ndecencia?
¿Cinismo? ¿Perversión? ¿Cómo
calificar la actitud de los Gobiernos europeos, sorprendidos en flagrante
delito de complicidad con servicios de inteligencia extranjeros en el
secuestro clandestino de decenas de sospechosos arrastrados hacia
prisiones secretas y entregados a la tortura? ¿Podemos imaginar más
flagrante violación de los derechos de la persona humana, cometida por
Estados que no dejan de pregonar su apego a la ley?
Dos
acontecimientos recientes son testimonio de la esquizofrenia reinante. En
primer lugar, el 7 de febrero último en París, la solemne firma, por la
mayor parte de los Gobiernos europeos, de la Convención de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) contra las "desapariciones forzadas"
(1), que criminaliza el uso de las prisiones secretas. Y luego, el
14 de febrero, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, la aprobación de
un informe que acusa a esos mismos Gobiernos de complicidad con la Central
Intelligence Agency (CIA) estadounidense, en operaciones de secuestros
clandestinos.
Según ese informe (2), entre 2001 y 2005, los aviones de
la CIA hicieron no menos de 1.245 escalas en aeropuertos europeos,
llevando con frecuencia a bordo a sospechosos víctimas de "desapariciones
forzadas", conducidos clandestinamente hacia la cárcel ilegal de
Guantánamo o hacia prisiones de países cómplices (Egipto o Marruecos),
donde la tortura es una práctica habitual.
Desde entonces es evidente
que los Gobiernos europeos no ignoran nada acerca de la naturaleza
criminal de esos vuelos secretos. Por otra parte, algunos de ellos no se
limitaron solamente a cerrar los ojos. Polonia y Rumanía, por ejemplo, son
particularmente sospechosos de haber organizado en su territorio "pequeños
Guantánamos" donde eran encarceladas, a la espera de su traslado
definitivo, personas secuestradas en Pakistán, Afganistán u otros lugares.
Se presume que el Gobierno británico participó en el secuestro de
sospechosos y en su maltrato. Lo mismo que los Gobiernos sueco y
austríaco. En cuanto a las autoridades alemanas, se las acusa, entre otras
cosas, de "no haber ignorado" el secuestro de uno de sus residentes, de
origen libanés, Jaled El-Masri, que fue trasladado a Afganistán y
torturado. Los servicios secretos italianos, por su parte, están acusados
de haber ayudado a agentes de la CIA a secuestrar clandestinamente en
Milán al imán Osama Mustafá Hasan Naser, llamado "Abu Omar", y de
trasladarlo a Egipto, a un calabozo de la prisión Al Tora, en el sur de El
Cairo, donde habría de ser torturado y violado (3).
Queda claro que
esta masiva violación de los derechos humanos no pudo perpetrarse sin que
los servicios del Representante de la Política Exterior y de Seguridad
Común de la Unión Europea, Javier Solana, así como los de su colaborador,
el coordinador europeo de la lucha antiterrorista, Giis de Vries, hayan
tenido conocimiento. De Vries, en un gesto elocuente, optó por renunciar a
su cargo: "Los Estados democráticos -advirtió- deben librar su combate
antiterrorista en el marco del respeto de las leyes (...). La acumulación
de malos tratos en Abu Ghraib, los abusos de Guantánamo y los secuestros
de la CIA han socavado la credibilidad de Estados Unidos y de Europa" (4).
Dirigentes o ejecutores, todos aquellos que han participado en esos
secuestros deben temer a la justicia. Y meditar sobre el destino de María
Estela Martínez, llamada "Isabelita Perón", ex presidenta de Argentina, un
país donde en nombre del antiterrorismo las autoridades practicaron
masivamente secuestros políticos. Acaba de ser detenida en Madrid, acusada
de la "desaparición forzada" del estudiante Héctor Faguetti, en febrero de
1976, hace treinta y un años... La justicia es lenta, pero debe ser
inexorable.
Notas: (1) La Convención Internacional
para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, fue
firmada por alrededor de sesenta países, entre ellos Chile, Argentina y
Uruguay, pero no Estados Unidos. Al menos veinte Estados tendrán que
ratificarla para que entre en vigencia.
(2)
www.europarl.europa.eu
(3) El pasado 16 de febrero, un tribunal de Milán inició un procedimiento
judicial contra veintiséis agentes estadounidenses de la CIA y seis
miembros de los servicios secretos italianos acusados de haber organizado
en febrero de 2003 la "desaparición forzada" del imán Abu Omar.
(4)
El País , Madrid, 17 de febrero de 2007.
Ignacio Ramonet - rodelu.net