DERECHOS HUMANOS
Y EL PUEBLO MAPUCHE

La realidad es concreta. Ni el presidente Lagos, ni los mandos castrenses, menos el Cardenal y el Presidente de la Corte Suprema han tenido participación positiva en el desarrollo de los procesos judiciales que acercan a la Verdad y a la ilusión de Justicia. Al contrario, a través de operaciones como el montaje de la llamada "mesa de diálogo", las "misas de reconciliación", los informes manipulados de las FF.AA, las justificaciones falaces de venales jueces y los discursos exculpatorios de Lagos han tratado de frenar ese desarrollo.

Hace un año Pinochet regresaba de su prisión en Londres, liberado por las maniobras del pinochetismo y del gobierno. Tal hecho no fue una contribución a la Justicia. Sin embargo, apenas llegó el tirano los abogados de DD.HH, no los de la "mesa de diálogo", solicitaron el desafuero del ex dictador. Sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago primero y de la Corte Suprema después, sellaron la suerte de Pinochet. Ni las presiones del gobierno contra el juez Guzmán, ni las maniobras castrenses, de la derecha y de los grupos económicos pudieron impedirlo. 

Posteriormente el dictador fue procesado y detenido, después de demostrarse que no está loco. Otros procesos por crímenes contra la Humanidad, como la Operación Albania y el asesinato de Tucapel Jiménez, igualmente avanzaron. En su progreso nada tiene que ver el gobierno de la Concertación. Por lo cual, cuando el ministro del Interior, José Miguel Insulza (PS) llama a no presentar querellas por torturas o Lagos respalda a las FF.AA. en el juicio que se sigue a sus mandos por obstrucción a la Justicia, ¿cómo puede alguien sostener que el gobierno de la Concertación ha ayudado en esta lucha? Lo cierto es que el gobierno de Lagos ha traicionado abiertamente la exigencia de sus propios partidarios, y sus promesas electorales. Pero, ello no es todo. Un balance de la política aplicada por el gobierno de la Concertación en relación al pueblo mapuche arroja resultados sólo comparables al período dictatorial.

EL CAPATAZ DEL FUNDO

Al cumplirse un año del gobierno, aparece nítido el compromiso entre la Concertación y las grandes empresas forestales, energéticas y turísticas que operan en territorio mapuche. Al gobierno le interesa imponer sus objetivos económicos: afianzar y desarrollar las inversiones en esa zona para favorecer a los grupos económicos. Apropiarse del territorio mapuche e invertir a gran escala, no son decisiones exclusivas de Lagos. Tienen su origen en el período dictatorial. El objetivo fundamental de la dictadura no fue sólo destruir el proceso de cambios del gobierno de Allenda, mediante la represión al movimiento popular, sino también refundar el capitalismo en Chile. Para eso necesitaba las grandes extensiones de tierras que hoy están en disputa entre las comunidades mapuche y las empresas forestales y energéticas.

Para el "gran proyecto" capitalista, del cual el gobierno de la Concertación es simple administrador, es necesario disponer de una la infraestructura material. En tal sentido, la inversión forestal se va a duplicar, de los 2 millones de hás. en dictadura a 4 millones de hás. en la VIII, IX y X Región. Ello requiere vías de comunicación, como la Carretera de la Costa y otras. Más energía eléctrica, por eso se construyó Pangue, se construye Ralco y se tiene que hacer 5 centrales hidroeléctricas más.

Los comuneros mapuches afirman que Lagos es un mero "capataz de fundo"; los dueños son Matte, Luksic, Larraín, Angelini, etc. Con razón se afirma que tales los mandamases de los grupos económicos son "los generales civiles del golpe". Alrededor de 300 ejecutados y detenidos desaparecidos son mapuches. Los responsables civiles de crímenes de lesa humanidad son los que han lucrado. Sus grandes consorcios se oponen y enfrentan al movimiento mapuche, con el apoyo del gobierno de la Concertación. En efecto, el gobierno de Lagos pretende desarticular la organización del pueblo mapuche. Trata de aislar a sus sectores más avanzados, generando iniciativas económicas, culturales y políticas. Procede a la entrega de minúsculos predios, apoya diversas iniciativas, coopta organizaciones; y generando algunas instancias de supuesto diálogo, como la Comisión de Verdad Histórica, trata de proyectar una apariencia de cambio, de atender y solucionar los problemas. Comunicacionalmente se han manejado bien. Ha logrado influir en algunas organizaciones comunitarias para que apoyen sus planes. Al mismo tiempo, ha buscado la desmovilización mapuche, porque consideran al conflicto planteado, con el de DD.HH., como los más importantes. Le han dedicado una significativa atención política. Incluso, Camilo Escalona (PS, consejero "social" de Lagos), viajó a Chiapas para conocer los mecanismos institucionales con que pretende el gobierno mexicano desactivar ese conflicto. Además, han destinado "manipuladores" de primer nivel hacia las zonas de conflicto. Sus objetivos son lograr una "salida institucional" al conflicto mapuche, dentro del marco neoliberal, legal e institucional, heredado de la dictadura.

AUMENTO DE LA REPRESION

A pesar de tal importante esfuerzo, el conflicto no ha disminuido. Abarca un conjunto de comunidades que supera el que conforman la Coordinadora Arauco-Malleco. Mediante la represión ha intentado neutralizar las movilizaciones mapuches. Se busca así privar al movimiento de su principal herramienta para desarrollarse política, orgánica y cuantitativamente. Los estrategas del oficialismo están conscientes de que es la movilización reivindicativa de los mapuches la que ha generado el nuevo cuadro político y proceso de lucha, no la entrega de petitorios en burocráticas oficinas estales. La represión y la militarización de las zonas cumple ese objetivo. En el año de gobierno de Lagos se ha fortalecido la presencia y acción represiva policial. Se han instalado nuevos cuarteles en los predios de las forestales; helicópteros de Forestal Mininco transportan policias, se realizan operativos conjuntos de personal de seguridad de las empresas y de Carabineros. Es decir, existe una concomitancia de agentes del Estado y de los grupos económicos para cautelar mal habidos intereses privados. Se ha reconocido oficialmente que hay "trabajo de inteligencia". Es una red que no tiene sólo el objetivo detener las movilizaciones sino preveer también los futuros escenarios de lucha. Por lo tanto, tratan de neutralizar y, no cabe duda, de aniquilar a aquellos sectores que se propongan una confrontación abierta, tanto contra los intereses económicos privados como con el Estado, por su carácter opresor.

Como producto de la represión se han intensificado las violaciones a los DD.HH del pueblo originario. Han permanecido 60 mapuche encarcelados, 25 o más heridos, una decena de niños menores de 14 años. Uno de los último hecho se registra en el asalto a la comunidad Pascual Coña (VIII Región), donde carabineros ingresó a una casa disparando, lanzando lacrimógenas. Había menores de edad (entre 6 meses y 12 años). Una niña fue herida con una granada lacrimógena en el Fundo El Carmen; otro niño, en las cercanías de Temuco, por defender a su madre fue brutalmente pateado por Carabineros. No se aprecian diferencias notables con lo ocurrido en dictadura. Las decisiones del gobierno han significado un incremento de la represión en las comunidades en lucha. Al lograr detener temporalmente algunos conflictos, ha cautelado los intereses de los grupos económicos del sector. Ante la represión, Elba Santis, comunera y esposa del lonko de la comunidad, dice: "Queremos vivir tranquilos pero no nos vamos a vender. Otra gente recibe plata de algunos proyectos y nosotros recibimos los palos. Total para nosotros está más que claro que este gobierno es una dictadura que ha heredado todo lo de Pinochet, la represión y el apoyo a los ricos".

POLITICAS DE USURPACION DE TIERRAS

El movimiento mapuche ha pasado de una "reivindicación de tierras" a una una fase de lucha por el control territorial, que debiera generar las bases para, adquirir grados de "autonomía". Esto ha sido negado por el gobierno al afirmar: "aquí se va a discutir cualquier cosa con los mapuches, y lo que no se va a discutir nunca y es totalmente inviable es un proyecto de autonomía territorial". Si se avanza en esa dirección, que es probable, dado que tal demanda es enarbolado actualmente por un 50 ó 60% del pueblo mapuche, se puede preveer una confrontación política, porque cuestionan las bases de un Estado que oprime y les niega como nación. El proceso apunta en tal dirección. En territorio mapuche existe violencia y racismo, discriminación y pobreza que se contradice con afirmaciones de voceros del oficialismo que hablan de modernidad, desarrollo y democracia. En territorio mapuche, tanto particulares como el Estado, han implementado políticas de usurpación que han reducido a niveles inhumanos la existencia al pueblo. Los ejemplos son muchos. En el caso de Lleu-Lleu, de acuerdo a títulos de merced existentes (no considerando usurpaciones anteriores), 120 hectáreas pertenecen a la comunidad Pascual Coña. En la actualidad tan sólo poseen 50 hectáreas. Las restantes están en poder de Oscar Carvajal, empresario que pretende construir un complejo turístico en el lago Lleu-Lleu. Mientras éste posee una hacienda con lujosas instalaciones y todo tipo de comodidades, los comuneros subsisten miserablemente de los magros frutos de una o dos hectáreas de tierra por familia. Tal ejemplo señala también la causa de un conflicto entre la comunidad que intenta recuperar tierras usurpadas y el Estado, que mediante la policial y jueces venales, ejecuta una brutal represión de connotaciones racistas.

A fines de enero, con el pretexto de detener a gente que quemara pastizales en la hacienda Lleu-Lleu, la policía asaltó la casa de Avelino Meñaco, lonko de la comunidad Pascual Coña, que relata lo ocurrido: "llegaron disparando bombas y balines por todas partes, la casa está llena de impactos de bala y sangre en el piso y partes quemadas por las bombas. Nos quebraron los vidrios y golpearon a todo el mundo. Los pacos dicen que detuvieron a gente en la hacienda y que jamás entraron a la casa. Eso es mentira, porque a todos los peñi los detuvieron aquí mismo, en mi casa; incluso a Manuel Fren, lonko de Cuyinco, y al peñi Jaime Cona, los sacaron de otra casa, ni siquiera estaban aquí. Esto era una humareda donde no se veía nada, los pacos no respetaron a nadie, golpearon y trataron como perros a hombres, mujeres y niños. Golpearon a los niños que gritaban y lloraban asustados, porque se habían tratado de encerrar en una pieza, pero igual el humo de las bombas les llegaba. A una guagüita de como ocho meses la tuvimos que sacar casi muerta, afixiada".

Unos 200 carabineros conviertieron su casa en un campo de batalla. No respetaron nada, ni a los niños. Héctor Llaintul, asistente social, al que acusan de ser "comandante" guerrillero, trató de defender a los niños y le dispararon a quemarropa en la cara y en el pecho, como también a Abraham Santi, que fue herido con balines en el ojo derecho y perdió la vista. Avelino Meñaco denuncia :"El es estudiante de topografía y toda su vida va a cambiar ahora por la violencia de los carabineros. ¿Eso para el Estado no es maldad?. Nos acusan de "terroristas" y nadie le dice nada a los pacos que nos golpean, nos balean, nos humillan y nos quitan lo poco que tenemos. Nos robaron plata y hasta las herramientas se robaron para después decir que esas son armas que nosotros tenemos".

QUE SE VAYA EL HUINKA

Los mapuche, que no eran más de 25, también se defendieron. Nadie puede permanecer indiferente ante la violencia de carabineros y porque se han convencido que sólo organizándose y luchando pueden lograr algo, ante las tácticas dilatorias y falaces del gobierno que sólo busca manipular a las comunidades menos conscientes y reprimiendo a las que se les enfrentan con demandas que van más allá de tierras que les han sido usurpadas y se plantean demandas de pueblo. En tal determinación no piensan retroceder. El lonko Avelino Meñaco dice: "sería muy fácil venderse por un par de hectáreas, pero no se trata de eso, aquí se trata de luchar como pueblo, de recuperar nuestro territorio, nuestra libertad. Se aprovechan de la pobreza del mapuche para comprar a algunos. Un saco de abono, un rollo de alambre y quédate tranquilo le dice el gobierno a algunos peñi, y algunas comunidades les creen y dejan la lucha. No se dan cuenta que muy pronto se les va a acabar el abono y se les va a terminar el rollo de alambre y después ¿qué van a hacer? Aquí a alguna gente le ofrecieron tierra en Pelaco, cerca de Cañete, lejos de aquí, y varias familias aceptaron, pero ¿por qué me voy a ir yo de acá si son las tierras de mis antepasados? ¡Que se vaya el huinka!"

Los usurpadores no se va a ir, no devolverán lo robado, salvo que el pueblo mapuche eleve su lucha y organización, dado que siempre el discurso de sectores políticos oportunistas y las políticas implementadas por el Estado han tenido como objetivo la destrucción física y cultural de los mapuche. El senador Sergio Diez, brazo derecho de Pinochet durante la dictadura, ha sido claro al respecto: "no se trata de desarraigar a los mapuche, sino de incorporarlos a la modernidad". Pero el concepto de modernidad de Diez es bastante reaccionario, ya que ni Chile es moderno con más de 3 millones de pobres, ni la incorporación del pueblo mapuche significa otra cosa más que la asimilación a la sociedad chilena, negando sus derechos como nación. Es decir, continuar con la misma situación que se remonta a los orígenes del Estado-nación chileno. Por ello, la ley indígena de 1993 desconoce la calidad de pueblo originario de los mapuche, negándosele así el derecho político a organizarse como nación en un territorio propio. En consecuencia, el gobierno ha actuado con violencia para reprimir cualquier brote de lucha autonomista. Al respecto, José Miguel Insulza, ha dicho que el gobierno "no va a dialogar con los grupos que ejercen la violencia", refiriéndose a la Coordinadora Arauko-Malleko. Sin embargo, dialoga con las FF.AA que ejercieron la violencia terrorista contra el pueblo chileno durante 17 años y las defiende cuando organizaciones de DD.HH presentan una querella contra los comandantes en jefe de las instituciones armadas por obstrucción a la justicia. Los mapuche sólo se defienden de la ferocidad del Estado chileno y sus agentes, que gritaban enardecidos "indio raza maldita a ustedes los vamos a matar a todos" mientras asaltaban una humilde casa de la comunidad Pascual Coña.

Los mapuche saben que el gobierno y sus funcionarios de la CONADI, los empresarios y la policía buscan engañarlos o reprimirlos. La ministra de Mideplan, Alejandra Krauss (DC), afirma: "con calma se logró la democracia en Chile y estoy segura que de la misma manera, y a través del diálogo, buscaremos los mejores mecanismos para solucionar el problema mapuche". Falaz interpretación. La democracia en Chile no se logró con "calma" sino que con la lucha de millares, así como de muchos mapuche que fueron asesinados por militares y terratenientes. Los mismos que hoy llaman a organizar bandas paramilitares para defender sus intereses económicos. Pero el pueblo mapuche no tiene miedo. No teme a la lucha y por ello continuará su política de recuperación de las tierras usurpadas y por el derecho a la autonomía.