Por la plata baila el mono

En El Nuevo Herald del 6 de julio se publica un artículo enviado desde Bogotá por su corresponsal Gonzalo Guillén bajo el título: "Cazarrecompensas habrían causado masacre de los 11 diputados". Su versión acerca del trágico acontecimiento está resumida en la frase inicial:

"Los 11 diputados colombianos recientemente asesinados en cautiverio cuando permanecían secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murieron, al parecer, en medio de fuego cruzado entre los captores que los cuidaban y cazadores de recompensas que buscan cobrar los 2.5 millones de dólares que el gobierno colombiano ofrece por cada uno de los ocho miembros del Secretariado, máxima jefatura de esa organización, dijeron ayer a El Nuevo Herald fuentes militares y analistas vinculados al ministerio de Defensa".

Más adelante explicita que según le expresó un oficial de la Armada, además de las recompensas por los máximos jefes el gobierno ofrece 800 mil dólares por los líderes de segundo nivel, 100 mil por los de tercero y 70 mil por los de cuarto. El alto precio por esas cabezas ha atraído a mercenarios de EEUU, de Israel y de Europa, confirmaron las mismas fuentes, pero hasta ahora no lograron acercarse a los jefes principales. En Quito y en Caracas fueron capturados dos dirigentes de segundo nivel, conocidos como Simón Trinidad y Rodrigo Granda, y según esta versión las recompensas se pagaron apenas fueron entregados los guerrilleros. En suma, la oferta de pago es una invitación "abierta y legal" para que "nacionales y extranjeros se pongan a buscar a los guerrilleros". No solamente las fuerzas militares están detrás de ellos. Lo que sí está en manos del Ministerio de Defensa es la coordinación de esos operativos de búsqueda.

Mercenarios y paramilitares

A esos efectos el ministerio distribuye a cada interesado una carpeta (baraja en la jerga colombiana) en que consta la foto del guerrillero, el precio que se paga por él y las instrucciones para contactar a las autoridades. El "as de diamantes" es Pedro Antonio Marín, o Manuel Marulanda, o Tirofijo, que cuenta con 21 órdenes de captura por parte de Interpol.

Dice luego el periódico: "Otras hipótesis sobre los diputados muertos indican que pudieron haber sido asesinados (...) por paramilitares que atacaron el inhóspito campamento andino en el que supuestamente permanecían los secuestrados desde hace cinco años". Describe a los grupos paramilitares como "escuadrones de la muerte de extrema derecha, muchos de cuyos frentes de guerra ingresaron a un proceso de paz con el gobierno pero no han entregado a los secuestrados que tienen en su poder pese a estar obligados a hacerlo".

O sea que va cobrando fuerza la versión de la participación de fuerzas mercenarias y de bandas paramilitares en el asesinato, tal como lo habíamos señalado en notas anteriores. El 30 de junio, bajo el título de "Operativo sangriento de Uribe, militares, paramilitares y mercenarios", decíamos que en esa área se habían desarrollado desde varias semanas atrás amplias operaciones conjuntas de militares y de paramilitares (como por otra parte viene sucediendo desde hace años, y está documentado en las declaraciones del máximo jefe de las AUC, Salvatore Mancuso), y que ello había generado numerosos combates y creciente presencia de fuerzas oficiales, con el agregado de que esas tropas recibían apoyo de mercenarios extranjeros. Esos días el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, había admitido la posibilidad de la participación de destacamentos paramilitares. Se llegó a mencionar incluso con nombre propio varias de estas bandas: Los Rastrojos, del capo Wílber Varela, y Nueva Generación, vinculada al conocido como "Macaco", mezclados en operativos de aviones y helicópteros que sobrevolaban la zona y de fuerzas especiales del ejército y la marina. Cabe recordar que el Congreso estadounidense se negó a aprobar el TLC con Colombia hasta tanto no se esclareciera el papel de los paramilitares.

Noguera preso y un antecedente ignorado

Nos enteramos por CNN que ha sido encarcelado nuevamente Jorge Noguera, el ex zar de los servicios de seguridad estatal del DAS, señalado por su estrecha conmixtión con las bandas paramilitares, en particular con su jefe Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", a las cuales les facilitaban información para sus actividades criminales contra las fuerzas de oposición, el movimiento sindical y popular. En ese contexto se recordaron las negociaciones del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC en 1999, para lo cual se procedió al despeje de la zona del Caguán, antecedente ignorado por Alvaro Uribe al negarse a desmilitarizar los municipios de Pradera y Florida para proceder al intercambio humanitario de prisioneros, como lo reclama la mayor parte de la sociedad colombiana.

Publicado en La República, el 10 de julio de 2007