Colombia, EEUU
y la amenaza a la soberanía venezolana

James Petras

Para justificar el secuestro de Rodrigo Granda, líder izquierdista colombiano, el régimen de Uribe anunció una doctrina de relaciones exteriores que hace eco de la del gobierno de George W. Bush: el derecho a intervenir unilateralmente en cualquier país que según la percepción o el alegato de Bogotá, aloje o brinde refugio a los adversarios políticos (calificados por el régimen de "terroristas") que puedan amenazar la seguridad del Estado. La doctrina Uribe de intervención unilateral emula el discurso de guerra preventiva enunciado a finales de 2001 por Bush. Es claro que los actos y pronunciamientos de Uribe están profundamente influidos por la dominación que sobre las políticas de su régimen ejerce Washington mediante un programa de ayuda militar expandida de 3 mil millones de dólares y la profunda penetración de todo su aparato político y de defensa. 

La doctrina de ofensiva militar de Uribe implica varias importantes proposiciones de política: 

1. El derecho a violar la soberanía de cualquier país, incluido el uso de la fuerza y la violencia, directamente o en cooperación con mercenarios locales. 

2. El derecho a reclutar y subvertir a oficiales militares y de seguridad que sirvan los intereses del Estado colombiano. 

3. El derecho a destinar fondos para pagar a cazarrecompensas o "terceros" que se involucren en actos violentos e ilegales dentro del país objetivo. 

4. La afirmación de la supremacía de las leyes, decretos y políticas colombianas por encima y en contra de las legislaciones del país intervenido. 

La doctrina Uribe fue confeccionada para establecer a Colombia como potencia regional subimperialista, subordinada a los dictados estadunidenses. Aunque el punto de agresión inmediato implicó las relaciones entre Colombia y Venezuela, sienta las bases para la intervención unilateral en cualquier parte del hemisferio. La doctrina Uribe es una amenaza a la soberanía de cualquier país del hemisferio: su intervención en Venezuela y la justificación expresada son un precedente para futuras agresiones. 

La doctrina Uribe no es original -es imitación de los pronunciamientos de los gobiernos de Bush e israelí. Ambos han adosado un contexto seudolegal para intervenir extraterritorialmente en otros países. 

La adopción e instrumentación de esta política extraterritorial por Colombia, en su estrategia de intervención unilateral, no es mera coincidencia. Las fuerzas de seguridad colombianas reciben entrenamiento y asesoría de las policías políticas secretas estadunidense e israelí. De modo más directo, el programa de 3 mil millones de dólares en asistencia militar pone a Washington en posición de control y comando en el interior de todos los sectores del Estado colombiano y le permite determinar la doctrina de seguridad del régimen de Uribe. Además, desde antes de ascender a la presidencia y mucho antes de recibir la vasta ayuda estadunidense, Uribe era ya practicante -en gran escala- de una política que usa escuadrones de la muerte. Al asumir la doctrina Bush, directamente del Estado que lo patrocina, Uribe internacionalizó las prácticas terroristas que ha emprendido en Colombia durante 20 años. 

Antes del reciente tropel de secuestros transfronterizos de alto perfil (Trinidad en Ecuador, Granda en Venezuela), el régimen de Uribe tiene en su haber frecuentes intervenciones, secuestros y asesinatos de líderes populares y soldados de países aledaños, y proveyó de apoyo material y político a potenciales "golpistas", especialmente en Venezuela. Durante los últimos tres años, docenas de refugiados colombianos que huían de los escuadrones de la muerte fueron perseguidos en Venezuela y asesinados o secuestrados por paramilitares o fuerzas de seguridad colombianos. Durante un incidente "inexplicable" las fuerzas de seguridad colombianas dieron muerte a seis soldados venezolanos. En 2004, más de 130 paramilitares colombianos y otras fuerzas irregulares se infiltraron en Venezuela e incurrieron en violencia terrorista, para precipitar acciones de los golpistas venezolanos y estadunidenses. Poco después, las fuerzas de seguridad colombianas y la CIA intervinieron en Ecuador para secuestrar a un negociador de paz por las FARC, el principal grupo guerrillero de Colombia. 

Lo que es nuevo, y más ominoso, es que la política extraterritorial de facto de Uribe se convirtió ya en doctrina estratégica de jure en su intento por legitimar la intervención militar unilateral. Colombia ya no pretende estar implicada en una política "encubierta" y selectiva de violación de la soberanía de otros países, sino que ahora declara públicamente la supremacía de sus leyes y su derecho a aplicarlas en cualquier parte del mundo en donde declare, unilateralmente, que hay un riesgo para su seguridad nacional. El "incidente Granda" no es sólo un caso diplomático aislado que pueda resolverse mediante negociaciones bilaterales de buena fe. El secuestro es parte de una estrategia mayor que implica preparativos -ideológicos, políticos y militares- para una confrontación político-militar de mayor escala con Venezuela. 

El propósito de la doctrina Uribe

Enunciar y practicar la doctrina Uribe tiene varios propósitos. Uno sigue la línea política de las elites colombianas y del imperialismo estadunidense: derrocar al régimen de Hugo Chávez para eliminar la oposición a Estados Unidos a escala mundial y lograr la dominación regional imperial. Chávez se opone a las guerras estadunidenses en Irak y Afganistán y a sus planes de invadir Irán. En América Latina, se opone al pacto de libre comercio de las Américas. 

El segundo propósito de la doctrina Uribe es destruir los vínculos comerciales entre Cuba y Venezuela, para minar al gobierno revolucionario cubano. La doctrina Uribe busca también mantener a Venezuela en su papel de exportador de petróleo exclusivo para Estados Unidos, en momento en que el gobierno de Chávez ha firmado acuerdos comerciales para diversificar sus mercados petroleros hacia China y otros países. 

Desde la estricta perspectiva de supervivencia del régimen de Uribe, tal vez lo más importante es que Bogotá está profundamente perturbado por el impacto social que, sobre la mayoría de los colombianos que viven en la pobreza, tienen las políticas de bienestar de Chávez, especialmente la nueva reforma agraria anunciada y su defensa de las empresas públicas nacionales (en particular la compañía petrolera estatal) en el contexto de instituciones libres y democráticas. 

El fin más inmediato de la doctrina Uribe es derrotar a los ejércitos guerrilleros de 20 mil combatientes que controlan o tienen influencia en la mitad del territorio colombiano. El propósito de las recientes intervenciones es presionar a los gobiernos vecinos para que se alíen con los escuadrones de la muerte colombianos en una campaña regional que resuelva los problemas internos de las elites colombianas, por ejemplo, diezmar la oposición a la dominación regional estadunidense. La explosiva campaña internacional de propaganda "antiterrorista" del régimen de Uribe es una admisión del fracaso de su campaña de contrainsurgencia interna. Las acusaciones de Uribe de que el estado venezolano "protege" o "proporciona un santuario a los terroristas" es patentemente falso. Uribe no brinda evidencia sistemática. 

Terrorismo: propaganda y práctica

El régimen de Uribe es reconocido universalmente como de los más intensos practicantes del terrorismo de Estado en el mundo del nuevo milenio. Decenas de miles de campesinos, activistas de derechos humanos y sociales, sindicalistas y periodistas han sido asesinados por las fuerzas de seguridad, directamente por militares o grupos paramilitares financiados por el Estado. Día tras día y año tras año son victimados muchos campesinos y críticos del régimen. El terrorismo de Estado es la característica que define al régimen de Uribe y a la misión estadunidense de asistencia y asesoría militar. Y no obstante, muy al modo totalitario, el verdugo terrorista acusa a la víctima de los crímenes que se cometen en su contra. 

En términos políticos y militares, la doctrina Uribe implica un alejamiento extremo de las normas de ley internacional reconocidas y un acercamiento a las prácticas beligerantes de los sátrapas imperiales. Si todos los países aplicaran la doctrina Uribe, estaríamos ante un mundo de constantes guerras, conquistas y prolongadas luchas de liberación por toda América Latina. 

En la proclama de intervención militar que traspase las fronteras nacionales en persecución de la oposición revolucionaria, hay, en esa doctrina, condición explícita de beligerancia permanente. Significa que todos y cada uno de los países latinoamericanos deben limitar su soberanía según las definiciones colombianas de "seguridad nacional". 

Es igualmente grave que la doctrina Uribe rechace las fronteras reconocidas, lo que significa que Colombia se arroga el derecho de cruzar los límites nacionales a voluntad, sin consultar a los países cuyas fronteras viola. De ahí a no reconocer fronteras nacionales y anexar regiones adyacentes en aras de razones económicas o de "seguridad" hay sólo un paso. La noción de guerra ideológica sin fronteras es réplica exacta del proyecto imperial de Bush, trasladado a la región andina. Es evidente que Uribe aspira a jugar un papel subimperial en la región norte de Sudamérica bajo tutela estadunidense. 

La doctrina Uribe es rechazo absoluto de todos los principios de la ONU y violación de las leyes internacionales. Sirve como punto de avanzada para efectuar maniobras militares conjuntas entre las fuerzas armadas de Estados Unidos y Colombia que sirvan de escudo para consolidar el poderío imperial estadunidense en América Latina. Un "respaldo" al 100 por ciento de la intervención de Uribe en Venezuela por Washington esconde el hecho de que ésta fue una operación conjunta, sancionada y aprobada por oficiales militares y de fuerzas especiales estadunidenses que operan en el Ministerio de Defensa colombiano. 

Colombia, cliente estratégico

Washington le ha brindado más ayuda militar a Colombia que al resto de América Latina, y sólo Israel recibe más respaldo estadunidense en el mundo. La estrategia de Estados Unidos gira en torno a derrotar al movimiento guerrillero masivo e influyente como primer paso para consolidar su poder en el área andina y la cuenca del alto Amazonas. Una vez que asegure esa región, ésta se convertirá en trampolín para invadir Venezuela y apoderarse de ella y de sus campos petroleros, además de asestar severo golpe al gobierno revolucionario de Cuba. Estados Unidos, mediante Uribe, ha triplicado el tamaño de las fuerzas armadas colombianas en los últimos años, hasta llegar a 267 mil efectivos. Incrementó con vastedad su potencia de fuego aéreo (helicópteros de combate y aviones caza) y les proporcionó el armamento tecnificado más avanzado, con que pueden detectar y rastrear los movimientos guerrilleros. Sin embargo, pese a masacrar a miles de simpatizantes campesinos y desplazar a millones más, esta estrategia no ha logrado ventaja militar estratégica sobre las guerrillas. 

El secuestro de Granda es sólo el "ensayo con vestuario" de un proyecto mayor: escalar las provocaciones para probar la lealtad, disciplina y efectividad del sistema de seguridad venezolano. Washington sondea para ver qué tanto puede empujar a Venezuela a que someta su soberanía y el control de sus fronteras. 

El secuestro de Granda y la corrupción de algunos oficiales venezolanos tal vez sirva para alertar al liderazgo venezolano de que las amenazas reales a la soberanía nacional emanan de la doctrina Uribe respaldada por Estados Unidos. La amenaza es real, es sistémica e inmediata. Uribe cuenta con el apoyo de una potencia imperial, pero Chávez tiene el respaldo de la aplastante mayoría de venezolanos que están deseosos de luchar por defender su tierra, su gobierno y el derecho a vivir como pueblo soberano. El tema de la soberanía venezolana no es sólo cuestión de maniobras diplomáticas sino de organizar a la multitud de venezolanos hasta convertirlos en formidable disuasivo militar contra una agresión armada.

Traducción: Ramón Vera Herrera