Mitos políticos y realidades económicas

El déficit comercial anual de Estados Unidos con China (186 mil millones de dólares hasta julio de 2005) es en gran medida resultado de ineficiencias estadunidenses, no de restricciones comerciales chinas. Entre los grandes países en desarrollo, China tiene las barreras más bajas a las importaciones. En zonas donde Estados Unidos ha invertido, innovado y mostrado eficiencia -agricultura, aeronáutica y alta tecnología-, presenta superávit comercial. El déficit se da sobre todo en electrodomésticos, electrónica, ropa, juguetes, textiles y calzado, rubros en los cuales muchas corporaciones estadunidenses han invertido en subsidiarias en China que exportan productos terminados hacia Estados Unidos. Más de 50 por ciento de las exportaciones chinas a éste son de empresas trasnacionales estadunidenses, así que el déficit comercial es en gran medida entre éstas y su propio Estado.

Las exportaciones chinas se basan en su mayor parte en importaciones de otros países, que luego se ensamblan y venden al exterior. Según el Financial Times, "China es meramente la última parada de muchos artículos que Asia exporta a Estados Unidos, importando componentes de otros lugares de la región, Japón inclusive. El valor local agregado a las exportaciones es tan bajo como 15 por ciento (FT, 15/10)". En otras palabras, China es gran importador de otros países con los cuales tiene déficit comercial, sobre todo fabricantes asiáticos, países exportadores de petróleo y productores de materias primas del tercer mundo. Su superávit comercial se basa en gran medida en su comercio con Estados Unidos, por lo que las cuotas que éste imponga a los artículos chinos perjudicarán al comercio mundial.

Contra lo que sostienen ideólogos políticos y académicos estadunidenses, China es una de las economías más liberales de Asia. En 2003 la proporción que representaba la inversión foránea en su producto interno bruto (PIB) era de 35 por ciento, contra 8 de Corea del Sur, 5 de India y apenas 2 por ciento de Japón (FT, 15/10/05). Además, es la tercera nación en volumen de comercio en el planeta: en 2004 el comercio representaba 70 por ciento de su PIB, mucho más que Japón y Estados Unidos, en los que está debajo de 25 por ciento.

Los economistas ortodoxos y los legisladores alegan que la divisa china (renmimbi) está subvaluada y que una mayor revaluación reduciría el déficit comercial estadunidense. En varios años pasados el dólar se ha revaluado frente a varias divisas, entre ellas el euro, la libra y el franco, y sin embargo el déficit comercial se ha elevado. Enfocarse en la reforma monetaria china es extraviar el punto: el problema clave es que los capitalistas estadunidenses no invierten en sectores productivos nacionales, no mejoran sus centros de producción ni introducen innovaciones tecnológicas para reducir costos. Lo que hacen es invertir en el extranjero y en sectores no productivos del país, especulando con bienes raíces (como antes con la tecnología de la información) e incrementando utilidades mediante el recorte de costos laborales, método no muy sensato que, digamos, para competir con productores de mano de obra barata.

La falta de apoyo de las trasnacionales estadunidenses a un plan de salud de cobertura universal en su país y su apoyo a la medicina privada incrementan el costo de producción en 10 por ciento y contribuyen a la pérdida de competitividad de las empresas nacionales y a un aumento en el déficit comercial.

La política económica china respecto de la inversión extranjera es mucho más liberal que la estadunidense. En 2004, las empresas con capital extranjero representaron 57 por ciento de las exportaciones chinas. En contraste, el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) recurre constantemente a definiciones "flexibles" del "interés público" y los intereses "nacionales" o "estratégicos" para evitar que extranjeros inviertan o adquieran firmas estadunidenses. La muy publicitada y exitosa intervención política contra el intento de la compañía petrolera china CNOC por adquirir Unocal es el ejemplo más reciente.

Además, los esfuerzos del senador Schumer y sus aliados por aplicar una tarifa de 27.5 por ciento a las importaciones chinas no reducirá el déficit comercial estadunidense, pues los importadores se volverían hacia otros productores asiáticos eficientes y los fabricantes chinos podrían reubicarse en países adyacentes. El resultado serían mayores costos al consumidor, que afectarían el comercio interno en Estados Unidoos sin crear nuevos empleos para trabajadores locales.

Entre las "industrias protegidas" en Estados Unidos están varios de los peores talleres explotadores del ramo textil, que pagan salarios inferiores al mínimo, algunos de los cuales pueden encontrarse cerca de las oficinas del senador Schumer en Nueva York. El problema no es la competencia externa -la cual debe darse en una economía de libre mercado-, sino lograr eficiencia, lo cual significa invertir en alta tecnología y producción automatizada, capacitación, pagar buenos salarios a obreros, ingenieros y diseñadores calificados y brindar empleo estable para que los trabajadores puedan acumular la experiencia y conocimiento que contribuyan a lograr mayor productividad.

La Ronda de Uruguay sobre textiles y vestido de 1995 (que Estados Unidos firmó) se propuso eliminar aranceles para el primero de enero de 2005. Los textileros estadunidenses tuvieron 10 años para mejorar, modernizarse y restructurarse antes del advenimiento del libre comercio, pero prefirieron basarse en la mano de obra barata, subcontratando maquiladoras explotadoras y dando prebendas a cabilderos, políticos y líderes sindicales para imponer nuevas restricciones a las exportaciones chinas. Estados Unidos renegó de su acuerdo de poner fin a los aranceles, y presionó a China a limitar sus exportaciones en todo 2005 y más allá (FT, 1/9/05, p. 1).

Las actuales "cuotas" a las exportaciones chinas, que afectan ya textiles, vestidos, televisores de color, semiconductores, muebles de madera, camarón y acero, no han hecho sino incrementar el costo a vendedores y consumidores nacionales y aumentar las ganancias de los productores monopólicos estadunidenses de esos sectores, volviéndolos aún menos competitivos. Los productores locales que pagan precios monopólicos a fabricantes protegidos difícilmente están en posición de exportar y mejorar la balanza comercial del país.

El argumento de "competencia desleal" basada en mano de obra barata no es convincente. El costo de la mano de obra no es el factor decisivo que afecta al mercado o a las balanzas comerciales. Muchos países de mano de obra barata no son competitivos. Los Países Bajos y los escandinavos, por ejemplo, que pagan altos salarios y prestaciones, compiten con éxito en el mercado con apoyo en productos especializados de calidad, habiendo abandonado la producción de bienes de consumo de mano de obra intensiva. Los argumentos moralizantes sobre términos mercantiles, en especial si provienen de empleadores contrarios a los sindicatos, que evaden los pagos de pensiones y de atención a la salud y conceden los menores periodos vacacionales y de maternidad en el mundo occidental, no son más que pura hipocresía. El hecho es que sectores sustanciales de la economía estadunidense no son competitivos por las líneas de productos que trabajan, la calidad inferior de sus artículos, la falta de inversiones de largo plazo y en gran escala para mejorar la tecnología y la organización productiva, y el desvío de recursos hacia sectores especulativos o subsidiarias en el extranjero.

Esconderse detrás de barreras arancelarias, cuotas y ataques demagógicos a China es sencillamente una excusa para evitar la dura disciplina del libre mercado. Enfrentar al mercado obligaría a empresas y elite política estadunidenses a darse cuenta de que tenemos, en muchos sectores, un capitalismo de segunda dirigido por un Estado de tercera.

Los dirigentes chinos no pueden capitular ante las demandas de Estados Unidos sin desestabilizar su propio gobierno y el modelo económico que aplican. Los fuertes flujos de capital especulativo estadunidense, europeo y asiático apuestan a una revaluación del renminbi que cree las condiciones de una crisis financiera si el régimen chino adopta sin precaución una política monetaria desregulada. En segundo lugar, la clase gobernante china, partidaria del libre mercado, ha extirpado el Estado de bienestar en favor de la privatización, lo cual ha obligado a los trabajadores y dueños de establecimientos a ahorrar para sufragar el costo de educación, salud y jubilación, y por tanto tienen menos dinero para el consumo doméstico. Por ello el régimen se ve obligado a obtener ganancias mediante las exportaciones.

Aceptar los dictados de Estados Unidos de reducir exportaciones desestabilizaría todo el modelo chino de libre mercado. La base elitista del poder en China, en la cual 5 por ciento de la población controla 50 por ciento de todos los bienes privados, encuentra cada vez mayor oposición de los trabajadores desempleados, los campesinos explotados y los pobladores desplazados de la ciudad y el campo. Entre 2001 y 2004, las protestas masivas pasaron de 4 mil a más de 70 mil. China necesita crear 15 millones de empleos al año, para lo cual se requiere que el PIB crezca por lo menos 8 por ciento anual. La clase gobernante cree que el crecimiento económico estabilizará su dominio. Puesto que las crecientes desigualdades sociales están fincadas en la concentración del poder político en la cima, sólo pueden cambiar mediante movimientos socialistas desde abajo.

El programa de los gobernantes chinos es "agrandar la rebanada del pastel", con la esperanza de que la derrama de beneficios incremente el consumo y estabilice su dominio y privilegios. La presión de Washington sobre ellos para que incrementen el consumo interno y disminuyan las exportaciones amenaza con socavar las relaciones de clases dentro de la nación asiática y las tasas de crecimiento y utilidad. Al igual que su contraparte imperial estadunidense, la clase gobernante china, orientada al libre mercado y las exportaciones, no está dispuesta a sacrificar su poder y privilegios para complacer a sus competidores económicos.

Traducción: Jorge Anaya