o
que muchos denominan —quizá
algo ampulosamente— “proceso de paz”, y que no es
sino el conjunto de gestiones que habrá de llevar
a cabo el Gobierno de España en su decisión,
libremente adoptada y mayoritariamente apoyada, de
dar pasos concretos para acabar definitivamente
con el terrorismo etarra, es estos días cuestión
insoslayable en los medios de comunicación.
Como por todos es sabido, el
abanico de opiniones que se percibe es casi
infinito. También es notoria la utilización
partidista y preelectoral del proceso, asumiendo
unos y otros —quizá sin la suficiente reflexión
previa— que si el presidente del Gobierno tiene
éxito en su propósito, aunque sea parcial, su
partido se eternizará en el poder, y que si
fracasa o si ETA renuncia a su anunciado propósito
de cesar las acciones terroristas, será la
oposición la que obtenga importantes réditos.
No obstante, es casi seguro que
los largos plazos inherentes a toda negociación de
paz bien encaminada obliguen a modificar tales
expectativas y no se pueda asegurar hoy quién o
quiénes se verán mañana favorecidos por el posible
éxito de las gestiones en curso. Los principales
beneficiados, sin duda, seremos los ciudadanos,
que dejaremos de padecer esa vieja lacra.
Lo que sí puede afirmarse estos
días es que resulta evidente que la desaparición
total de ETA supondrá un descalabro para muchos de
los que en torno a su existencia y actividad
criminal han construido las razones esenciales de
su actuación y de su presencia en la política
española. ¿A qué se dedicaría entonces la COPE por
las mañanas? ¿Qué podrían escribir esos
“blogeros”, siempre irritados, que desahogan su
rencor solitario ante el ordenador? ¿Y qué harían
algunos políticos profesionales y sus medios más
adictos, al no poder repetir hasta la saciedad
mentiras y tergiversaciones, haciéndolas pasar por
verdades?
Mentiras que se han escuchado con
motivo de la declaración institucional del
presidente Rodríguez Zapatero el pasado jueves,
tanto en boca de Acebes y de Rajoy como por
Barrena y Otegi, malinterpretando ostensiblemente
el sentido correcto y los claros límites
constitucionales de la citada declaración, para
apoyar sus propias percepciones del problema, con
lo que contribuyeron aún más a sembrar la
confusión en un asunto ya de por sí complicado.
Muchos son también los intereses
frustrados por el inesperado vuelco electoral que
se produjo en España el 14 de marzo del 2004, y
muchos de quienes los defienden no pueden ocultar
su esperanza de que el Gobierno fracase en el
actual empeño. Las hemerotecas revelan el giro
radical del Partido Popular desde que en 1998
Aznar anunciara: “Si los terroristas deciden dejar
las armas, sabré ser generoso”. Generosidad que
ninguno de sus seguidores al frente del mismo
partido está dispuesto a conceder, no ya a los
terroristas, sino ni siquiera al Gobierno de
España.
Convendría recordar que El
Mundo titulaba así el inicio de las
negociaciones de 1998 entre ETA y el Gobierno:
“Otro valiente paso de Aznar hacia la paz”. No
muestra hoy ese diario un criterio análogo ante la
situación actual, objetivamente más favorable para
el proceso iniciado porque, entre otras cosas, ETA
está derrotada aunque se resista a reconocerlo,
como el domingo pasado recordaba en una entrevista
una conocida víctima del terrorismo etarra: José
Ramón Recalde.
Hay que contar, pues, con este
pesado lastre —que hará el camino aún más “largo y
difícil” de lo que el presidente del Gobierno
advertía en marzo pasado— como un dato más del
arduo problema cuya resolución es responsabilidad
de los actuales gobernantes, y de cuyo feliz
desenlace seremos beneficiados todos los españoles.
Aznar no pudo esquivar, hace ocho
años, la conveniencia de dialogar y negociar con
los etarras cuando buscaba análogo objetivo al que
hoy se ha propuesto el Gobierno. Nadie debería
extrañarse por ello. Tampoco los generales
aliados, victoriosos sobre Alemania al concluir la
Segunda Guerra Mundial, pudieron evitar que ante
ellos se presentara para firmar solemnemente el
acta de rendición un mariscal del Reich —Keitel—
que moriría ahorcado poco tiempo después como
convicto criminal de guerra.
Hablar y dialogar con
terroristas, asesinos y criminales forma parte de
muchos procesos de pacificación, porque es parte
inevitable del camino a recorrer cuando se trata
de cerrar las heridas del pasado, de tender
puentes de entendimiento y abrir perspectivas
exentas de violencia para la convivencia pacífica
de quienes se han enfrentado hasta la muerte
durante algunos decenios.
Podrá discutirse sobre los modos
y procedimientos, sobre las mesas de diálogo, las
condiciones solicitadas por las diversas partes,
los objetivos a alcanzar y los programas para
hacerlo, pero está llegando el momento en que
cobre realidad lo que desde todos los ámbitos
políticos se ha repetido con constancia: sin
violencia terrorista, sin una pistola apuntando a
la nuca, con los únicos instrumentos de la
democracia representativa —el razonamiento y el
diálogo, sin más armas que las palabras—, todas
las opciones políticas son defendibles en una
sociedad madura y desarrollada o que aspira a
serlo.