37 años de lucha de las FARC-EP

En 1964 el gobierno colombiano, con 16.000 soldados, comenzó la operación de exterminio contra 46 hombres y dos mujeres que estaban bajo el mando del Comandante Manuel Marulanda. El presidente Guillermo León Valencia, ordenó la agresión a Marquetalia, acusándola de ser una "Republica Independiente", Para la operación de exterminio, los mandos militares estaban asesorados por oficiales del Pentágono y respaldados por la prensa oficialista y de los grupos económicos, las directivas de los dos partidos tradicionales y los latifundistas. Confiaba en que necesitba escasa semanas para acabar con  los rebeldes. Los marquetalianos después de ser agredidos, decidieron levantarse en armas.

Antes de la agresión, las FARC hicieron llamamientos públicos al Congreso, los partidos políticos, las organizaciones sociales, personalidades civiles y militares, Iglesia Católica, ONU, Cruz Roja internacional,  intelectuales de Europa, etc., para que persuadieran al gobierno de Colombia de dar una solución pacífica y satisfactoria a las peticiones de los marquetalianos, sin recurrir a la confrontación armada. Pero se impuso la intransigencia y la voracidad de la oligarquía gobernante, a quien le pareció mas barato no invertir 5 millones de pesos en la construcción de vías, escuelas, centros de salud y un mercado de venta para sus productos, sino liquidarlos físicamente para continuar su política de "tierra arrasada", expropiando a los campesinos de sus tierras y entregando riquezas y soberanía a los intereses del capital transnacional.
 

LOS PRIMEROS DIALOGOS DE PAZ

Los militaristas, tanto de uniforme como de civil, obstaculizaron el cumplimiento de los Acuerdos, recurriendo a asesinatos selectivos, masacres, desapariciones, amenazas y torturas de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, del PC, de dirigentes sindicales y sociales. Este plan de exterminio se denominó en los países del Cono Sur (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay), que también lo vivieron, "Guerra Sucia", para significar el terrorismo desatado por el propio Estado, dentro de una concepción contra insurgente, diseñada por el Pentágono y la CIA con el fin de evitar que se repita en la región otra revolución socialista, como en Cuba.
 
La operación de exterminio "Centauro" (12.1990), contra el Secretariado de las FARC-EP, en Casa Verde, ordenada por Cesar Gaviria, terminó con el proceso de Diálogos. El gobierno consideró llegado el momento de doblegar a la insurgencia, aplicándole la fórmula del ex presidente Alfonso López Michelsen: " A la guerrilla hay que derrotarla primero y después sentarla a conversar". Cuando consideraron que habían casi aniquilado a la FARC-EP, ofrecieron Diálogos. Los dirigentes del movimiento guerrillero fueron a Cravo Norte, luego a Caracas y terminaron en Tlaxcala (México), en otra demostración de su voluntad lograr una salida política al conflicto social y armado. Gaviria, unilateralmente determinó suspender las conversaciones con la guerrilla, usando como pretexto que ésta no tenía voluntad política, porque durante las conversaciones hubo respuesta militar de la insurgencia a los operativos de las fuerzas militares.

El Gobierno de Ernesto Samper, ofreció a las FARC-EP, diálogos en medio de la guerra. Estas expresaron su disposición de aceptar tal propuesta siempre y cuando se desmilitarizara el municipio de la Uribe. Pero los militares, encabezados por el general Harold Bedoya, se opusieron y amenazaron con un golpe de Estado, si el presidente aceptaba la petición de las FARC. Samper que conocía la grave crisis que para su gobierno significaba el financiamiento de millones de dólares del narcotráfico a su campaña electoral, no enfrentó a quienes se opusieron a los diálogos y al igual que Gaviria, declaró la guerra contra el pueblo y sus organizaciones revolucionarias. Fueron otros 4 años de confrontación política-militar contra el Estado y sus organismos represivos.

El Comandante Marulanda en carta dirigida al Presidente de Costa Rica, José María Figueres, anunció la disposición de las FARC de dialogar en Colombia, con el gobierno que desmilitarizara cuatro municipios en el Meta (La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa). Quienes ya habían rechazado la propuesta de desmilitarizar la Uribe, consideraron descabellado la nueva propuesta.

El Pleno del Estado Mayor de las FAR (noviembre de 1997), exigió al gobierno que sucediera a Samper la desmilitarización, no de 4 sino de 5 municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá, la Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa); así como el retiro de los grupos paramilitares, como condición para iniciar diálogos hacia la búsqueda de la paz con justicia social. Estas condiciones fueron dado a conocer al país y al mundo, por el Jefe de las FARC-EP.
 

LAS PROMESAS DE PASTRANA Y LA REALIDAD

Dos días después de instalada la Mesa Nacional de los Diálogos, más de 200 colombianos, civiles indefensos, fueron asesinados por las organizaciones paramilitares. En rechazo a éste baño de sangre, las FARC-EP decidieron congelar los Diálogos hasta que el Gobierno demostrara resultados satisfactorios en el combate contra el paramilitarismo. Sin obtener del Gobierno tales resultados, las FARC-EP descongelaron los Diálogos, entregándole al Alto Comisionado para la Paz, un nómina de militares, políticos, ganaderos, congresistas, empresarios, latifundistas, narcotraficantes y terratenientes comprometidos con el terrorismo de Estado. Las FARC regresaron a las conversaciones con el interés de avanzar en la elaboración de la Agenda Común y dar tiempo a que el Gobierno que cumpliera su compromiso de diezmar las bandas paramilitares y de romper su vínculo con los militares y de Policía.

Las partes en la Mesa de Diálogos firmaron la ”Agenda Común Por el Cambio hacia la Nueva Colombia”, con 12 temas fundamentales a tratar en la búsqueda de soluciones a la crisis colombiana. Para garantizar la participación de diversos sectores sociales, fue creado el Comité Temático Nacional con representación del gobierno y las FARC-EP. Las funciones de éste eran: Coordinar la realización de las Audiencias Públicas, servir de vínculo entre la Mesa y todos los sectores sociales interesados; y resumir el conjunto de propuestas recogidas en las Audiencias, para presentarlas a la Mesa de Diálogos.
 
Los avances de la Mesa generaron expectativas de paz. Se consideró de beneficio para el proceso, organizar la Gira Internacional de la Mesa, visitando a algunos países de Europa, empezando por Suecia y Noruega, con el propósito de explicar el estado del proceso de paz. La gira resultó exitosa. Las dos partes fueron recibidas en condición de iguales y fue evidente el interés mostrado por los países visitados, por conocer interioridades de las conversaciones; así como por visitar ellos también la Zona Desmilitarizada, en un gesto recíproco. Mientras se dinamizaba el proceso, el Gobierno no daba respuesta a las FARC sobre los crímenes cometidos por el ejército y la policía a nombre de las bandas paramilitares. Cuando todo estaba dispuesto para la realización de la Audiencia Pública Internacional sobre sustitución de cultivos ilícitos y medio ambiente, con la presencia de representantes de la comunidad mundial, Pastrana decide unilateralmente suspenderla indefinidamente, pretextando la supuesta autoría de las FARC en el asesinato de Elvia Cortés, con un "collar  de bomba". Crimen perpetrado por la inteligencia gubernamental. Superada esta provocación, que buscaba desprestigiar a las FARC-EP y romper el proceso, se logró persuadir al gobierno para que cumpliera el acuerdo de hacer la Audiencia en el mes de julio de 2000. Y así se hizo. La comunidad internacional fue testigo de la propuesta de las FARC-EP de desmilitarizar Cartagena del Chaira para convertirla en municipio piloto de la sustitución de cultivos ilícitos. También comprobaron su disposición para discutir las propuestas de la Agenda Común. Así como de subsidiar a los desempleados, mientras se buscaba el consenso para firmar el acuerdo de erradicar el desempleo.

En el mismo año se hizo pública la propuesta de legalizar las drogas, con el objetivo de aportar elementos de solución al tráfico mundial de alucinógenos. No hubo respuesta del Gobierno, porque el aceptarla implicaba dejar de recibir millonarios recursos del Plan Colombia y no tendría manera de justificar su guerra contra el pueblo, pretextando el combate al "narcotráfico y al terrorismo", ni podría acusar a las FARC-EP de participación en el tráfico de drogas.
 

UNA ESTRATEGIA DE GUERRA CONTRA EL PUEBLO

En la tercera entrevista de Pastrana con Marulanda, se firmó el Acuerdo de los Pozos, compuesto por 13 puntos., De ellos, son importantes el número 3 y el 10. El número tres dice "El Gobierno y las FARC-EP coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Para tal efecto, la Mesa de Diálogo y Negociación creará una comisión con personalidades nacionales que le formulen recomendaciones en estas dos direcciones". Resultado de lo anterior las FARC aceptaron nuevamente descongelar los diálogos, para continuar la discusión de los temas de la Agenda Común y desarrollar las propuestas de nuevo acuerdo.
 
El número 10 del Acuerdo de los Pozos dice: "Las FARC-Ejército del Pueblo no se oponen a los proyectos de erradicación manual y de sustitución de cultivos ilícitos, pero reiteran que un proceso tal, debe adelantarse de común acuerdo con las comunidades. El Gobierno Nacional y las FARC coincidimos en la importancia estratégica de trabajar en la protección y la recuperación del medio ambiente". Este Acuerdo fue incumplido por Pastrana, porque, lejos de concertar con las comunidades la erradicación manual de los cultivos ilícitos, la fumigación aérea se intensificó, volviéndose indiscriminada, lo que afectó los cultivos de plátano, yuca, maíz, etc de los campesinos, fuera de los daños ecológicos causados al medio ambiente. Cuando públicamente se le exigió al presidente que cumpliera la acordado, quién respondió fue la Embajadora de EE.UU Anne Patersson, quien dijo, que su país no suspendería las fumigaciones.

La Mesa, en base al Acuerdo de los Pozos, nombró una Comisión encargada de formular recomendaciones, para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Estas recomendaciones no obligaban a las partes. La Mesa las recibiría para su intercambio y estudio por cada una de las partes y después se haría la discusión. Transcurrieron varios meses sin que el gobierno se interesara en el análisis y la discusión colectiva de las recomendaciones. En cambio, se limitó a decir que la propuesta de la Comisión debería acogerse por las partes integralmente, sin antes abordar el intercambio de opiniones. Después difundieron la mentira, de que mientras él aceptaba sin objeciones las recomendaciones, las FARC-EP las rechazaban totalmente. Además, Pastrana afirmaba de manera desafiante que disponía de unas fuerzas militares preparadas para la guerra, con inmensos recursos provenientes del Plan Colombia, para garantizar su capacidad, en caso de que las FARC se negaran a hacer gestos unilaterales de paz. A las anteriores amenazas se sumaron una serie de presiones contra la zona desmilitarizada, los Diálogos y las FARC-EP; luego vinieron los hechos del 11 de septiembre, en EE.UU, con lo que el gobierno y la oligarquía pensaron que había llegado el momento de presionar a las FARC, para obligarlas a hacer concesiones de principios o responsables de la ruptura de las conversaciones. Las FARC-EP no se dejaron provocar.

Pastrana, lo mismo que los gobernantes que le antecedieron, exigió desarrollar las conversaciones en medio del conflicto, sin embargo, el 20 de febrero de este año, determinó la ruptura definitiva de las conversaciones y la cancelación de la Zona Desmilitarizada, tomando como motivo el desvío de un avión y la retención de un congresista. Además, durante el proceso de conversaciones el propio Pastrana, en foros nacionales e internacionales, defendió el carácter político de las FARC y apenas rompió los diálogos convirtió por arte de magia, a las mismas FARC en "terroristas"; como si el carácter de la organización dependiera de su estado emocional, y no de 38 años de lucha política-militar por conquistar cambios en las estructuras del Estado y en las esferas políticas, económicas y sociales de Colombia.