El punto que más críticas ha recibido la conformación de su gabinete, tiene que ver con el incumplimiento por Lugo, quizás el primero, de su compromiso público de excluir como candidatos de su gobierno a todas las personas que hubieran sido electas al parlamento, tanto en diputados, senadores o en el Parlasur. Hasta pocas semanas atrás, enfatizó que el voto de la ciudadanía debe respetarse y quienes salieran electos deberían atenerse a cumplir esa misión.

Ello no ha sido así, porque en la conformación del futuro Ejecutivo figuran cuatro electos el 20 de abril, dos para la cámara alta, uno en diputados y otro para el cónclave regional. La decisión de Lugo, quien reitera que es el único responsable en la designación de sus ministros, alimenta el viejo vicio del cuoteo partidario, uno de los forúnculos de la hedionda política nacional.

La explicación dada por el nuevo mandatario es que los desafíos nacionales reclaman la constitución de un gabinete técnico que sea sólido y eficaz, y que haga de la honestidad uno de los pilares de la conducta de la futura administración nacional. Segundo desliz porque varios de los designados jamás han incursionado en la tarea encomendada, además de ofrecer pocas garantías la moralidad personal de algunos.

Un solo ministerio para dos carteras

La vieja estructura de dos carteras en un solo ministerio, como ocurre también con Justicia y Trabajo y con Salud y Bienestar Social, es resultado de la insensibilidad política que ha primado en el último medio siglo y uno de los muchos presentes griegos que recibe Lugo, pero el mantenerlos puede constituir un nuevo traspiés que requeriría atención especial, dado que es inmenso el paquete de problemas que se verifican en todos esos rubros, hermanados pero diferentes

La constitución del futuro Ejecutivo ha provocado una inmediata y airada protesta de importantes sectores sindicales. Organizaciones campesinas rechazan al nuevo titular de ganadería y agricultura, el Abogado Cándido Vera Bejarano, electo para el Parlasur, y la Central Nacional de Trabajadores, a Blas Llano, Diputado por tercer período, designado en Justicia y Trabajo, ambos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal fuerza electoral de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC).

Contra todas las declaraciones del Vicepresidente Federico Franco, designado cabeza del PLRA hace pocos meses, en el sentido de que la relación con Lugo es perfecta, de total acuerdo y confianza, son muchos los signos que indican roces importantes y algunos entredichos, casi todos generados por la pretensión liberal de ocupar el máximo de cargos ministeriales, “en base al derecho proporcional de los votos”, aspiración que lograron satisfacer sólo parcialmente. Van por más, y lo han dicho.

Lugo ha respondido siempre a la prensa que “yo soy el Presidente y soy quien nombra a los Ministros”, dando la sensación de que se movía con suficiente autoridad y con absoluta facultad de decisión, rasgo apreciado por una opinión pública harta de los negociados entre gallos y medianoche, en los que la aspiración de bienestar del pueblo nunca ha figurado en las agendas.

Luis Aguayo, del Movimiento de Coordinación Nacional de las Organizaciones Campesinas (MCNOC), se mostró contrario al nombramiento de Vera Bejarano, “un desconocedor de la problemática campesina”, a pesar de haber nacido en el campo y comenzar su enriquecimiento personal con la explotación de la madera, en el misérrimo Departamento de San Pedro, donde Lugo desarrolló la mayor parte de su obispado.

En Paraguay, entre los políticos, es característica saliente que muchos se presenten como profesionales universitarios, mayoría licenciados en Derecho, y también como campesinos, con el deliberado doble propósito de autopromoción y confundirse con el pueblo humilde y trabajador. La Fiscalía investiga más de dos mil títulos universitarios falsos, con los que ya han sido descubiertos altos jerarcas del gobierno saliente.

Esa falsificación de documentos responde a la necesidad de mitigar la desconfianza permanente que subsiste acerca de la autenticidad de los propietarios rurales y de la titularidad de cientos, en muchos casos miles de hectáreas, producto de negociados originados durante los 35 años de la tiranía del General Alfredo Stroessner (1954/89) y su Instituto de Bienestar Rural, el tristemente recordado IBR, liderado por Juan Manuel Frutos, “papacito”, miembro de la Secta Moon y una de las cabezas de la Acción Anticomunista Continental.

Cándido no es candidez
ni conciliación es justicia

Vera Bejarano dice que una de sus prioridades es conciliar a los propietarios rurales con los campesinos, pero no explica cómo y, dado que no se le conoce dotes de prestidigitador, para que, al menos, pueda engañar a alguien, la propuesta semeja una infantilidad y un intento insensato e irresponsable de ganar tiempo ante los trabajadores de la tierra, tanto los asalariados como los productores, en particular pequeños y medianos y los desocupados y campesinos sin tierra.

El 90 por ciento de la superficie cultivable de los 400 mil kilómetros cuadrados del territorio paraguayo, está en manos de menos del 10 por ciento de la población, que oscila en un total de seis millones, de los cuales, 300 mil familias, un tercio de ese total, carece de los más elementales medios de una subsistencia decorosa.

Los expertos más optimistas hablan de dos millones de habitantes que sobreviven con menos de dos dólares diarios. En el campo, hay salarios de 20 dólares mensuales y, en muchos casos, perdura el régimen de los mensú, cuyas víctimas, en especial los aborígenes, apenas tocan algunas galletas viejas, mendrugos de fideos y harapos por vestimenta. Escuela y servicios de salud son algo tan lejano como las rutas transitables.

En esas condiciones, hablar de conciliación aparece como burlesco. Por un lado, una patronal habituada a convivir y a resolver los conflictos sociales con un poder corrupto y represivo y, por otro, una masa campesina siempre marginada e indefensa para negociar sus derechos laborales, víctima del prebendarismo y sometida por un autoritarismo medular del sistema estronista.

La patronal rural paraguaya cuenta con un buen porcentaje de referentes cuya legitimidad de títulos de propiedad está bajo sospecha, que quizás podría investigarse con la confección del Catastro Nacional que Lugo ha prometido, para esclarecer la autenticidad de los documentos en circulación. El IBR, bajo el pomposo rótulo de reforma agraria, distribuyó durante medio siglo miles de hectáreas entre los amigos de Stroessner y sus herederos biológicos, políticos y bancarios.

Una opinión que se desliza entre expertos en el tema rural paraguayo, economistas y sociólogos consultados y que activaron a favor de la APC, es que no es precisamente producto de la candidez la actitud de Cándido Vera Bejarano, sino que obedece a una línea política de una derecha moderada que estaría instalada en el nuevo Ejecutivo.

Las excepciones, lógica en una coalición heterogénea, serían las de Miguel López Perito, Secretario General del Gobierno, y los titulares de Salud, Esperanza Martínez, de Exteriores, Milda Rivarola e Interior, Rafael Filizzola.

Este último, electo Senador por el minúsculo Partido Demócrata Popular, a caído en una zancadilla hecha a sí mismo y a la Alianza, al verse obligado por ley a renunciar a su banca en beneficio del Partido Colorado, debido a que su suplente no fue proclamado por el Tribunal entre los 30 aspirantes a suceder a alguno de los 45 titulares. El resultado final fue de 15 senadores gubernistas contra 14 de la APC. Ahora quedarían en 16 y 13. En diputados, la diferencia es de uno a favor de los colorados.

20 de junio de 2008