértil que ofrendaba, generosa, sus frutos a los hombres que la trabajaran.

El cacique conservador Serpa, al darse cuenta que la estrategia de Potes y mía había tenido éxito, amenazó a los pequeños agricultores con la ley de Bogotá y aseguró que tenía en el Banco trescientos mil pesos y que con ellos contrataría a los mejores juristas del altiplano, ya que los del San Jorge no habían sido capaces de hacerlos salir de sus fundos. El lotero Eleazar Mina, moreno chocoano quien nos acompañó en esa diligencia de peritaje de las mejoras, en representación también de la Federación Sindical , se quedó mirando al demandante con un gesto de sorna y repulsión y le aconsejó: "Con esa plata mejor compre un tractor y lo pone a desmontar las quinientas hectáreas que aún le faltan por robarse".

II