| LA
JORNADA de México - 26 de Junio de 2002
La triple
crisis de EEUU
James
Petras
El concepto
de crisis ha sido utilizado en exceso por los analistas de izquierda, sobre
todo en relación con la economía capitalista. Efecto de ello
es que cuando ocurre una crisis de verdad no se le toma en serio. El sistema
político y económico estadunidense atraviesa por una crisis
seria, una triple crisis que afecta a sus principales corporaciones trasnacionales
y, por lo tanto, a la economía; una crisis política que afecta
al Estado en su relación con la seguridad interna y con la beligerancia
externa, y una crisis del sistema político, que no sólo no
representa al electorado, sino que tampoco responde a las crisis política
y económica.
La crisis económica, a la
que la prensa financiera define como "crisis de la dirección corporativa",
se refiere a fraudes multimillonarios cometidos por muchas de las mayores
compañías de energía, petróleo y comunicación,
bancos de inversión, firmas de contabilidad y megaconglomerados
en Estados Unidos y otras partes del mundo. Los nombres son familiares:
Credit Suisse, First Boston, Enron, El Paso Oil, Merrill Lynch, Xerox,
Adelpha, Tyco, Worldcom, Dynergy, Southeby y docenas de otras empresas
e instituciones bancarias. El número de pensionados, empleados e
inversionistas que han perdido sus ahorros llega a decenas de millones.
El director ejecutivo de Goldman
Sachs, Henry Paulson, líder financiero en Wall Street, declaró
que las corporaciones estadunidenses están "en una posición
de mala fama que nunca había visto en mi vida". Según el
Financial Times y el Wall Street Journal, el problema radica en la "ambición
corporativa" y la "pérdida de confianza de los inversionistas".
El problema en realidad no es sólo
la ambición individual, sino la desregulación total de los
sectores empresariales y financieros, y la naturaleza especulativa de la
economía del país. Es un mal del sistema: la concentración
del poder económico y el control que las corporaciones ejercen sobre
el sistema político significa que los altos ejecutivos de los consorcios
diseñan la legislación y escriben las reglas que les dan
mano libre para cometer fraudes en gran escala y obtener enormes ganancias
a corto plazo antes que sus empresas se derrumben. El caso de Enron y El
Paso Oil, y su papel dominante en el trazo de la política energética
de Bush y Cheney es emblemático de esa relación simbiótica,
en la misma forma en que los vínculos de Clinton con Wall Street
condujeron a la desregulación de los sectores financieros y bancarios.
Las consecuencias sistémicas
de estos fraudes en gran escala que contaminan todo lo que está
a su alcance han sido la pérdida de legitimidad de los grandes bancos
de inversión y una disminución masiva de la inversión
extranjera en Estados Unidos. De enero a febrero de 2001 fluyeron al país
78 mil millones de dólares; en esos mismos dos meses de 2002 sólo
se invirtieron 14 mil millones en acciones y bonos estadunidenses. Esta
retracción de los flujos de capital foráneo ha debilitado
sustancialmente al dólar y amenaza con llevar a niveles alarmantes
los déficit de las cuentas externas estadunidenses, lo que obligaría
a reducir las importaciones y el nivel de vida. La pronunciada caída
en la inversión extranjera se debe a que los capitalistas ya no
confían en los informes de utilidades de las grandes corporaciones
financieras, en particular los que emiten los auditores locales y los directivos
de las empresas. El resultado es que el mercado de valores ha declinado,
y las pérdidas en acciones persisten en 2002 por tercer año
consecutivo, las quiebras de consorcios importantes aumentan y las utilidades
decaen: una verdadera crisis económica.
La crisis política tiene sus
raíces en el contexto político de los acontecimientos que
antecedieron al 9/11 y los que vinieron enseguida. La revelación
de que Washington tuvo conocimiento previo de un complot terrorista para
secuestrar aviones en el país -incluso advertencias de ataques a
edificios públicos y privados- ha planteado interrogantes fundamentales.
La versión oficial del gobierno de Bush, el Departamento de Estado,
la CIA/FBI y los demócratas en el Congreso es que hubo una "falla
de inteligencia": burócratas individuales no actuaron, la burocracia
no fue "eficiente" y "faltaba personal calificado". Para intelectuales
críticos, periodistas y expertos en inteligencia, las explicaciones
oficiales no aclaran varias discrepancias importantes. En primer lugar,
Condoleezza Rice, la consejera de Seguridad Nacional, declaró en
público que durante el verano de 2001 el gobierno creía que
"Al Qaeda podría secuestrar un avión y utilizarlo para exigir
la liberación de prisioneros. No creo que nadie hubiera podido predecir
que esta gente se apoderaría de un avión y lo estrellaría
en el World Trade Center" (Financial Times, 5/18-19, 2002, pág.
6). Rice reconoció que "sólo esperábamos un aerosecuestro
tradicional". El gobierno hizo caso omiso de advertencias de Francia, Egipto,
Israel e Inglaterra de que un atentado terrorista era inminente; pasó
por alto avisos de agentes de la FBI en Arizona y Minnesota sobre posibles
secuestros de aviones por terroristas que habían recibido cursos
de piloto comercial, así como un informe de la CIA al presidente
Bush, fechado el 6 de agosto de 2001, en el que se indicaba que Al Qaeda
planeaba un aerosecuestro.
La mayoría de los observadores
creen que si, según Condoleezza Rice, hubo tantas advertencias a
altos funcionarios, provenientes de tantas fuentes responsables, hay otra
explicación: que el régimen de Bush/Cheney/Rumsfeld estaba
preparado para permitir que ocurriera un aerosecuestro "tradicional", para
explotarlo para sus intereses políticos tanto internos como externos.
Jamás sospecharon que los terroristas atacarían las Torres
Gemelas y el Pentágono.
Otros indicios hacen aumentar las
sospechas de que altos funcionarios del gobierno de Bush contribuyeron
a facilitar los aerosecuestros: los líderes terroristas contaban
con visas de entrada múltiple, que no son fáciles de obtener
por turistas ordinarios. Los terroristas funcionaban a campo abierto, inscribiéndose
en escuelas de vuelo e incluso solicitando préstamos del Departamento
de Agricultura para comprar aeroplanos para "fumigar campos de cultivo".
Muchos recibieron visas de Arabia Saudita, país que, según
declaraciones recientes de un ex funcionario del consulado estadunidense,
emitió muchas visas bajo presiones de la CIA, probablemente para
combatientes reclutados con financiamiento de Washington para las guerras
islamistas en Bosnia, Kosovo, Chechenia y Asia Central. Hay una buena probabilidad
de que al menos algunos de esos terroristas fueran "agentes dobles", lo
que podría explicar las "fallas de inteligencia" y la renuencia
a admitir que hubo conocimiento previo de lo que ocurriría el 11
de septiembre.
Hay gran cantidad de estudios históricos
en Estados Unidos que demuestran que Washington "fabrica crímenes"
para justificar guerras. Los ejemplos van desde el "bombardeo del Maine"
como preludio a la guerra con España por Cuba hasta el conocimiento
previo que Roosevelt tenía de Pearl Harbor, o el infamante "incidente
Tonkin" de Johnson durante la guerra de Vietnam, o la invención
de una destrucción de incubadoras con recién nacidos en Kuwait
por parte de los iraquíes, en tiempos de Bush padre. En cada uno
de estos casos el presidente en turno declaró que hubo un "ataque
no provocado" y movilizó al público a una guerra de colonización
y conquista en gran escala. En el caso de la guerra en Afganistán,
es del conocimiento público que el 10 de septiembre de 2001 el gobierno
de Bush tenía preparado un plan de ataque al talibán y Al
Qaeda, el cual procedió a ejecutar después del 11.
La fabricación y uso de provocaciones
ha sido una larga e innoble práctica histórica en las expansiones
estadunidenses, europeas y japonesas, como los mexicanos pueden atestiguar
dolorosamente con las frecuentes invasiones y anexiones justificadas con
el argumento del combate a "bandidos terroristas".
La guerra ha sido insrumento esencial
de la construcción imperialista de los cuatro presidentes anteriores
de Estados Unidos. Las guerras exitosas de Ronald Reagan en Granada y Panamá
contribuyeron a su popularidad, debilitaron el "síndrome de Vietnam"
y permitieron a su régimen derogar leyes progresistas en materia
social. Esta pauta fue reproducida y extendida por Bush padre en la guerra
contra Irak, en la que la victoria militar condujo a la proclamación
del "nuevo orden mundial" basado en la supremacía de Washington.
La guerra de Clinton contra Yugoslavia y la continuación del bombardeo
sobre Irak vinieron acompañadas de la desregulación total
de la economía, la liquidación de los restos del programa
de bienestar social y la burbuja especulativa en los campos de la tecnología
informática, la biotecnología y la fibra óptica. Bush
hijo, como presidente minoritario, llegado al poder mediante el fraude
electoral en Florida, se sirvió de la guerra en Afganistán
para incrementar su respaldo público, aumentar enormemente los presupuestos
y el poderío del Ejército y de la policía secreta,
subsidiar a las grandes corporaciones y expandir el imperio político
y militar estadunidense en Asia, América Latina y la ex Unión
Soviética.
El acto terrorista inicial, y el
encubrimiento de la participación del gobierno han contribuido a
una seria restricción de las libertades democráticas y a
la amenaza constante de nuevos atentados terroristas para incrementar la
intervención de la policía del Estado en todos los aspectos
de la sociedad civil.
Tanto el reconocimiento de "errores"
por parte del gobierno como las críticas de los legisladores por
la "incompetencia" han prestado un buen servicio al aparato policiaco-militar:
la "defensa de la patria", mediante el crecimiento presupuestario y de
personal, recibió 37 mil millones de dólares adicionales
a los 29 mil millones originales. El recién creado Departamento
de Seguridad Nacional contará con 170 mil empleados, entre agentes
y mandos.
Mientras el gasto en la policía
y la milicia se eleva hasta el cielo, se hace a un lado a los inversionistas
privados, crecen los déficit presupuestales y los capitalistas extranjeros
se vuelven hacia sitios más lucrativos, todo lo cual desestabiliza
la economía del país. Mientras el imperio se expande, el
sistema político y económico interno se debilita y el dólar
se hunde.
No hay mecanismos correctivos a la
vista. En épocas pasadas, cuando ocurrían escándalos
empresariales y financieros en gran escala, se llevaban a cabo reformas
importantes. Hoy no existe una oposición legislativa ni un movimiento
popular importante que exija reformas. En palabras del Financial Times,
la política "sigue su curso". La razón de la falta de un
movimiento en pro de una reforma empresarial es que los mismos bancos y
corporaciones corruptos, como Enron, Merril Lynch y demás, hacen
aportaciones financieras a ambos partidos políticos.
El encubrimiento que hace Washington
de sus acciones conducentes al 11 de septiembre se relaciona con el de
los ataques con ántrax. Periodistas y microbiólogos de prestigio
han identificado el laboratorio de investigación militar en Fort
Detrick, Maryland, como la fuente de la que provino el bacilo, e incluso
han señalado a dos microbiólogos estadunidenses como probables
sospechosos. La FBI se ha negado a actuar. La razón es que los científicos
participaban en proyectos para dar uso bélico al ántrax y
otros agentes químicos y biológicos, trabajo que viola el
Tratado Químico y Biológico de 1991. No hay investigación
en el Congreso ni informaciones en los medios. Ninguna reacción
pública. La triple crisis se profundiza, mientras los apologistas
del imperio califican a los críticos del sistema de "teóricos
de la conspiración". Sin embargo, los intelectuales críticos
continúan acicateando la conciencia pública, con la esperanza
de que se produzca un renacimiento de la política democrática.
© 2002, James Petras
Traducción:
Jorge Anaya
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