También en lenguaje diplomático, el Gobierno del país que sufre esta medida puede replicar adoptando análoga decisión y retirando a su embajador, si desea mantener la presión y, probablemente, agravar un poco más la situación. Por el contrario, puede no darse por aludido y dejar las cosas como están, a la espera de que ulteriores medidas apaciguadoras y el paso del tiempo hagan retornar las relaciones a su nivel normal y enfriar definitivamente el conflicto. Al escribirse estas líneas, ésta parece ser la postura adoptada por el Gobierno de España y la tónica moderada con la que acaba de comenzar la visita.

No es nada nuevo el hecho de que las relaciones hispano-marroquíes sufran, a veces de modo imprevisto, altibajos notables, a causa de los varios intereses conflictivos existentes entre ambos países. Pero como también son numerosos los intereses coincidentes, de ahí que estos periodos febrífugos que elevan de cuando en cuando la temperatura de la relación entre ambos países no sean de muy larga duración y no lleguen a alcanzar el punto de no retorno. No debe sorprender que todo esto ocurra entre dos Estados que en el pasado se han enfrentado en varias ocasiones y cuyos “lazos históricos”, a los que tan a menudo se alude en sentido encomiástico, han dejado impresa en ellos la nefasta huella del colonialismo y sus inevitables secuelas.

Todo lo anterior no quita importancia a la decisión adoptada por Marruecos ni evita la posible agravación del conflicto. Es siempre peligroso, en cualquier país, azuzar a la opinión pública en uno u otro sentido y, una vez excitada, adoptar las decisiones apropiadas para satisfacerla. Y mucho más peligroso es, todavía, dejarse arrastrar por esta dinámica, tan poco controlable, cuando lo que se desea es distraer a la ciudadanía de otros problemas internos, agitando el señuelo de una antigua y popular hostilidad exterior, como a menudo ha hecho en el pasado el Gobierno de Rabat.

No constituye un alivio de la actual tensión saber que en ambas ciudades españolas “se ha desatado la euforia patriótica”, o que los miembros del fantasmal Parlamento del vecino país consideren la visita “una seria provocación y un ataque al pueblo marroquí”, y organicen manifestaciones para mostrar su hostilidad a España. Y no porque las expresiones de patriotismo español y marroquí, respectivamente, no tengan ciertos fundamentos comprensibles, sino porque el apasionamiento ciego puede llevar a estallidos de violencia, si en lo que es legítima aspiración de unos pueblos se infiltran actividades agitadoras, siempre decididas a llevar el agua a su molino.

Es, pues, muy recomendable para las autoridades de ambos países mantener la calma y encontrar, por el momento, el punto de equilibrio entre el innegable derecho de los Reyes de España a visitar dos ciudades españolas, y el del Gobierno y el pueblo marroquíes a expresar su permanente reivindicación sobre ellas —a las que llaman “ciudades expoliadas”—, dentro de los términos de pacífica y obligada convivencia entre dos pueblos vecinos.

En poco contribuyen al éxito del viaje real declaraciones como las del diputado del PP Gustavo de Arístegui, máxime cuando fue su partido el que más complicó las relaciones hispano-marroquíes y al que evidentemente molesta hoy el hecho de que haya sido un Gobierno socialista el que haya propiciado la primera visita oficial de los Reyes a las dos ciudades africanas. Considerar ésta en simple clave electoral revela tanta ruindad como todo lo que ha rodeado a la esperpéntica actuación del principal partido de la oposición en torno al juicio y sentencias dictadas por los atentados del 11M.

Por último, no se asuste el lector si escucha una nueva amenaza de “Marcha Verde” contra Ceuta o Melilla. Todo eso forma parte de la dinámica del actual conflicto, pero se puede sospechar que ni los intereses españoles ni los propiamente marroquíes resultarían beneficiados si la tensión subiese hasta tan peligroso punto. Es de esperar y desear que la razón se imponga a la pasión, también en Rabat.