l
14 de enero de 2006, Verónica Michelle Bachelet fue electa presidenta de
Chile. Su victoria electoral, como abanderada de dos partidos nominalmente
"socialistas", los demócrata cristianos y los radicales, fue elogiada por un
vasto espectro político, desde el gobierno de George W. Bush hasta el presidente
venezolano Hugo Chávez, incluidos los grandes medios empresariales (Financial
Times, la revista Time y Wall Street Journal) y las
principales instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial).
Al igual que en otras elecciones recientes, los progresistas se equivocan (o
tal vez hayan renunciado a su agenda reformista) en tanto la derecha tiene
motivos para alegrarse. Los primeros basan su respuesta positiva en argumentos
muy simples: señalan que es la primera presidenta en América Latina (olvidando
que Margaret Thatcher fue la primera gobernante de Inglaterra), que pasó un
breve periodo en la cárcel durante la dictadura de Pinochet, que es hija de un
general de la fuerza aérea que se mantuvo leal al depuesto presidente Allende y
murió torturado, y que fue dirigente del Partido "Socialista" de Chile. La
confianza de los progresistas en la política de identidad contrasta agudamente
con el enfoque materialista histórico adoptado por los regímenes de derecha y
los grandes medios empresariales, los cuales observan la práctica política de
Bachelet en los 15 años pasados, su desempeño como ministra del gabinete (de
Salud y de Defensa) y su adhesión incondicional a las políticas de libre mercado
y a la doctrina militar estadunidense en la región.
Para entender el significado de la elección de Bachelet y por qué el régimen
de Bush está extasiado, es importante examinar brevemente el historial de los
llamados regímenes de "centro izquierda" que han gobernado a Chile los pasados
16 años. En 1988 la llamada Concertación derrotó a Pinochet en un plebiscito y
en años subsecuentes derrotó a un candidato pinochetista en las elecciones
nacionales. De 1989 a la fecha Chile ha seguido gobernándose según la
constitución autoritaria impuesta por la dictadura en 1980. Los regímenes
presidenciales de Concertación (sean demócrata cristianos o socialistas) no sólo
aceptaron las fraudulentas privatizaciones multimillonarias realizadas durante
las dictaduras, sino las extendieron a todos los sectores de la economía,
inclusive salud, pensiones y educación. Un informe de investigadores del
Congreso (20/7/05) reveló que más de 6 millones de dólares en predios públicos y
propiedades fueron transferidos ilegalmente a funcionarios de Pinochet. Altos
mandos militares, implicados en crímenes contra la humanidad, entre ellos el
mismo ex dictador, mantuvieron los más altos cargos durante más de una década.
Oficiales de mediano rango ascendieron. Con la Concertación, Chile retuvo la
dudosa distinción de ocupar el segundo lugar entre los países que tienen las
peores desigualdades en Sudamérica.
Las fuerzas armadas siguen recibiendo 10 por ciento de los ingresos del
cobre, medida que contó con el respaldo entusiasta de Bachelet cuando fue
ministra de Defensa (2002-2004). Leyes laborales restrictivas evitan que los
sindicatos y el movimiento laboral lleven a cabo huelgas industriales, y la
mayoría de los trabajadores del campo tienen pocas defensas o ninguna contra las
agroindustrias productoras de uva, vino y madera. En contraste, una nueva clase
de multimillonarios domina una economía sumamente monopolizada, en asociación
con trasnacionales europeas y estadunidenses, saqueando los recursos pesqueros,
forestales, hídricos y minerales, adueñándose de tierras indígenas y
criminalizando a los movimientos mapuches. La afirmación de la Concertación de
que ha reducido la pobreza de 48 a 18 por ciento es en gran medida un artilugio
estadístico, resultado de redefinir la línea de la pobreza a niveles de
subsistencia. Cálculos más realistas, basados en un nivel de vida aceptable,
elevarían la cifra por lo menos a 40-45 por ciento.
La Concertación se ha alineado con Estados Unidos -en oposición al resto de
América Latina- como el discípulo más leal de la economía de libre mercado,
adoptando una versión bilateral del Area de Libre Comercio de las Américas y
votando junto con EE UU contra Cuba en las reuniones anuales de Derechos Humanos en
Ginebra. El Partido Socialista, de cuyas filas han salido los últimos dos
presidentes electos, no sólo ha renunciado a cualquier política adoptada por el
presidente mártir Salvador Allende (nacionalización del cobre, reforma agraria,
democracia industrial, bienestar social y legislación de protección laboral),
sino ha "confesado" que aplicó "políticas erróneas". Los socios derechistas y
demócrata cristianos del golpe militar de 1973 no han hecho una "autocrítica"
semejante.
Trayectoria hacia el poder
Antes del golpe militar, Bachelet apoyaba al gobierno de Unidad Popular, del
que su padre, el general de la fuerza aérea Alberto Bachelet, era fiel
partidario. Estuvo detenida brevemente junto con decenas de miles de
progresistas chilenos y con el tiempo se exilió; obtuvo una beca en la
Universidad Humboldt de la República Democrática Alemana (RDA), donde expresó
apoyo acrítico al régimen de Hoenecker. Tras el retorno de la política electoral
regresó a Chile y fue miembro del comité central del "renovado" Partido
Socialista, pro neoliberal. Desde entonces hasta su elección a la presidencia no
sólo jamás ha cuestionado la impunidad de los militares que torturaron y
asesinaron a su padre, sino que ha adoptado la doctrina castrense de seguridad
nacional, promovido a numerosos oficiales de mediano rango que trabajaron en la
policía secreta pinochetista (CNI) y alardeado de sus estrechas relaciones de
trabajo con ellos.
El viraje de Bachelet de la RDA a Estados Unidos se hizo evidente en su
permanencia de un año en el Fuerte McNair, donde se imbuyó en la doctrina
estadunidense de la "guerra interior" y las estrategias contrainsurgentes. A
diferencia de la ruta de su padre de rechazar el imperialismo y adoptar
políticas redistributivas socialistas, Bachelet siguió la de "convergencia con
el poder hegemónico" (palabras de ella), que en esencia quiere decir sumisión
servil a los dictados estratégicos de Washington. Su gestión (2000-2002) como
ministra de Salud no produjo mejorías en el decadente sistema de salud pública,
ningún programa significativo para el 50 por ciento de la población chilena que
no puede costearse la atención privada, y ningún esfuerzo por mejorar el fallido
sistema de pensiones, declarado alguna vez por Estados Unidos "modelo" para el
mundo. Los planes privados en la materia tienen actualmente un déficit de mil
millones de dólares; las comisiones por manejo y otros gastos fijos consumen 20
por ciento de las pensiones. La Organización Internacional del Trabajo ha
advertido a Bachelet y a sus predecesores que sólo 58 por ciento de los
pensionados recibirán 120 dólares al mes; el otro 42 por ciento, prácticamente
nada.
La Bismarck chilena
Durante la gestión de Bachelet como ministra de Defensa, el gasto militar
alcanzó nuevas alturas: el gasto per cápita excedió con facilidad al de todos
los demás gobiernos de América Latina. Con una erogación multimillonaria en una
nueva flota de aviones, helicópteros y navíos de combate, y un sistema de
espionaje por fotografía satelital, Chile se preparó para "converger" con
Estados Unidos en patrullar los turbulentos países andinos. Bachelet fue el
apoyo más fuerte de Washington en enviar una fuerza expedicionaria a Haití para
relevar a los militares estadunidenses en la represión a los partidarios del ex
presidente Jean Bertrand Aristide, electo democráticamente. Unos 400 soldados
chilenos fuertemente armados patrullaron las calles de los barrios bajos de
Puerto Príncipe en apoyo al régimen títere impuesto por EE UU. La hoy presidenta
recibió con agrado toda oportunidad de participar en ejercicios militares
conjuntos, y ofreció apoyo logístico a las más recientes operaciones UNITAS.
Bachelet fue más allá del protocolo en las relaciones de un ministro de
Defensa con los militares. Fotos en las primeras planas del periódico derechista
El Mercurio la mostraban abrazada con generales. Su efusividad abarcó a
muchos de los que sirvieron en la policía secreta de Pinochet: 13 de los 30 con
los que colaboró fueron miembros de la CNI, tristemente célebre por las torturas
y el asesinato de sospechosos políticos. En su oportunista ascenso al poder,
Bachelet estuvo dispuesta a elogiar y promover precisamente a los oficiales
militares que tal vez participaron en forma directa o indirecta en las torturas
infligidas a su padre.
Continuidad con el pasado
En una entrevista con El Mercurio (22/1/06), Bachelet expresó con
énfasis su decidido apoyo al modelo neoliberal, el mantenimiento del regresivo
impuesto de 19 por ciento al valor agregado, la oposición a cualquier impuesto
progresivo, a políticas redistributivas o a cualquier legislación positiva para
revertir las abismales desigualdades. Fuera de promover la "educación" a mediano
plazo, sostuvo que no hay "fórmula mágica" para reducir la brecha entre ricos y
pobres: ni siquiera reformar la semana laboral de más de 48 horas, la más alta
entre 60 países, según clasificación del Instituto Internacional de
Administración.
Con ingresos por explotación de minerales que rompen marcas históricas, con
una presidenta electa partidaria de la seguridad militar -inclusive la
"seguridad interior", para contener cualquier movimiento social surgido desde
abajo- y batallones de reacción rápida, listos para converger con cualquier
intervención militar estadunidense, no es sorprendente que el gobierno de Bush y
su embajada en Santiago llamen a Chile el mejor socio de Washington, un modelo
para América Latina, el cliente perfecto: un paraíso para inversionistas
extranjeros, un infierno para los trabajadores y una amenaza para los
movimientos sociales andinos.
El ascenso de Bachelet al poder demuestra que el poder político es más fuerte
que los lazos familiares, que las lealtades de clase son más poderosas que la
política de identidad, y que la militancia previa en la izquierda no es
obstáculo para llegar a ser el mejor aliado de Washington en la defensa de su
imperio.
Traducción: Jorge Anaya