DERECHOS HUMANOS
Y CARRERA ARMAMENTISTA

Sorpresa ha provocado la desaparición del expediente judicial con los antecedentes de remoción de osamentas de detenidos desaparecidos desde la Cuesta Barriga. Están misteriosamente ”extraviados” en la Corte de Apelaciones de Santiago. Fueron enviados el 15 de noviembre pasado al presidente de ese tribunal por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Carreño, aduciendo que los hechos que investigaba, incidian en la causa que tramitó el ministro Carlos Cerda Fernandez en contra del Comando Conjunto, y que fue cerrada en 1986 por la aplicación de la Amnistía, que actualmente esta en manos del juez Mario Carroza

La pérdida del expediente causa sospechas y preocupación entre los familiares de la víctimas. Tal increíble hecho paraliza la investigación para determinar responsabilidades penales por la remoción de las osamentas de Cuesta Barriga. Además, impide la iniciación de las investigaciones para determinar la identidad de los responsables de la detención y desaparición de unas ocho personas que fueron inhumadas y exhumadas ilegalmente en el mencionado lugar. Investigación rechazada por el juez Carreño cuando remitió los antecedentes al juez Carroza para que investigara los hechos. En efecto, según la información entregada por la Armada a la "Mesa de Dialogo", en la Cuesta Barriga fueron sepultados clandestinamente Fernando Ortiz, Horacio Cepeda, Reinalda Pereirra, Luis Lazo y Fernando Navarro. Las excavaciones ordenadas por el ministro Carreño sólo logró identificar a dos personas, gracias a pequeños fragmentos óseos.

Los familiares de las víctimas de la dictadura califican a Carreño como "fue un buen excavador, pero no un bueno juez". Además, acusan que nunca solicito antecedentes al Ejercito y la Armada, instituciones castrenses reponsables de los delitos señalados y que rechazó abrir un sumario criminal sobre las remociones. Por lo cual, su conducta lo identifica más como protector que juez de los criminales que debiera investigar y sancionar. Los familiares de las víctimas estiman que se limitado a establecer una limitada existencia de restos óseos y la identidad de algunos desaparecidos, pero negándose a la persecucion de responsabilidades penales de los responsables de sus desapariciones. En efecto, el magistrado estableció la identidad de Fernando Ortiz y Horacio Cepeda y espera los análisis de los fragmentos óseos por el Servicio Médico Legal para identificar otras osamentas para terminar su ”reponsabilidad de hacer justicia”. Completar la ”labor” sería responsabilidad del juez Mario Carroza. Magistrado que se declaró incompetente y remitió los expedientes a la Corte de Apelaciones. Consideró que tal labor incidia en la causa que tramitó Cerda Fernandez, por la desaparición de 13 militantes comunistas entre fines de 70 y 1986. Los documentos se perdieron. Eran cientos de hojas, fotocopiadas protocolizadas por Carreño y remitidas a Carroza.

El círculo de la impunidad absoluta tiende a cerrarse. La alternativa en pos de justicia de los familiares de las víctimas, es presentar acciones judiciales que conduzcan a identificar y sancionar a los responsables de haber exhumados y removidos los cadáveres de sus deudos. Tal acción ha sido resuelta por Antonia Cepeda, hija del ex dirigente del PC Horacio Cepeda. Para ella, hay un proceso pendiente: las exhumaciones y remociones de cuerpos constituyen delito que no pueden quedar impunes por la disposición que impusiera el gobierno de Lagos de mantener en secreto la identidad de la fuente que avaló los datos entregadospor las FF.AA en la Mesa de Diálogo.
 

NUEVA QUERRELA CONTRA EL CHACAL

A juicio del abogado querrellante, el asesinato del sacerdote implica "los delitos de homicidio calificado, secuestro calificado, asociación ilícita, terrorismo de Estado, inhumación y exhumación ilegales. Es un crimen en el que la justicia ha tenido un rol pasivo y  marcado por una evidente  protección a los victimarios. Además, detalla que se lograron reunir pruebas y antecedentes sobre el acto delictual mediante una labor intensa de familiares y profesionales. Material contenido en el libro ”Sangre sobre la Esmeralda”, escrito por Edward Crouzet. 

Sergio Concha denuncia: "El murió por las torturas que se le aplicaron en la Esmeralda, seis o siete horas después de haber sido detenido. Fueron tan brutales las torturas que vivió pocas horas. No hubo proceso ni cargos, ni compareció ante ningún tribunal, no hubo condena ni nada". Woodward era un sacerdote que vivía en la población Progreso y que se dedicaba a ayudar a los pobladores. En su este crimen "estuvieron jefaturas de zona de la época, jefaturas de servicios de inteligencia, personal del cuerpo de infantes de marina que efectuaron la detención, oficiales de esa época de la Esmeralda", acusa el abogado.
 

OTROS CRIMENES DE LA DICTADURA

Aldoney fue detenido por Carabineros de Limache (12.09.73). Fue torturado y enviado a la Base Aeronaval de El Belloto, donde tambien fue sometido a torturas por efectivos de la Armada, que están identificados. En ese recinto fue reconocido por testigos (detenidos y efectivos de la Armada) que han declarado haberlo visto torturado y en estado agónico. Después se pierde su rastro. Hasta establecerse que había sido enviado al campo de prisioneros ”Isla Riesco”. En este lugar, de acuerdo a las investigaciones, habrían restos de desaparecidos de la región, pero no los de Aldoney. En efecto, testimonios recibidos por la jueza señalan que habría muerto a raiz de las torturas en el mismo centro de detención de Quilpué y luego inhumado ilegalmente. Otras versiones afirman que habría sido enterrado junto a otros ejecutados en la Aeronaval, mientras otras sostiene que los restos fueron enterrados en el campamento de prisioneros Isla Riesco. La jueza ha descartado El Belloto como lugar de inhumacion de Aldoney, concentrando las investigaciones en Isla Riesco, lugar que ha sido rastreado sin resultados positivos. Sin embargo, se asegura que han sido hallados restos óseos que corresponden a otros detenidos desaparecidos de la Región.

El diario electrónico ”Zonalimpacto”.cl sostiene que el 14 de septiembre de 1973, Aldoney se hallaba no sólo grave por efecto de las torturas, sino además aquejado de una neumonitis. En tales circunstancias y con un informe médico, fue subido a un helicóptero. Habría dejado de existir frente a Concón, donde habría sido arrojado al mar. De acuerdo a los mismos antecedentes, concluye la publicación, la jueza Gabriela Corti está abocada a establecer la identidad de quienes dieron la orden de lanzarlo al mar y quienes la ejecutaron.

La jueza Corti ha citado, en este proceso, a declarar al almirante (R) Jorge Arancibia, actual senador por la UDI, quien evade concurrir al tribunal a la espera de asumir como parlamentario y obtener los beneficios procesales del cargo. Además, ante la inminencia de tener que declarar, intenta hacerlo por oficio, Mientra tanto, insiste que no sabe absolutamente nada. El senador derechista fue citado a declarar porque cuando ejerció la Jefatura de la Armada, a petición del ex Intendente Gabriel Aldoney -hermano del detenido desaparecido- conformó un equipo de trabajo que investigó lo sucedido con el ex interventor. Los resultados de dicha investigacion nunca entregados al ex Intendente ni puestos a disposicion de la Justicia. Asi, encubría la posición sostenida por la Armada de ser la única institución castrense que no estuvo comprometida en violaciones contra los DD.HH. Pero la realidad desmiente tales falacias: desde los primeros dias del golpe militar, sus efectivos torturaron y asesinaron a militantes de izquierda en sus campos de prisioneros (Isla Riesco, Puchuncaví, El Belloto, etc.)

Nuevas pruebas del genocidio dictatorial salen a la luz pública. La jueza Amanda Valdovinos informó se había descubierto una fosa clandestina en el Fuerte Arteaga (Colina), donde habría permanecido los restos de ocho a diez personas. También sostuvo que tiene la seguridad que estos cadáveres fueron removidos al menos una vez, ya que en lugar hallaron más de 300 fragmentos óseos. Dijo: "… se encontró, luego de algunos testimonios de personas que fueron al recinto militar, una fosa irregular porque hay seguridad de que hubo, al menos, una remoción. Eso lo está determinando los peritos".Este grupo de personas podría corresponder a los detenidos el 11 de septiembre del 1973 en La Moneda.

Mientras tanto, personal del SML y de Investigaciones iniciaron, por resolución del juez del Segundo Juzgado del Crimen de Chillán, Jorge Quintana., realizan excavaciones en dos terrenos de la comuna de Coihueco en busca de restos de detenidos desaparecidos. Las víctimas de los esbirros de la dictadura militar son el ex regidor Carlos Montecinos y el campesino José Cofré Obadilla. Ambos desaparecieron en septiembre de 1973, tras ser detenidos en la antigua tenencia de Carabineros de dicha comuna (8o Región). Dichas excavaciones se efectúan en un sitio particular, donde en 1976 se encontraron algunas osamentas y en el lugar donde funcionó la tenencia policial. Por lo cual, el jefe de esa unidad policial de la época, mayor (r) Luis Romo Morales se encuentra detenido en la Prefectura de Carabineros de Ñuble, sometido a proceso por el secuestro calificado de los 2 militantes del PC.
 

ES ESTIMULAR LA CARRERA ARMAMENTISTA

Muchos argumentos brotan de La Moneda y de las oficinas de la clase política para justificar tal adquisición. Cada uno de ellos se estrella con lo que piensan aún militantes del PS como el dirigente Vacarezza de Concepción, que sostiene que una inversion de esta naturaleza representa la muerte de seres humanos. Es estimular la carrera armamentista y borrar todo lo avanzado en pos de la paz. En efecto, con Argentina existe un proceso de homologación del armamento. Este mismo proceso comienza a realizarse con Perú, cuyo presidente ha expresado la necesidad de congelar la compra y disminuir la existencia de armamento. Se realizan esfuerzos bilaterales para la paz y resolución de los problemas con Bolivia. Chile había comenzado la eliminacion de las minas antipersonales en la frontera con ese vecino.

El gobierno de Lagos gasta 660 millones de dólares en la compra de aviones. Valor que no incluye el pago de intereses (250 millones de dólares), tampoco los gastos de mantencion, de personal, combustibles, infraestructura, etc. Se calcula que será un total de 1.100.000 millones de dólares. Mientras que los chilenos sufren las consecuencias del desempleo y de los problemas de la pobreza, salud, educación, delincuencia, vivienda, previsionales, etc. Gastar en armas es una inconsecuencia del gobierno de la Concertación, mientras la derecha y los grupos económicos y patronales aplauden. En todo caso, los 660 millones de dólares, que falazmente presentan como el total del gasto, equivale a: construir 90.000 viviendas de 5 millones de pesos cada una. O a cancelar un monto equivalente a un salario mínimo durante un año para 350.000 chilenos.

Ante las adquisiones de armamentos de Chile, las FF.AA. y sectores políticos de los países limítrofes disponen de argumentos para que sus gobiernos adquieran más armas. De este modo se vitaliza una carrera armamentista que sólo beneficia a los fabricantes y traficantes y a los políticos que los apoyan. Los chileno no quiere guerras ni  gastos para armas. Por lo cual, es inconcebible para una gran mayoría que Michelle Bachelet (PS), hija de un asesinado por torturas, y que el presidente Lagos (PS-PPD) adopten una decisión tan reaccionaria e inconsecuente, olvidando que el valor de un tanque, de los 200 que ha comprado recientemente el ejército equivale al presupuesto anual de la División de Cultura del Ministerio de Educación del gobierno de la Concertación.