Niko Schvarz

20 de septiembre de 2009

Manta. EEUU salió de la base militar en Ecuador Toda Sudamérica contra las bases yankis en Colombia Niko Schvarz

En la reunión de ministros de UNASUR del martes 15 en Quito todos los países sudamericanos se plantaron firmes contra la actitud de Colombia de entregar el uso de 7 bases en su territorio a tropas de EEUU y de mantener en secreto los acuerdos militares con ese país.

Tres días después los últimos soldados norteamericanos presentes en la base militar de Manta, en el Pacífico ecuatoriano, entregaron de manera definitiva las instalaciones que ocuparon durante casi 10 años y se mandaron mudar para no volver.

En la reunión mencionada (que siguió a las efectuadas en la capital ecuatoriana el 10 de agosto en ocasión de la asunción de Rafael Correa y en Bariloche, Argentina, el 28 del mismo mes) Colombia se negó a dar garantías formales de que las actividades que desarrollarían las tropas estadounidenses en las 7 bases enclavadas en su país no se trasladarían fuera de sus límites territoriales. Esa negativa impidió que se firmara el documento consensuado por los otros 11 países sudamericanos. Colombia dijo que no lo podía suscribir porque no tenía autorización de EEUU. El canciller Jorge Bermúdez alegó que no podía comprometerse a informar de todos los movimientos militares que se realizaran desde su territorio porque ello comprometería la confidencialidad de las tropas norteamericanas. Ya en Bariloche fue imposible lograr que el presidente Uribe mostrara el documento suscrito con EEUU, a pesar del pedido de todos los países y de que el presidente Chávez leyera fragmentos de un documento (Libro Blanco) del Comando Aéreo de EEUU, que prevé operaciones en un amplio radio de acción continental a partir de las bases en Colombia. En uno y otro caso, Colombia quedó aislada frente a toda América del Sur.

La senadora del Polo Democrático Alternativo colombiano Gloria Inés Ramírez planteó que los acuerdos con EEUU deben pasar por el Congreso, instancia que Uribe se saltea a la torera. Criticó “la posición entreguista de Uribe Vélez ante el imperio norteamericano”, recordando que fue el único gobernante sudamericano que apoyó la invasión de EEUU a Irak y acaba de anunciar el envío de tropas a Afganistán, también invadido por EEUU. Agregó que “continúa con el Plan Colombia, que es una ley norteamericana (concretamente, la Nº 106246, sancionada por Clinton el 13 de julio 2000) y recurre a los peores actos de sometimiento con tal de que le aprueben el TLC y le den el visto bueno a sus aspiraciones re-reeleccionistas. El último eslabón de esta cadena es la autorización para que las bases colombianas sean utilizadas por tropas norteamericanas, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Pero la proyección de este tema es incluso mayor que lo anunciado, como se verá.

El asunto se planteó desde que el gobierno de Rafael Correa anunció que las tropas yankis deberían salir de Manta sin vuelta de hoja. EEUU pensó sustituirla con bases en Colombia. El ministro de Defensa Juan Manuel Santos lo desmintió, pero poco después su sustituto interino, el general Freddy Padilla de León, anunció que el gobierno colombiano estaba negociando con EEUU la utilización de las bases de Palanquero, Apiay y Malambo para la operación de equipos y la permanencia de 800 militares y 600 contratistas norteamericanos por 10 años, a lo cual el embajador USA William Brownfield pidió que se incluyera la base naval de Málaga, y al final quedó claro que las bases serían siete: las bases aéreas de Palanquero, Malambo y Apiay; las bases del ejército de Tolemaida y Larandia y las bases navales de Cartagena y Málaga. Pero aquí no termina la nómina, ya que hay que agregarles otras 5 bases: Tres Esquinas, Cali, Tumaco, Guajira y Arauco, “en las que de tiempo atrás hay personal norteamericano, inglés e israelí, de manera que el país entero se convertirá en una plataforma militar norteamericana”, concluyó la senadora del PDA. Con una particularidad: la base de Palanquero, por sus dimensiones y capacidad de movilización para un despliegue masivo y rápido de fuerzas estadounidenses “representa un cambio en la relación Washington-América del Sur”. Éste es el tema que sigue a discusión en el ámbito sudamericano, y que trae a la rastra el problema candente del armamentismo.

La secretaria de Estado Hillary Clinton expresó recientemente su preocupación por las adquisiciones de armamento por parte de Venezuela. Pero se cuidó de mencionar siquiera las bases militares de su país en Colombia. Por su parte, Venezuela declaró abiertamente que ha adquirido armamento en Rusia y otros países, que no tiene inconveniente en dar a luz todos los acuerdos firmados, que lo ha hecho para dotarse de mecanismos adecuados de defensa (y nunca para agredir) porque se siente amenazado en su territorio y en zonas estratégicas por tropas de EEUU a proximidad de sus fronteras. Sus delegados en Quito, el canciller Nicolás Maduro y el vicepresidente Ramón Carrizales, enfatizaron que Colombia se negó, ante todos los países de Sudamérica unidos, a entregar garantías de que no se realizarán operaciones extraterritoriales. Su delegado en la OEA, Roy Chaderton, retrucó que las acusaciones de la señora Clinton provienen del único país que arrojó bombas atómicas para aniquilar seres humanos. Brasil insistió en todas las reuniones (por intermedio del presidente Lula en Bariloche y del canciller Celso Amorim en Quito) en exigir garantías escritas de que desde Colombia no se ejecutarán maniobras militares contra países del continente. Sus adquisiciones de armamentos, en particular a Francia, comprenden también la transferencia de tecnología, incluso en el dominio de la energía nuclear, para permitir la fabricación de armamentos en el país y contribuir a la autosuficiencia de la región en esta materia, obviando toda dependencia externa, tal como se acordó en el Consejo Sudamericano de Defensa, anexo a la UNASUR.

Las dos caras