El burdo proceso de Sadam

• Las manipulaciones y censuras de las autoridades militares en el juicio del exdictador vuelven inviable la pretensión de Estados Unidos de que se acepte un veredicto iraquí independiente

William Pfaff *

EL PASADO jueves le leyeron siete cargos preliminares, pero el proceso judicial estaba tan manifiestamente controlado y censurado por las autoridades militares de EEUU como para desmantelar desde el principio la pretensión de que el juicio se celebra bajo la autoridad independiente del Gobierno provisional de Irak.
Un equipo de oficiales estadounidenses destruyó las cintas de vídeo de la prensa internacional donde aparecía Sadam encadenado y borró por completo las grabaciones de los alegatos legales de 11 miembros de alto rango de su antiguo régimen. Un oficial vestido de civil les comunicó a los equipos de cámaras que el juez prohibía que se grabara el sonido, lo que resultó ser falso.
La consecuencia de todo ello es que no existe un registro público completo de lo que ocurrió, al margen de las notas de los periodistas de los pools norteamericano e iraquí a los que se les permitió asistir. Las cintas de vídeo censuradas, así como las que finalmente fueron enviadas a la televisión internacional, se etiquetaron como: "Aprobada por el Ejército de EEUU". Y después hablan del Irak soberano y de su sistema independiente de justicia. Esta burda manipulación resulta incomprensible si se tiene en cuenta lo que podría pensarse que es el interés obvio de EEUU: que el juicio sea aceptado internacionalmente como veredicto iraquí independiente sobre Sadam.
El caso sólo puede entenderse como una evidencia más del desorden y la confusión que actualmente dominan la política estadounidense con respecto a Irak a medida que se aproximan las elecciones presidenciales de EEUU. La política actual de Washington respecto de Irak no es más que política electoral. La intención de dichos procesos judiciales ha sido advertir a aquellos líderes nacionales que pudieran sentir alguna inclinación a cometer crímenes contra la humanidad de que podrían ser castigados al igual que Milosevic y Sadam Husein.
El aspecto negativo de estos juicios reside en que han contribuido a confirmar la idea de que vulgares dictadores y criminales políticos son más trascendentes que las figuras reales de gran significación mundial. Estados Unidos ha calificado a Sadam Husein de nuevo Hitler, carnicero de Mesopotamia y amenaza para la democracia mundial. Pero, de hecho, él era uno más de una serie de déspotas del Tercer Mundo que al inicio de sus carreras estaban patrocinados o eran utilizados por EEUU y otras grandes potencias, siendo favorecidos en las rivalidades regionales que fueran de utilidad.

SIN EMBARGO, con frecuencia han acabado abandonados y condenados por sus protectores del pasado. Las mayoría de las veces (aunque no siempre) empezaron como reformistas sociales populistas, pasaron por la corrupción y la megalomanía y acabaron dejando de ser útiles para quienes les apoyaban.
Los predecesores de Sadam Husein no eran Hitler o el Stalin a quien él tanto admiraba. Fueron Fulgencio Batista, de Cuba; Rafael Trujillo, de la República Dominicana; Augusto Pinochet, de Chile; Suharto, de Indonesia, y el propio Sadam Husein cuando declaró la guerra, con el respaldo de Estados Unidos, contra el Irán fundamentalista islámico del ayatolá Jomeini en 1980. Posteriormente adoptó ideas que le distanciaron de sus amigos en Washington.
La solución adecuada para los crímenes contra la humanidad, y posiblemente el mejor elemento de disuasión, podría ser la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para la ejecución sumaria de los criminales notorios. Sin embargo, el argumento en pro de la ley no se respeta, aun cuando el derecho internacional siga siendo materia de tratados y convenciones, a diferencia de la legislación aplicable de las jurisdicciones nacionales, que está claramente definida.
El derecho internacional pretende alcanzar el estatus de jurisdicción internacional de obligado cumplimiento, pero mientras prevalezca el sistema de soberanía nacional seguirá siendo, en última instancia, la legislación de los poderosos. En EEUU, la Administración de George W. Bush ha desoído la Convención de Ginebra que rige el trato a los prisioneros porque le conviene y porque no hay jurisdicción internacional capaz de obligarle a hacer lo contrario.
Su razonamiento es una amalgama de cinismo e ideología nacionalista, pero, en última instancia, es falso siempre que Estados Unidos siga siendo una democracia en la que los valores representados por el derecho internacional hayan sido asumidos por una parte significativa del electorado estadounidense. El electorado es el que, en definitiva, sanciona a los líderes por la violación de la legalidad internacional.
Por esta razón, deben seguir celebrándose juicios por la guerra internacional y por los crímenes contra los derechos humanos, a pesar de las debilidades que presentan. Porque contribuyen a civilizar cada vez más las relaciones internacionales, como viene sucediendo desde que el jurista holandés Hugo Grotius realizó la formulación original del derecho de la guerra y de la paz, en el siglo XVII. Su propósito último es imponer la ley a los poderosos.

Tribune Media Services International Traducción de Xavier Nerín.

* Analista político estadounidense