José Antonio Vera |
29 de mayo de 2008
|
Paraguay
La diferencia es ideológica
José Antonio Vera
Fernando Lugo presumiblemente jamás imaginó en qué barco se embarcaba cuando abandonó su obispado del misérrimo Departamento de San Pedro, en el nororiente paraguayo, para encabezar una alianza popular política que, en menos de año y medio lo catapultó a la Presidencia de la República, que el 15 de agosto asumirá, consagrando un hecho sin precedentes de rebeldía eclesiástica y social, con abandono de la sotana para entrar en una lid electoral en un escenario de total inmoralidad. Casi como el ingreso de una virgen en un prostíbulo. Para volverse loco.
Antes de formarse la multicolor e ideológicamente heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio, el entonces Obispo, dio una respuesta realista a quienes, desde los movimientos populares, intentaban convencerlo de que había llegado la hora de entrar en la vida política activa. Desde el lado que miro, manifestó, sólo veo piletas vacías y no soy masoquista.
Sin dejar de tentarle la idea de encontrar un espacio más amplio y más libre que el del púlpito, para luchar por la justicia social y la reconstrucción del país, Lugo ayudó a que la idea tomara cuerpo y, como la piscina comenzaba a recibir un poco de agua y el religioso apreciaba el gesto, personalidades independientes y dirigentes de partidos políticos también decidieron sumarse a la aventura.
Acostumbrado, por más de un cuarto de siglo, al contacto directo con familias campesinas humildes, de poco hablar, entre las cuales los ojos son los órganos que más trasmiten sentimientos e ideas, Lugo llegó a preguntarse y así lo manifestó, si esa nueva oferta no representaría una licuadora en la que podía terminar fusionado. Visionario?.
Trabaja cada día más, sin pausa. Tiene que armar su equipo con pocos jugadores de primera, para asumir en menos de tres meses. Por ahora sólo tiene dos Ministros designados y declara que es libre de escoger a sus colaboradores y que hay áreas que se ha reservado para gente de su absoluta confianza. Al mismo tiempo, soporta una avalancha de candidatos, producto del cuoteo que pretenden sus laderos, en particular la principal fuerza electoral, el Partido Liberal Radical Auténtico.
“Con 82 por ciento de los votos que dieron el triunfo a Lugo, pienso que tenemos derechos ganados, pero estamos lejos de reclamar nada”, dice a destiempo y en forma sibilina el médico Federico Franco, Vice de Lugo y Presidente Liberal, cuya postura es calificada de políticamente torpe por dirigentes de dos corrientes internas de su partido, conscientes de que la victoria electoral los salvó de un grave desprestigio y de una decadencia militante que conducía a una inminente implosión orgánica.
Además de esa alusión al deseo de ocupar una importante parcela del nuevo gobierno, que contrasta con el clima de concordia que pide una población harta de la politiquería, el Presidente Liberal también ya incurrió en otra muy visible diferencia con Lugo en el tema de la tenencia de la tierra, lo cual lo dejó fuera del primer taller que convocó el futuro mandatario con delegados de organizaciones de campesinos sin tierra, expertos nacionales y extranjeros y representantes del empresariado.
Frente a una ola de intentos de ocupaciones de tierra, por familias del campesinado pobre, y de la reacción de los grandes propietarios sojeros y ganaderos, amenazando con un enfrentamiento armado entre los labriegos y las guardias privadas, en particular de los patrones brasiguayos, Lugo intenta apaciguar los ánimos y reafirma que defenderá la propiedad privada pero también los derechos de quienes no tienen propiedad.
“La ocupación es el último recurso, la última estrategia” reclama el Presidente electo a los campesinos, pero paralelamente el Vice Franco declara que está contra todo tipo de ocupación de tierra, porque “la propiedad privada es sagrada”, aunque se ignore su origen y el daño social que ocasiona en la humillación del labriego, desocupado porque la producción de soja y carne no requiere mucho personal y las pocas personas empleadas perciben salarios de hambre, alrededor de 20 dólares mensuales.
La postura de Franco es coherente con los postulados del liberalismo de Ricardo y Smith desde finales del siglo XVII y la de Lugo expresa consecuencia con la teología de la liberación, lo cual marca una diferencia ideológica enorme, muy difícil de ignorar, que no es nueva, conocida antes de conformarse la Alianza Patriótica, cuya exigencia electoralista hizo lo suyo, pues ambos bandos se necesitaban para ganar.
Unión no es fusión. El desafío irá creciendo a medida que se aproxime el 15 de agosto, aparezcan los nombres de los titulares de las distintas carteras, y los conflictos sociales se agudicen. Mucho dependerá de la actitud y de la aptitud de la dirigencia liberal, para despojarse del egoísmo y la confusión partidaria, mirando con algo de generosidad y espíritu unitario el vasto y aún neblinoso horizonte nacional.
Similares contradicciones internas arrastra el Partido Colorado, con un siglo y cuarto de vida, igual que su adversario, y con los últimos 60 años al frente de un Estado prisionero, que culminaron con la derrota del 20 de abril, consecuencia de la corrupción interna, del caudillismo autoritario, formador de grupos que se repartieron el país a su antojo, sin idea ni interés en diseñar un proyecto de nación, sensible a los problemas de la mayoría del pueblo, cada día más empobrecido.
Nicanor Duarte Frutos, Jefe de Estado y Presidente del Partido, sin ejercer por impugnación de buen número de correligionarios, está apareciendo como el chivo espiatorio de esa decadencia. Elegido Senador, algunos sectores internos y de la oposición, anuncian que se opondrán a su investidura el uno de julio.
Lo acusan, con razón aunque sin moral, de violar la Constitución Nacional, que el exhombre fuerte colorado pisoteó cuantas veces se le ocurrió, con la anuencia de todos. El asunto recuerda al ladrón que gritaba “al ladrón, al ladrón”, para que persiguieran a otro, mientras él seguía robando.
En contra de la ley fundamental, que prohibe la acumulación de funciones, Duarte Frutos se hizo elegir Presidente del Partido, con el amén mayoritario, estando al frente del Estado, reincidió al encabezar la campaña en las elecciones internas de su candidata la exMinistra de Educación Blanca Ovelar, otra vez al erguirse como jefe de propaganda en las presidenciales y, de nuevo, al presentarse para el Senado, siendo que la carta magna reserva una banca vitalicia a todo mandatario.
Por último, cometerá otra falta grave al renunciar el 23 de junio, como lo anunció, para poder instalarse en el Senado una semana después y recuperar la jefatura del partido. Fue electo hasta el 15 de agosto. Su mayor urgencia es la de protegerse ante la amenaza de despojarlo de los fueros parlamentarios y juzgarlo por enriquecimiento ilícito. Del árbol caído es fácil hacer leña.
Infame acaparamiento de la tierra
Con 400 mil kilómetros cuadrados de superficie y seis millones de habitantes, de los cuales la mayor parte de un tercio emigró a Argentina y España, Paraguay figura entre los diez países más pobres del mundo, en manos de una poderosa clase de multimillonarios cuya fortuna en su mayoría es producto del contrabando, del narcotráfico, el autotráfico, el bebetráfico, la trata de blancas, el nepotismo, el prebendarismo y otros ilícitos.
Frente a ellos, 300 mil familias, carentes de los recursos más elementales para gozar del bienestar que merece todo ser humano, se movilizan desde hace años reclamando un pedazo de tierra para levantar su rancho. En los últimos meses, han intensificado la ocupación de propiedades, fiscales en algunos casos, que los grandes propietarios han anexado corriendo las alambradas, con la complicidad de los organismos del Estado.
Menos del 10 por ciento del total de la población, detenta el 80 por ciento de la superficie rural, con o sin título de propiedad o con documentos apócrifos en muchos casos, producto de las regalías de la tiranía estronista, en una operación que, en el paroxismo del cinismo y la hipocresía, dirigentes del derrotado Partido Colorado, persisten en calificar de reforma agraria.
Lugo ya ordenó elaborar un catastro nacional en el más breve tiempo, con el propósito de definir el origen de esas propiedades y reconocer la documentación que sea auténtica a los efectos de comenzar a normalizar los títulos rurales y urbanos, cuya posesión encierra una de las más infames expresiones de delincuencia institucionalizada.
El tema de la reforma agraria, prometida por Lugo en la campaña electoral, por convicción propia y en lealtad a las reivindicaciones de un siglo de los campesinos sin tierra y de los indígenas expulsados de su terruño por los grandes empresarios sojeros, figura en prioridad en el programa de gobierno, pero faltaría mucha fundamentación en la elaboración de los varios preproyectos que andan en danza desde hace años, reflejo de la improvisación y de la copia mecanicista de experiencias ajenas.
También hay diferencia conceptual
La nueva situación política, inusualmente movediza, que expresa hambre de justicia social y deseo de combatir la vieja corrupción institucional, nos recuerda la abismal diferencia conceptual que, en ocasiones, encierran palabras que se escriben y suenan casi iguales, como son inmunidad e impunidad, por ejemplo, en una discordancia casi desapercibida en la práctica diaria por el grueso de la población. Empero, distintos signos indican que, a nivel subjetivo, se estarían procesando cambios interesantes que podrían ayudar a entender mejor tal paronimia.
La inconciencia general frente a la divergencia entre esas dos palabras, quedó en masiva evidencia en el seno de los sectores políticos, de los medios de comunicación e incluso en el mundillo universitario, hace unos cinco años cuando ingresó al país un contingente militar de Estados Unidos, “con la misión de ofrecer servicios sociales, como la construcción de cloacas en la campaña, o atender algunos centros de salud precarios”, cuyos integrantes fueron beneficiados por un acuerdo intergubernamental que acordaba extraordinaria inmunidad diplomática a esos uniformados extranjeros.
Por ese convenio, ante cualquier delito cometido en Paraguay por un soldado visitante, el Poder Judicial nacional estaba excluído de la más mínima intervención y el acusado, si era que sus superiores lo consideraban necesario, sólo podía ser transferido a algún tribunal de su país, único reducto jurídico admitido por el acuerdo bilateral, para examinar su caso que, según versiones no confirmadas, produjo algunas escenas de prepotencia y hasta el asesinato de un indígena.
Esa inmunidad, esa defensa, esa coraza otorgada al norteamericano uniformado, a poco de andar, se convirtió en impunidad total, porque los beneméritos de la paz mundial se sintieron habilitados por ley para cometer cualquier tropelía en los pueblos donde sentaron su omnipotencia, sellando su predominio de experimentado ocupante, sin ninguna repercusión de prensa, ni denuncias de las aterrorizadas víctimas, ni la menor reacción de alguna autoridad de gobierno. Poco tiempo después de asumir la presidencia, Nicanor Duarte Frutos, se negó ha renovar el acuerdo.
Inmunidad e impunidad
parecidas pero no iguales
Aunque hay males que parecen eternos, la conducta humana a veces logra disminuir el efecto de algunos, como ocurre con el renovado Paraguay de este momento, con más personas cada día concientes de que el triunfo electoral del exObispo, significa una oportunidad histórica para producir una participación popular dinámica que impulse una transformación de la caótica situación política, económica, social y cultural del país.
Que no es lo mismo inmunidad que impunidad, buena parte de la población empieza a verificarlo ante el penoso espectáculo que ofrecen dirigentes del coloradismo, mayoría choqueados por el estrepitoso fracaso electoral, o de la vicepresidencial cúpula liberal o jerarcas de empresas públicas o privadas, de cuyos fatos administrativos se comienza a conocer algo, o de organizaciones de tanta honorabilidad aparente como es la masonería o entre las abundantes sectas religiosas que, con diferentes rótulos pero similares objetivos, operan en el país en constante aumento y en intensa intromisión en la vida de las familias más humildes, a las cuales llegan a prestarles algún dinero como forma de condicionarlas a su causa.
El extrovertido y verborrágico Senador Juan Carlos Galaverna, siempre en primera fila desde hace casi veinte años en el mediocre escenario político nacional, junto a Duarte Frutos, constituyen la prueba principal de que no existe sinonimia entre inmunidad e impunidad. Palabras parecidas, parónimas, pero diferentes en definitiva.
Galaverna, inmune hasta ahora, acaba de recibir una suspensión de dos meses, sin goce de sueldo, que votaron oportunistamente sus cómplices de la Cámara de Senadores por haber declarado públicamente, en diciembre último, en plena campaña de las internas coloradas, que en 1992 violó la constitución, al conducir un fraude electoral y que, “para salvar al partido y al país”, está dispuesto a repetir la operación ilícita.
Electo para un nuevo período, Galaverna debe asumir su banca el uno de julio, pero la sanción termina el 22, es decir que en ese momento todavía estaría purgando la pena. Ello seguramente abrirá una nueva polémica, dado que debe estar fuera de la cámara en esa fecha. Se valdrá de alguna chicana jurídica o de un recurso de amparo a los efectos de poder jurar?. ¿Qué salida le encontrarán al problema?. ¿Asumirá su suplente?. A juicio del reputado jurista Gustavo Benítez, correspondería resolver el caso a la misma Cámara de Senadores que lo penalizó.
Visto por muchos como el verdadero patrón del partido hasta hace pocos meses, dueño de una oratoria avasallante, inescrupuloso, con mucha habilidad en las negociaciones interparlamentarias, profundo conocedor de los nombres de la delincuencia de cuello blanco y de un lenguaje frontal y soez, Galaverna provocó en 1999 un recordado roce diplomático con Montevideo y mucha irritación entre gobiernos de países vecinos.
En su calidad de Presidente del Senado, fungió unos días de Jefe de Estado en ausencia de Luis González Machi y aprovechó el puesto para atacar con fuertes calificativos a las autoridades del gobierno uruguayo de entonces, por acoger a colaboradores del requerido General Lino Oviedo, quien había escapado a Argentina tras provocar un estallido social que terminó con el asesinato del Vicepresidente Luis María Argaña y de ocho jóvenes defensores de la democracia, en plena plaza del parlamento.
El martes último, en una intervención de más de una hora en la cámara alta, y dando nombres y apellidos, Galaverna acusó a varios colegas, que apoyaron su suspensión, de cínicos, hipócritas, delincuentes, contrabandistas y estafadores al fisco. “Ninguno de los presentes ignoró, en ese momento, lo que pasó y lo apoyaron, mi pecado es haberlo asumido”, afirmó algo nervioso y menos soberbio.
De origen muy humilde, que nunca ocultó, e incansablemente trabajador, Galaverna se envició con los privilegios del poder, al punto de ridiculizar la ceremonia inaugural del Palacio del Congreso otorgando a uno de sus hijos, un desconocido, sin mérito político ni cívico, la misión de cortar la cinta, en presencia de invitados extranjeros y numerosas personalidades nacionales con méritos sobrados para cumplir tan solemne acto.
Galaverna figura desde hace algún tiempo entre los grandes ricos del país, estatus que estimuló más aún sus exabruptos. En plena campaña electoral, cuando veía claramente que Lugo podía ganar, intentó ganar adeptos entre el lumpaje y los sectores más atrasados culturalmente, recurriendo al insulto y llegó a decir, por una emisora capitalina, en un programa de lenguaje pornográfico, que el exObispo era un hijo de puta narcoguerrillero. Exhibía gala de una impunidad que lo hacía sentirse intocable. Un padrino, un señor feudal, envidiado y adulado, ahora en caída.
Actitud similar, aunque con inferior capacidad y audacia, han tenido por décadas numerosos dirigentes políticos paraguayos, entre los colorados y también entre los liberales, además de algunos de la izquierda y varios dirigentes sindicales, por autoritarios y oportunistas, los cuales, advertidos de que nuevos vientos soplan en el país, que podrían anticipar la llegada de cambios importantes en las relaciones del poder con el pueblo, empiezan a mostrarse nerviosos, inquietos e inseguros. Andan presurosos detrás de algunas estratagemas que les permitan blanquearse.
La explicación de esa inestabilidad generalizada radica en que muchas personas, estimuladas por el triunfo de Lugo, han comenzado a denunciar en voz alta cosas que el pueblo, reprimido, siempre comentó en voz baja. La prensa, feliz por tanta colaboración gratuita, llena sus primeras planas a diario con lo que ya sabía pero que, cómplice en gran parte con los ilícitos, difundía apenas en un tercio o con un titular llamativo, para vender más pero sin profundizar en la investigación.
¿La ignorancia
produce la avaricia o viene de atrás?
Una fuerte oleada de denuncias sindica como cabezas de las numerosas redes delictivas desde el actual Presidente hasta sus Secretarios de Estado, Intendentes, parlamentarios de diverso pelaje, gerentes de organismos descentralizados, administradores municipales, empresarios privados, abastecedores de leche y galletas para los colegios públicos, laboratorios vinculados con el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social, jerarcas policiales y militares, responsables de la enseñanza y directores de las poderosas represas binacionales de Itaipú y Yaciretá.
El cooperativismo paraguayo, omnipresente en gran parte de la economía familiar, constituye otro escenario amenazado por el juicio popular, que ya provocó la intervención judicial de la cooperativa policial, donde se estaría verificando un faltante multimillonario, que anticiparía procesos similares en otras “empresas de servicio social solidario”, rótulo desmentido en la práctica diaria, porque la mayoría son simples bancos de segundo piso.
Con unos 800 mil socios y el 38 por ciento del ahorro nacional aproximadamente, la mayor parte de esas empresas cooperativas, se han transformado en agencias financieras cuya función principal es el préstamo de dinero a sus socios, dobles víctimas de la usura porque, a diferencia de un banco cualquiera, en su cooperativa, además de los intereses, paga una cuota mensual, sin la cual no tiene derecho a recibir “los beneficios de la solidaridad”.
El mito menonita
Los ilícitos también tienen actores destacados entre las decenas de sectas religiosas que operan en el país, entre las cuales son relevantes las cooperativas menonitas, exclusivas y excluyentes, integradas solamente por familias de ese tronco religioso disidente, nacido en el siglo XVII en la frontera holandesa-alemana, cuyo inspirador anabaptista habría sido, alrededor de 1525, el reformista suizo Zwingh.
Con 80 años de puritana residencia en Paraguay, conformarían una población de unas 30 mil personas, con alto nivel económico, que continúan considerándose extranjeros y viven marginados de la población y cultura nacionales. Hablan el alemán y hasta el dialecto plattdeutsch del siglo XVI.
Provenientes en su mayoría de la Unión Soviética, llegaron en 1927 y el gobierno liberal de entonces los instaló en el inhóspito Chaco, “el infierno verde”, con escasez de agua y temperaturas de 45 grados centígrados, que colonizaron a un alto precio en sacrificios y pérdidas de vidas, alrededor del 10 por ciento de los primeros llegados.
Su ejemplo de eficacia laboral, les fue granjeando dádivas estatales que usufructúan hasta ahora, mejoradas ostensiblemente por el tiránico General Alfredo Stroessner (1954/89), admirador por ideología y origen familiar de todo lo alemán, incluyendo al nazismo y a su lider Adolfo Hitler.
La colectividad menonita representa el sector económico más pujante del país y, beneficiados con muchos privilegios fiscales, se han convertido en un pequeño Estado al interior del Estado paraguayo, con escuelas, hospitales, leyes y cárceles propias y la mejor infraesctructura de servicios generales de todo el país. Lenta y disciplinadamente han ido acumulando inmensas extensiones de tierra y conformando grupos financieros poderosos. El 80 por ciento de la producción láctea paraguaya sale de sus colonias, que exportan importantes cantidades de carne vacuna a varios países.
Comenzaron a incursionar en la vida política nacional en los últimos años, al interior de partidos conservadores de conformación empresarial. Con la llegada a la presidencia de Duarte Frutos y, por vecindades religiosas, en particular con su esposa Gloria Penayo, algunos representantes menonitas han ido ocupando puestos relevantes en el Ejecutivo, pero uno, nombrado Viceministro de Hacienda debió renunciar al comprobarse que había presentado un título universitario falso y otro, que fungió de consejero económico del mandatario, también generó descrédito a la mítica imagen de honestidad que aparenta esa población.
Indigenas y cooperativismo
igualmente sacrificados
Entre los factores que comienzan a afectar el mito de honradez y equidad menonita destaca su praxis violatoria de los principios filosóficos del cooperativismo al construir una sociedad elitista, cerrada, suspendida en el tiempo en sus hábitos más simples, xenófoba, con grandes diferencias de ingresos económicos, que van desde poderosas familias muy adineradas, con intereses en Estados Unidos y Europa, a un proletariado que, bien asalariado, no deja de marcar una nítida diferencia de clases sociales sellada en nombre de la igualdad entre los socios, a quienes se les prohíbe consumir alcohol y contraer matrimonio con personas del exterior a sus colonias.
Bajo un régimen de explotación, los menonitas emplean unos 25 mil indígenas en sus inmensos establecimientos lecheros y agrícolas, en otro ejemplo más de impunidad que pasa desapercibida porque ahí el nativo es víctima de una situación menos penosa que la que mantiene un Estado que jamás se ha ocupado de combatir la dramática miseria de los 100 mil miembros de las 17 etnias que sobreviven.
Tras la victoria electoral de Lugo, en las últimas semanas han llegado a Asunción algunos delegados de las familias aborígenes para reunirse con el presidente electo, quien les ha reiterado que los problemas de la población autóctona constituye una prioridad en su programa del gobierno que comenzará el 15 de agosto.
Pornografia en el parlamento
y logias salpicadas
La amoralidad en la cima del poder llega a tal punto que varios parlamentarios intentan justificarse frente a las fotografías de prensa que los muestran mirando video pornos en buena parte de las plenarias, en uso de computadoras portátiles donadas por Japón “para ayudar a mejorar el trabajo parlamentario”. Entre esos impresentables representantes del pueblo destacan algunos del Partido Liberal, cuyo presidente, Federico Franco, es vice de Lugo, número dos del futuro Ejecutivo Nacional.
Un alto porcentaje de empresarios fuertes integra la cámara alta. Formados en el estronismo, carecen de escrúpulos y, ejercicio tras ejercicio, compran su banca para asegurarse inmunidad frente a cualquier intento de sentarlos ante los tribunales que deberían impartir justicia. A fuerza de oficio, también gozan de impunidad.
Esos elegidos usufructúan de toda la infraesctructura del palacio legislativo, junto con enormes beneficios económicos que suman salarios mensuales de unos cinco mil dólares, dietas a discreción, el sueldo de secretarias y franquicias para sus importaciones y abastecimiento ilimitado de combustible para uso personal.
El salario mínimo en Paraguay es de 300 dólares pero apenas lo cobra el 15 por ciento de los trabajadores que, además, representan apenas un tercio de la población adulta habilitada para producir. Entre el 85 por ciento restante, los sueldos van desde 20 dólares por mes en el campo, a 50/80 las domésticas, y a unos 150 los empleados en talleres. El sector informal, la venta callejera en especial, es el que ocupa más gente.
El Fiscal de Delitos Económicos, Arnaldo Giussio inició esta semana una investigación a altos funcionarios de la Municipalidad de Asunción, acusados de sobornar a empleados de menor jerarquía, a quienes obligan a entregarles la mitad de su sueldo para mantenerles el empleo.
En esa misma institución, el magistrado descubrió que equipos de aire acondicionado y numerosos muebles fueron trasladados mucho tiempo atrás a un local de la masonería, cuyo portero cobra su sueldo en el gobierno comunal, donde fungen de Abogados Externos dos miembros de esa cofradía, en manifiesta expresión de la decrepitud moral que caracteriza al grueso del tejido social e institucional paraguayo.
29 de mayo de 2008
José Antonio Vera
Periodista uruguayo radicado en Paraguay
jvsolmar@yahoo.es
|
