LA PALABRA JUSTICIA
NO EXISTE EN EL LEXICO POLITICO

La justicia italiana inició una investigación contra Manuel Contreras por delitos de lesa humanidad perpetrados por la DINA en Chile, Argentina, Uruguay y otros países latinoamericanos. Corresponden a homicidios de ciudadanos italianos, algunos cometidos durante la "Operación Cóndor". Por lo cual, la jueza italiana Carmelita Agata Russo, ha remitido a Chile un exhorto solicitando que la justicia comunique a Contreras que debe determinar una residencia en Italia con el fin que pueda ser notificado de las resoluciones judiciales que en su contra se adopten. Pero, la acción de tribunales de otros países contra el ex jefe de la DINA no es reciente. La Corte Suprema ha conocido otro exhorto provenientes de Italia, por el atentado a Bernardo Leighton y su cónyuge (0610.1975) en Roma y en el que actuaron grupos neofacistas de ese país, contratados por la dictadura de Pinochet. Por este doble homicidio frustrado la justicia italiana condenó en ausencia y en calidad de "autores inductores" a Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann (20 y 18 años de presidio, respectivamente) penas que no cumplieron. La Corte Suprema rechazó sus extradiciones. Una vez más la justicia chilena asumía la defensa de asesinos del período dictatorial, con la complacencia y silencio cómplice del gobierno.

Los crímenes cometidos por los servicios represivos que integraban la Operación Cóndor son conocidos. La divulgación de sus archivos así lo certifican. Pero, el ex director de la DINA negó su existencia, cuando un juez argentino pidió su extradición por el asesinato del general Prats y su esposa. En efecto, Contreras dijo cínicamente que "jamás hubo una "Operación Cóndor". Sin embargo, reconoció "que siempre ha existido" contacto entre los servicios de inteligencia de los países de Sudamérica. "Nos reunimos no solamente en 1975, sino que varias veces cuando era necesario, y no en Santiago sino que en cualquier parte". Intentó además ocultar el carácter criminal de esa asociación, señalando que tales reuniones tenían por objeto sólo "intercambiar informaciones" sobre "esta guerra subversiva que se llevaba a cabo en cada uno de los países del Cono Sur".

GLOBALIZARON EL TERRORISMO
Las fraudulentas declaraciones de Contreras provocaron reacciones . El abogado Nelson Caucoto dijo que el ex jefe de la DINA "nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones, bastante destempladas". A su juicio, Contreras ha desarrollado "un arte de fabular" a través del cual "inventa una historia que se la cree él mismo". Además, reiteró que en dicha operación, a la que calificó como un "Mercosur del terror", Contreras fue "jefe de la represión más inmensa y dramática en la historia del Cono Sur". Pero las más demoledoras prueba contra las afirmaciones de Contreras las presenta el fundador de la Asociación Americana de Juristas, el abogado paraguayo Martín Almada, al declarar ante el juez Guzmán, que fueron Pinochet y Contreras los que inauguraron la globalización del terrorismo en el mundo: "Lo que Contreras y Pinochet hicieron, según el documento que hemos encontrado en Asunción llamado “reunión de inteligencia” y que yo llamo más bien acta de nacimiento del Plan Cóndor, fue establecer las grandes líneas, que ellos van a salvar la civilización occidental y cristiana. Esta es una guerra santa de Pinochet y Contreras, un terrorismo de estado. Ellos globalizaron el terrorismo y no se dieron cuenta que 25 años después vendría la globalización de la justicia con Baltazar Garzón", dijo Almada.

Para el abogado paraguayo, la Operación Cóndor se inició oficialmente en Chile a fines de 1975. "Pero de hecho eso ya funcionaba, porque yo, agrega, me enteré de la existencia del cóndor en el vientre del Cóndor". En efecto, denuncia que en sus interrogatorios "participaban agregados militares de todos los países del Cóndor " e incluso el coronel chileno (r) Jorge Oteiza López perteneciente a la FACH y que es célebre por ser uno de los torturadores en la Academia de Guerra Aérea, y el comisario argentino Héctor García Reyes. Almada confía que con los documentos que entregó al juez Guzmán se pueda alcanzar la justicia. "Los que nos negaron el derecho a la vida, a la libertad, hoy quieren gozar de ella como si nada y eso no puede ser. No existe perdón auténtico si no se da la verdad y la justicia". Almada ya declaró ante el juez argentino Rodolfo Canicoba, ante el magistrado francés Roger Le Loire, el juez español Baltazar Garzón y el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, todos ellos investigan a Pinochet y Contreras como los responsables de la Operación Cóndor.

Archivos secretos de los servicios de inteligencia del Cono Sur que ahora constan en poder del juez Juan Guzmán develan cómo funcionó la Operación Cóndor. Aunque fue en noviembre de 1975 cuando se firmó el acta oficial en que Contreras junto con los otros jefes de los servicios de inteligencia del Cono Sur acordaban ayuda mutua en la tarea de reprimir a los opositores a los regímenes de facto, informes revelan que desde principios de 1974 comenzaron las conversaciones que sirvieron de base para los operativos que dieron muerte a cientos de personas. Al respecto, el Informe Rettig estableció que entre 1975 y 1976 significó la desaparición de 33 chilenos que fueron capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileños y entregados luego a la DINA. Para ello, los agentes represivos tenían amplias garantías para su cometidos criminales. Gozaban de inmunidad diplomática que les permitía viajar libremente. Además, contaban con apoyo de la Cancillería, Correos y al menos 30 empresas ficticias que, en el caso de la DINA, le proporcionaban un mayor financiamiento y, los viajes dentro del continente eran "favores" de las líneas áreas Lan Chile y Líneas Aéreas Paraguayas.

La historia del Cóndor esta unida a la creación de la DINA. En 1974  Contreras sostuvo reuniones con el general Ramón Camps, quien años después diría que "en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso". También Contreras tuvo el respaldo del general Iberico Saint Jeant, quien durante la dictadura militar argentina dijo: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos".Pero uno de los apoyos más importantes se concretó en agosto de 1975 cuando Contreras se entrevistó con Vernon Walters, director de la CIA, que respaldó la acción criminal de los gobiernos de facto de la región.

FACETAS BESTIALES Y CARENCIA DE PRINCIPIOS
La criminalidad de los uniformados no termina aún de ser conocida en toda su magnitud. Nuevos antecedentes revelan facetas bestiales y carentes de los principios que dicen poseer los ”hombres” de Pinochet. El juez Juan Guzmán conoce una querella de una decena de ex oficiales del Ejército que acusan a sus ”compañeros de armas” de ser autores de los delitos de secuestro, asociación ilícita y aplicación de torturas. Ella detalla delaciones y torturas que hubo al interior del Ejército, sin realizar Consejos de Guerra, sino con procesos fraudulentos, faltos de antecedentes y  fundados en la delación traidora de oficiales interesados en ascensos y prebendas que prodigaba Pinochet y sus más cercanos esbirros entre los oficiales que se destacaban en la represión y asesinato de un pueblo indefenso. Tales acusaciones han sido dados a conocer por algunos medios de comunicación de Chile. Pero, a pesar de ello, las autoridades de gobierno y las cúpulas directivas de los partidos que lo apoyan han guardado silencio. Pronunciarse y/o condenar las violaciones a los DD.HH no son preocupaciones de aduladores y protectores de quienes, individual o institucionalmente, son responsables de crímenes de lesa humanidad.

Entre los antecedentes que contienen los medios de comunicación sobre la indicada querella se destaca que el mayor (r)Florencio Fuentealba Aguayo fue detenido el 30.09.1973 por orden del juez militar general Sergio Arellano Stark. Fue trasladado a Santiago. "El 1o.10.1973 oficiales del Regimiento Blindados me llevaron al Casino de Oficiales de dicho Regimiento donde permanecí hasta el 18.10.1974 con guardia permanente armada con fusil hasta para ir al baño o duchas. Al mando de este regimiento se encontraba el Coronel Alfredo Calderón Campusano quien más tarde sería ascendido a general". Además, agrega que "fue sometido a golpes con la vista vendada, a posiciones forzadas, a interrupción del sueño con golpes de puertas y luces encendidas y amenazas de muerte… ". En el Segundo Juzgado Militar se estampó una denuncia en que lo acusaban de sedición, la que fue instruida por Arellano Stark. Mientras permanecía detenido fue llamado a retiro.

También se destaca el caso del mayor (r)Fernando Reveco Valenzuela: El 30.09.73, mientras se desempeñaba como jefe militar de Chuquicamata, el "coronel (r)Eugenio Rivera le comunicó que debía trasladarse a Antofagasta, "citado por la Junta de Gobierno", es decir, por orden de Pinochet. Allí fue desarmado por los cinco coroneles que comandaban las Unidades Militares. Al día siguiente, fue trasladado a Santiago. Fue sometido a un Consejo de Guerra dirigido por el teniente coronel (r) Manuel Rodríguez (reconocido torturador que se encubría con la chapa "El Polaco"). En el interrogatorio se le preguntó si participó en una reunión donde varios oficiales habían dicho que votarían por Allende (elección de 1964), hecho que confirmó. Con esta "confesión" comenzaría una etapa dramática de su vida. "Después del interrogatorio fui trasladado, siempre encapuchado, a una habitación donde percibí que había gran número de militares y aviadores en la misma situación mía… Se escuchaban gritos desgarradores. Algunos prisioneros llegaban en muy malas condiciones y caían al piso de donde eran levantados a culatazos". Más tarde, mientras se lavaba, un capitán de apellido Zara le indicó: "usted tuvo suerte mi mayor porque todos los que trajeron anoche fueron fusilados hoy en la mañana. Le dije: esto significa que fueron asesinados, y él no dijo nada". Posteriormente, la tortura psicológica sería reemplazada luego por la física. Dice Reveco: " Después de estar incomunicado 21 días sin saber nada de mi mujer y mis dos niños entran unos soldados y me ponen una capucha y me suben a un vehículo que me traslada a un lugar que posteriormente ubico como la Academia de Guerra Aérea. Esta vez me bajan a un sótano con muchos prisioneros… de pronto escucho mi nombre, me identifico y soy conducido por dos hombres a una sala… Me desnudan y amarran de pies y manos….. Una voz pregunta qué clase de contactos he mantenido con Carlos Lazo, vicepresidente del Banco del Estado, es primera vez que escucho este nombre; se los digo y siento un dolor espantoso en los testículos, me han aplicado electricidad…”. Durante un año, cinco meses y cuatro días Reveco fue sometido a vejámenes. Mientras que en el caso del capitán (r)Carlos Vergara González siguen esa misma línea de tortura psicológica. Fue arrestado por orden del General Carlos Forestier, actualmente procesado por el secuestro de personas en el campo de Prisioneros de Pisagua. Entre sus agresores figuran el coronel (r)Odlanier Mena, el comandante (r)Alfredo Oyarzún, el capitán (r) Hernán Gaete y el oficial de Inteligencia de Arica, teniente coronel (r)Aguayo.

El coronel (r)Efraín Jaña afirma: el "Estado debe asumir su responsabilidad sobre lo que sucedió con sus oficiales". Recuerda que fue detenido en de octubre de 1973 en el Regimiento Blindado No 2. En él participa Manuel Contreras, que lo citó "como resultado de una reclamación que yo le formulaba por el allanamiento a mi casa efectuado por personal de su servicio". Denuncia que "vejado por suboficiales que le apuntaban con armas, lo que atentó contra los valores militares sustentados durante 30 años de servicio en la institución". Arellano Stark es el encargado de dirigir el fraudulento juicio que lo condena a 5 años de presidio.

El juez Juan Guzmán Tapia ha interrogado recientemente al coronel de Ejército (en servicio activo) Conrado García Giaier, comandante de la Dirección de Logística, por su participación en los fusilamientos y torturas ocurridas en el campo de concentración de Pisagua. La denuncia contra García fue ratificada al menos por 12 ex prisioneros políticos detenidos en ese campo de concentración. Mientras ocurría este hecho, fue presentada una querella contra el ex dictador Pinochet por nueve mujeres que sobrevivieron al centro de torturas de la DINA de calle José Domingo Cañas. Ella es también contra  la plana mayor de la DINA y sus torturadores, como Manuel Contreras, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff, Basclay Zapata y Osvaldo Romo.

Ante todos estos hechos, el gobierno guarda silencio. La palabra justicia ha sido borrada de su léxico político, mientras los tribunales se preparan para aplicar amnistía a tales criminales.