Esto no es sólo debido a las incomodidades y controles previos al vuelo, a causa de las limitaciones y pejigueras impuestas por un Gobierno desconfiado y de peligrosas reacciones ante cualquier sospecha que pudiera vincularle a uno con el terrorismo, sino porque tan graves recortes en los derechos y libertades personales pueden dar con los huesos de cualquier pacífico viajero en algún calabozo policial, por los motivos más insólitos.

Si ya en un viaje aéreo dentro de Europa —menos afectada que EEUU, de momento, por la neurosis de la seguridad— un profesor universitario sevillano se ha visto implicado en un molesto incidente del que se han hecho eco los medios de comunicación, sólo porque su aspecto hizo sospechar a algunos viajeros que pudiera ser un terrorista musulmán, ¿qué no cabría esperar si algo similar ocurriese en EEUU? Porque éste es el país regido por un estado de guerra permanente contra el terrorismo y el patrocinador de la ignominia de Guantánamo, denominada con acierto “agujero negro legal” por un Law Lord (miembro del Tribunal Supremo) británico.

Se trata, por tanto, de una cuestión que implica ciertos riesgos personales y no conviene tomarla a broma. Vean lo que pasó en diciembre de hace dos años, cuando un representante del fiscal general de EEUU estaba respondiendo en Washington a cuestiones planteadas por una jueza federal, sobre la interpretación de las leyes en “estado de guerra”. La jueza planteó el hipotético caso de una anciana señora suiza que entregase periódicamente cheques a lo que ella creía ser una institución benéfica de ayuda a los huérfanos, pero que en realidad era una tapadera que servía para financiar ocultamente a Al Qaeda.

Preguntó la jueza si la citada señora podría ser considerada combatiente enemigo (la calificación aplicada a los detenidos en Guantánamo). “Podría serlo —fue la respuesta— y el Ejército podría libremente detenerla, aunque su verdadera intención no hubiera sido la de ayudar al terrorismo”. Se daba por supuesto, demasiado benévolamente, que una vez detenida se reconocería el error y la ilusoria terrorista sería liberada con toda clase de excusas e indemnizaciones. Pero a raíz de lo ocurrido en otros casos reales, en circunstancias no muy distintas, es obligado dudar de tan fácil desenlace y a ningún ciudadano le gustaría verse en tan equívoca situación.

Para establecer mejor los términos de aplicación de la ley, en la misma sesión se planteó otra hipótesis más concreta: la de un residente en Dublín que diera clases de inglés al hijo de una persona que, según la CIA, fuese miembro de Al Qaeda. ¿Sería también considerado un combatiente enemigo? “Sí —respondió el representante del fiscal general— porque, aunque el profesor lo ignorase, el miembro de Al Qaeda podría estar estudiando inglés como parte de un plan para organizar un atentado”. Como se ve, a finales del 2004 no estaba la cosa para bromas en lo relativo a ser considerado cómplice del terrorismo.

La nueva ley aprobada la pasada semana por el Senado de EEUU, aunque podría aliviar algo la alucinante perspectiva de las dos hipótesis antes comentadas, deja, sin embargo, suficientes resquicios para violar los más elementales derechos de las personas en un sistema judicial. Por un lado, deja al arbitrio del presidente la definición de lo que constituye tortura propiamente dicha; por otro, aún más grave, suprime el derecho de un detenido como sospechoso de terrorismo a ser llevado ante un juez que determine la legalidad o ilegalidad de su detención, lo que en la tradición legal de origen británico se conoce como habeas corpus.

Un senador demócrata conceptuó el abandono de esa larga tradición como “uno de los grandes, enormes errores, que pienso quedará registrado por la Historia”. Pero en el tenso ambiente previo a las inmediatas elecciones parciales al Congreso estadounidense se oyeron voces críticas con quienes así opinan: “Algunos ahora quieren atar las manos de nuestros combatientes antiterroristas. Quieren quitarles los instrumentos que usamos para combatir el terror. Quieren esposarnos, estorbarnos en nuestro esfuerzo para proteger a nuestras familias”, declaró otro senador.

No están solos. También los pasajeros que hicieron salir del avión al profesor sevillano, por meras sospechas sin base racional, antepusieron su miedo y su hipotética seguridad personal a cualquier otra consideración sobre los más elementales derechos de una persona. Lo dicho, estimado lector: piénselo dos veces antes de tomar el avión para EEUU mientras algunas cosas no cambien en ese país.