Pero apartemos de momento la vista de Moscú. Ahora se trata de que un alto dirigente de un país extranjero, de reciente visita en Madrid, se ha sumado, con sus declaraciones públicas, a cierto sector de ciudadanos españoles que maquinan, de formas diversas, incumplir una ley, democráticamente promulgada, que al reorganizar los planes didácticos en los centros de enseñanza de nuestro país (públicos y concertados) incluye en ellos una asignatura denominada “Educación para la Ciudadanía”.

Esta asignatura, según una interpretación puramente confesional —que raya en el fanatismo religioso—, “vulnera los derechos humanos”, como ha declarado el portavoz de la Conferencia Episcopal. Sorprendente manifestación de quien, como miembro destacado del máximo órgano de la jerarquía católica en España, no debería ignorar la histórica trayectoria de su Iglesia, en sistemática y tenaz oposición, al paso de los siglos, a cualquier avance en los citados derechos humanos.

Al escribir estas líneas tengo ante los ojos un viejo catecismo que hube de estudiar en mis años infantiles, del que he entresacado dos párrafos significativos:

"Los principios del liberalismo son las libertades de cultos, de conciencia, de imprenta, de pensamiento, etc., así como las escuelas laicas, el matrimonio civil, etc.”.

“Todos esos principios son falsos filosófica y teológicamente considerados, y perniciosos en la práctica… y pueden ser tolerados como un mal menor a fin de evitar otros mayores”.

La aparente tolerancia del texto (otros la llamarían hipocresía habitual de la Iglesia católica cuando no disfruta del poder político) se debe a que el citado catecismo fue editado en tiempos de la 2ª República. Todo rastro de tolerancia desapareció una vez derrotada ésta por las armas, como es de sobra conocido.

Ocurre que, para apoyar a ese sector de ciudadanos decididos a incumplir la legalidad, amparándose en su pretendido derecho a la objeción de conciencia, ha visitado España el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe (antes llamada Santo Oficio de la Inquisición), uno de los más altos jerarcas del Estado de la Ciudad del Vaticano, con el que España mantiene relaciones diplomáticas de carácter privilegiado.

¿Se sabe que el Nuncio del Vaticano en Madrid haya sido convocado en el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir explicaciones por tan evidente ingerencia en lo que son asuntos propios de los españoles? ¿O que haya sido llamado a consultas el embajador de España en la Santa Sede, con análoga finalidad?

Porque para valorar mejor este asunto bastaría con imaginar qué hubiera ocurrido si cualquier miembro destacado del Gobierno ruso se hubiera permitido actividades de análogo cariz. ¡Cuántas vestiduras rasgadas y cuánta santa ira desmelenada en radios y periódicos sobre la insoportable intromisión de un estado extranjero en nuestra política interior!

Sirva este ejemplo para cobrar conciencia de la favorable vara de medir que en España se aplica a todo lo que, aun de refilón, roza a la Iglesia de Roma, y de la necesidad urgente de normalizar tan anómala situación.