Niko Schvarz

9 de septiembre de 2009

Colombia El gran deschave Niko Schvarz

TELESUR le hizo un reportaje sensacional a Rafael García, ex jefe de Informática del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), máximo organismo de seguridad de Colombia y adscrito directamente a la presidencia de la República. Sus conclusiones merecen difundirse, y sería bueno que otros medios se animaran a reproducir esta entrevista.

Rafael García era el brazo derecho de Jorge Noguera, jefe del DAS desde que Uribe asumió su primera presidencia en agosto 2002. (Después marchó preso cuando se descubrió su actividad delictiva, a pesar de la protección de Uribe, pero su política en la cúpula del sistema de inteligencia se mantuvo). Rafael García trabajó años en el organismo. Conoce las entrañas del monstruo. También estuvo preso y reconoció ampliamente su actuación. Posteriormente entregó una declaración a las autoridades de EEUU en la que señala que utilizando el DAS, Noguera y él hicieron envíos de cocaína a EEUU y otros países. TELESUR debió esperar unos meses, por razones de seguridad, para hacerle esta entrevista, que arroja cruda luz sobre la política del gobierno colombiano en la tensa situación actual.

En sus declaraciones surge con lujo de detalles la estrecha conmixtión entre el gobierno de Uribe, el DAS, las bandas criminales de los paramilitares, las redes del narcotráfico y lavado de dólares, y el propio ejército. La infiltración de los paramilitares se extendía también a la Fiscalía y al departamento de Medicina Legal (fundamental para la investigación de los crímenes). En consonancia con sus objetivos de afianzar el poder del gobierno y de embolsarse las ganancias cuantiosas del narcotráfico, esta santa alianza ejecutaba la represión contra las fuerzas populares y de oposición, como el Polo Democrático, el espionaje (“chuzadas”) a los miembros de la Suprema Corte, los magistrados, los legisladores y dirigentes de todas las vertientes opositoras (“a Piedad Córdoba le conocíamos hasta los ronquidos”, dice Rafael García) y del movimiento sindical y popular. En su extenso relato desfilan los nombres de muchos participantes de este entramado siniestro: “Jorge 40” y “Don Berna” (que estuvo preso con él y compartió largas confidencias), el jefe del Estado Mayor general Rito Alejo del Río, el senador Álvaro Araújo y la ministra María Consuelo Araújo, artífices de la “narcoparapolítica” y un largo etcétera. No se olvide que muchos de los gestores de este sistema de corrupción política al máximo grado están entre rejas. Allí se describen también las diversas rutas del narcotráfico (por ejemplo, de Cartagena a Panamá, y de ahí a la Florida), para llegar a la Meca estadounidense, el emporio del consumo de drogas.

Todo esto se hacía con pleno conocimiento y aquiescencia de Uribe. También en este aspecto las afirmaciones del entrevistado son categóricas. “El Presidente Álvaro Uribe conocía las reuniones con los paramilitares y sus exigencias a nivel regional”, dice en una parte. Lo último se refiere a que los paramilitares designaban de hecho a los alcaldes en las regiones que estaban bajo su influencia directa. Y en otro lugar: “El Presidente Uribe conocía y apoyaba la existencia de esta red ilegal y las actividades delictivas a que nos dedicábamos, en beneficio de los paramilitares, quienes hacíamos parte de ella”. Refiere también que él estuvo, junto con Jorge Noguera, en una entrevista con el presidente en el Palacio Nariño, y que éste “nos confirmó la orden de que entregáramos la información a las Autodefensas (Unidas de Colombia, AUC)”.

Una publicación colombiana expresa: “Con la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo el presidente Uribe y EEUU firmaron un acuerdo para proveer de personal militar estadounidense a 7 bases militares colombianas con materiales de alta tecnología. Ahora, con las confesiones de Rafael García que muestran la implicación del gobierno colombiano, en cabeza del presidente, y sus vínculos con la organización terrorista AUC y el comercio de drogas con EEUU, ¿se mantendrá ese tratado?”.

Este amasijo se vincula a otro hecho de candente actualidad. El gobierno colombiano acaba de detener a un correo que iba a entregar a la senadora Piedad Córdoba las pruebas de vida proporcionadas por las FARC de un grupo de retenidos desde hace años por la guerrilla. El emisario fue interceptado y secuestrado por fuerzas armadas cerca de Bogotá, lo sometieron a interrogatorio toda la noche sin permitir su acceso a un abogado y le sustrajeron los videos. Los familiares de los retenidos reaccionaron con indignación ante esta actitud (que es reiterada) del gobierno, diciendo que pone toda clase de obstáculos a la liberación de sus seres queridos y al intercambio humanitario.

Rafael García se refiere también a la gestación de la agresión contra Venezuela, como veremos.

Publicado en La República el 9 de setiembre de 2009