AL PARO SE SUMARON decenas de organizaciones sindicales, sociales, agrarias y
partidos políticos en todas las regiones de este país andino. El gobierno
respondió dando intervención a las fuerzas armadas en la represión.
Criminalización de la protesta
En efecto: el 10 de julio, o sea en vísperas del inicio del paro general
nacional de 48 horas decretado por la CGTP, el gobierno emitió el Decreto
Supremo PCM 060-2007 "autorizando la intervención de las FFAA en apoyo a la
Policía Nacional por 30 días para mantener el orden interno", que se publicó en
el diario oficial El Peruano y entró en vigencia al día siguiente. El presidente
Alan García (que asumió el 28 de julio 2006 y cuya popularidad bajó de 63% en
agosto de ese año a 42% en junio pasado) justificó el decreto represivo diciendo
en un acto oficial en Lima que las movilizaciones son impulsadas por "pequeños
grupos que están perdiendo sus privilegios" y que "hay un poco de ruido en el
techo, ruido de exageración, ruido de revancha, ruido de extremismo, ruido
alentado desde afuera...". Como se ve, no se ha inventado nada.
A esa altura el gobierno estaba enfrentando desde hacía una semana una huelga
general indefinida de los maestros estatales contra la promulgación de la Ley de
la Carrera Pública Magisterial, que los obliga a constantes evaluaciones y
promueve el despido de los trabajadores en caso de que no superen por tercera
vez esos exámenes. Esas acciones confluyeron con otras protestas en la región de
Puno por la contaminación de un río; en Ucayali por el retiro de exoneraciones
tributarias; en Lambayeque donde unos 300 profesores universitarios reclamaron
que sus sueldos se homologaran con el de los magistrados, entre otras.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, advirtió sobre
los alcances que podría alcanzar la represión, al declarar que "guerra avisada
no mata gente". La represión alcanzó grandes proporciones en el acto del 11 de
julio en la Plaza Dos de Mayo de Lima, que vimos por TV, con choques con las
fuerzas represivas, apaleos, gases y corridas. "En casi todos los puntos de la
protesta hubo enfrentamientos entre los efectivos militares y los manifestantes,
lo cual dejó decenas de detenidos y lesionados. De acuerdo con la Defensoría del
Pueblo, fueron detenidos en total 63 maestros", dicen los cables. Entre ellos
los dirigentes del sindicato de la educación (Sutep) Luis Muñoz, secretario
general, Robert Huaynalaya y Nilver López, detenidos en la comisaría de San
Isidro. Hacia allí se dirigió a reclamar su libertad Javier Diez Canseco, ex
congresista y dirigente del Partido Socialista, quien acababa de hablar en la
plaza Dos de Mayo junto a Ollanta Humala, que reapareció en actividad. En esa
circunstancia Diez Canseco sufrió a su vez vejámenes y maltratos en dicha
dependencia policial. Varios de los dirigentes magisteriales fueron luego
trasladados a dependencias policiales.
Fuerzas sindicales, sociales y partidos de izquierda
Tenemos a la vista una muy amplia relación de las movilizaciones desplegadas
a lo largo de estas jornadas en que el pueblo peruano tomó las calles en Tacna,
Junín, Moquegua, Arequipa, Apurímac. Ayacucho, Cajamarca, San Román (Puno), la
histórica región de Cuzco y el frente regional de sindicatos de Ancash, entre
otros, uniendo en todos los casos las aspiraciones generales como las del
magisterio con las reivindicaciones propias de la región. En síntesis se está
reclamando al gobierno un cambio de la política económica. Cifras oficiales
indican que la economía peruana creció en 2006 un 8%, la mayor tasa de la última
década, mientras el nivel de pobreza alcanza a casi la mitad de la población.
Reclaman en ese sentido la rebaja de los combustibles, el aumento general de
sueldos y salarios, la licitación de los tramos I y V de la Carretera
Interoceánica, la derogación de los decretos que disponen la eliminación de las
exoneraciones tributarias en la Amazonia. Un punto de especial confluencia de
todas las fuerzas participantes es el rechazo al TLC con EEUU, que el gobierno
de Alan García impulsa en connivencia con Bush. La CGTP reclama en particular la
aprobación de la Ley del Trabajo, la implementación del impuesto a las
sobreganancias mineras y la libre desafiliación del sistema privado de
pensiones. El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín
Huásar, informó que su gremio aplicó las medidas de lucha en 18 regiones del
país y sigue movilizado.
En el mitin central en Lima, organizado por la CGTP, convergieron además la
Central Unitaria de Trabajadores CUT, la citada CNA, la Confederación Campesina,
la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), el Movimiento Amplio de Mujeres y
un conjunto de partidos políticos: Partido Socialista, Partido Comunista,
Partido Nacionalista, Nueva Izquierda, Avanza País, PC Patria Roja, PS
Revolucionario. En la tribuna se sucedieron el secretario general de la CGTP,
Mario Huamán; representantes de los gremios en conflicto como Luis Muñoz y
Robert Huaynalaya del Sutep; Antolín Huáscar por los gremios agrarios y
campesinos; el parlamentario José Vega, el dirigente político Héctor Béjar, el
ex congresista Javier Diez Canseco y el líder de la oposición y ex candidato
presidencial Ollanta Humala. Este último llamó a la unidad de todos los
trabajadores, a los movimientos sociales y partidos políticos, planteó la
conformación de una Asamblea Nacional Popular para dotar de continuidad a las
luchas populares y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para cambiar la
Constitución fujimorista. Se pronunció asimismo contra el TLC y por la revisión
de los contratos con las compañías mineras.
Por un cambio de rumbo
En síntesis, estas jornadas con participación multitudinaria significan un
punto de quiebre en el gobierno de Alan García y están reclamando un cambio de
rumbo en su orientación política y económica.
Publicado en La República, el 15 de julio de 2007