Niko Schvarz

6 de septiembre de 2009

Dice Uribe: El acuerdo con EEUU debe proyectarse a América Latina en su conjunto Las bases yankis en Colombia amenazan a toda la región Niko Schvarz

A marchas forzadas se cerró el acuerdo entre EEUU y Colombia sobre bases militares a disposición de la potencia imperial en el país andino, el cual según Uribe debe proyectarse a toda América Latina, mientras los gobiernos sudamericanos expresan su rechazo y debatirán el tema con Uribe en la reunión de Unasur el día 28 en Bariloche.

El presidente de Colombia pretende presentar un hecho consumado ante los gobiernos latinoamericanos, que han alzado su voz de condena ante estos planes que implican una ola de militarización en el continente.

Con esa intención desarrolló una verdadera blitzkrieg: una misión del gobierno negoció el tema con congresistas en Washington y una delegación de legisladores colombianos se reunió con jefes militares yankis en la gran base aérea de Palanquero (en Cundinamarca, en el centro del país), que es la mayor, con una pista de tres mil metros, hangares para un centenar de aviones e instalaciones para dos mil hombres. El Comando Sur ha destacado su interés por esa base y su deseo de convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) para dotar de un mayor alcance a sus operativos, abarcando todo el continente. En el proyecto de presupuesto ya elevado al Congreso hay previstos 46 millones de dólares para acondicionar y modernizar dicha base. Las demás bases aéreas son las de Apiay, en el centro, y la Malambo, en el departamento de Atlántico, en el norte. Las bases navales son las de Cartagena, sobre el Caribe, y la de Bahía de Málaga, sobre el Pacífico. Las del ejército son el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base de Larandia en el Caquetá, en el sur. Ya ahora hay 1.400 efectivos militares estadounidenses, mercenarios incluidos, que han estado interviniendo en el conflicto interno en Colombia, y cuyo número se acrecentaría con el derecho de EEUU de disponer a piacere la utilización de estas bases, dotados todos de impunidad. Recuérdese a los tres militares miembros de la CIA que fueron capturados en acción y liberados junto a Ingrid Betancourt.

El cierre de la negociación con EEUU para permitirle utilizar las siete bases fue informado el viernes 14 en un escueto comunicado de la cancillería colombiana que alude (obviamente) a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La oposición colombiana ha reclamado que el acuerdo sea debatido en el Congreso, ya que la Constitución establece que el paso de efectivos militares extranjeros en el país debe ser autorizado por el Legislativo, y no contempla la permanencia de dichos efectivos en el territorio. Pero Uribe se lo salteó a la torera y apareció de inmediato en la pantalla, no sólo para justificar el acuerdo sino para decir que el mismo favorece también "a sus amigos y hermanos" (aludiendo con palabras contemporizadoras a los gobiernos de Venezuela, que consideró el acuerdo como una virtual declaración de guerra, y de Ecuador, que tiene rotas las relaciones con Colombia por la invasión de su territorio el 1º de marzo de 2008). En palabras de Uribe, ese acuerdo debe extenderse a toda América Latina. Un detalle: en la reunión en la base de Palanquero fue autorizada la presencia de la prensa, pero al corresponsal de Telesur le cerraron la puerta en las narices, sin explicación.

Quien se encargó de justificar el acuerdo fue el general James Cartwright, vicejefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, al cual hizo coro el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley. Antes había asumido esa tarea el comandante del Comando Sur del ejército de EEUU, general Douglas Fraser, junto con el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla, en el curso de una reunión de jefes militares americanos efectuada unas semanas atrás en Cartagena.

Por cierto que esto no convenció a ninguno de los gobiernos de la región (quizá con la única excepción de Perú). Estos desde la primera hora denunciaron los objetivos militaristas y agresivos del acuerdo, que envenenan toda la región y obligan a algunos países a tomar medidas en defensa de su soberanía e integridad territorial. La invasión a Ecuador está presente en los espíritus, y las palabras melifluas de Uribe no engañan a nadie. De inmediato el canciller Nicolás Maduro, reiterando el sentir del gobierno bolivariano, declaró que el acuerdo constituye "una amenaza directa a la estabilidad y la paz en la región, una amenaza para nuestro pueblo pero también para las grandes riquezas naturales de Suramérica", aludiendo a la Amazonia y a la faja petrolífera del Orinoco. En el mismo sentido se habían pronunciado los presidentes Lula y Michelle Bachelet, y lo reiteró ahora el canciller Celso Amorim, especificando que su país profundizará el cuestionamiento al respecto. Similar fue la postura de Rafael Correa. Se recordará que el tema habría de promoverse en la Cumbre de Unasur del 10 de agosto en Quito, coincidente con la asunción del mandatario ecuatoriano, pero Uribe faltó a la cita. Ahora no podrá seguir esquivando su responsabilidad y deberá discutir en la reunión de Unasur convocada para el 28 de agosto en Bariloche, República Argentina.

El tema tiene dos derivaciones, por lo menos. El pretexto esgrimido ­la lucha contra el narcotráfico­ se da de patadas con el hecho de que cuatro instructores y soldados estadounidenses especializados en la lucha antinarcóticos acaban de ser capturados in fraganti con 10 kilos de clorhidrato de cocaína en su poder, que se disponían a llevar a su país. Un estudio alude a "la conexión existente entre grupos paramilitares, militares colombianos y asesores militares norteamericanos en la comisión de todo tipo de delitos: el tráfico de cocaína en forma de clorhidrato es el más lucrativo".

A todo esto, Uribe quiere aprovechar la bolada para impulsar su re-reelección, que sus legisladores adictos (me refiero a los que no están presos por la narcoparapolítica) están impulsando contra viento y marea en el Congreso colombiano, a la vez que mueve a sus lobbistas para desempantanar el TLC en el Congreso de EEUU, a pesar de la resistencia de los demócratas.

Dos cifras